Encabezada por miembros de la conducción nacional de la CTA y representantes porteños y bonaerenses de la misma, una nutrida columna de manifestantes llegó al mediodía a las puertas de la Casa de la Provincia de Neuquén para solidarizarse con los trabajadores de la Central que serían enjuiciados esa misma mañana en la capital neuquina.

Mientras la noticia de la ausencia de los querellantes inundaba la columna y algunos aplaudían con orgullo, el secretario general de la CTA porteña, Fabio Basteiro, saludaba la presencia de representantes de organismos de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Luego de recordar a Sandra Cabrera, dirigente de AMMAR Rosario, asesinada por la policía el pasado 27 de enero, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, Pablo Micheli, recordó a los trabajadores neuquinos y su historia de lucha contra “el saqueo de Sobisch y Repsol” y afirmó: “nuestros compañeros reaccionaron frente a la violencia. Y los que deberían ser llevados ante el tribunal oral para ser metidos presos son ellos, los querellantes, y también Sobisch, responsable de entregar el patrimonio de los argentinos. Ellos deberían estar en el banquillo y no nuestros compañeros por cortar rutas o por pelear”.

“Deberían estar enjuiciados los que mataron al Oso Cisneros en La Boca, los que asesinaron a Maxi y a Darío en el Puente Pueyrredón, deberían estar en la cárcel y con cadena perpetua los responsables de la muerte de nuestros hijos, no los compañeros que luchan”, enfatizó Micheli y agregó: “No puede ser que en Argentina sea más importante el derecho a circular que el derecho a comer. La protesta se acabará con distribución justa de la riqueza, con el desprocesamiento de todos los luchadores y con el fin de la impunidad para que haya juicio y castigo a todos los culpables del asesinato de los que pelean por otra Argentina”.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la CTA Nacional, Ricardo Peidro, recordó que “Neuquén es un caso paradigmático, porque desde 1998 hasta hoy hay 1.550 compañeros procesados”. El dirigente remarcó que la Central recuerda y apoya la política de Derechos Humanos del Gobierno nacional en muchos aspectos, pero también recordó que “una verdadera política integral de Derechos Humanos no puede olvidar que hay 5.000 trabajadores que luchan para oponerse a este modelo y están procesados y que no puede ser que queden impunes los crímenes de Cabrera o Cisneros”.

Más tarde la marcha comenzó su camino hacia la Secretaría de Derechos Humanos de la nación, donde una delegación de la Central sería recibida por su titular, Eduardo Luis Duhalde. La columna recorrió las calles del microcentro y llegó a la intersección de Corrientes y 25 de mayo para culminar la jornada con otro acto.

Hugo Yasky, secretario general de la CTERA y miembro de la conducción nacional de la Central, fue el primer orador. “Hoy estamos iniciando un camino de movilización y de lucha que tiene un objetivo fundamental: garantizar el respeto a las luchas de aquellos que peleamos contra el hambre, la desocupación y la injusticia en todas sus formas”, exclamó el dirigente docente y denunció que “pretender aplicar la mano dura para la protesta social es una forma de garantizar que la injusticia siga impune”.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV-CTA), Jorge Santucho, dijo sentirse orgulloso por “los compañeros que hoy están siendo procesados por pelear por los que menos tienen” y agregó: “Tenemos que exigir cada uno de nosotros, en cada rincón del país, que se termine con esta injusticia. Porque violar los derechos humanos también es la falta de comida, la falta de trabajo, de educación y de una vivienda digna”.

Finalmente, el secretario gremial de la CTA, Víctor Mendibil, informó que luego del acto una delegación de la Central sería recibida por Duhalde y que allí se entregaría un documento acerca del avance de la criminalización y de la necesidad de impulsar el desprocesamiento urgente de todos aquellos que en el país están siendo perseguidos por la justicia. “No nos olvidamos de las muertes de Víctor Choque o Teresa Rodríguez. Y tampoco de Ojeda y Escobar en el Puente de Corrientes. Tampoco están detenidos o presos los que mataron a los más de 30 compañeros el 19 y 20 de diciembre de 2001. Esos son los que tendrían que estar procesados y detenidos, porque son asesinos”.

“Los trabajadores y el pueblo estamos en la calle porque queremos vivir en una sociedad sin impunidad, en una sociedad democrática con trabajo y futuro para todos los argentinos. Por eso ratificamos hoy la profundización del plan de acción para que no haya ningún compañero procesado, despenalización de la protesta y libertad a todos los compañeros presos”, concluyó Mendibil.

El documento

Durante el encuentro con el secretario de Derechos Humanos de la nación, Eduardo Luis Duhalde, la delegación de la Central presentó un exhaustivo informe acerca de los casos y procesos que en distintas provincias se llevan adelante contra trabajadores y dirigentes sindicales. La información, que aún está siendo volcada a partir de los informes enviados por los representantes jurídicos de la CTA de cada provincia, es muestra del avance en la criminalización de la protesta y expresa que será necesario impulsar acciones o leyes que permitan el desprocesamiento de miles que hoy están siendo juzgados.

“Por lo expuesto, que sólo representa una reducida muestra de todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del país, es que se hace imperioso, como parte de una política integral de derechos humanos: El desprocesamiento inmediato de todos aquellos que lucharon y luchan por trabajo y dignidad, contra el hambre, la desocupación y el saqueo del país; La libertad de los detenidos; y no ceder a la presión de los que pretenden llevar a tribunales penales todo conflicto o protesta social, lucha gremial, estudiantil o vecinal como una herramienta más de control social, no teniendo límites, incluso, en perseguir y atentar, como aquí se denuncia, contra los militantes populares”, concluye el documento que ya está en manos de las autoridades del Gobierno nacional.

Para bajar

Documento por el desprocesamiento presentado al secretario de Derechos Humanos (formato Word)