Se trata de un paso trascendente hacia la democratización de la justicia en una provincia donde el sobischismo había nombrado en los más altos peldaños del Poder Judicial a magistrados ideológicamente afines.

Cabe destacar la notable significación de la movilización pública neuquina –a través del SEJUN, filial de la Federación Judicial Argentina- que en los últimos cinco meses reclamó la remoción de esos jueces y su juicio político. En esta lucha por terminar con una justicia adicta y funcional al poder político y económico de Neuquén, jugaron un destacadísimo papel la CTA, el SEJUN y los docentes de ATEN.

Hubo indignación entre los trabajadores judiciales, los docentes y la ciudadanía neuquina en general cuando trascendieron las groseras maniobras de miembros del alto tribunal para evitar que fuera procesado el ex gobernador Jorge Sobich en la causa por el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, hace poco más de un año.

En ese marco comenzó una campaña de recolección de firmas y movilizaciones para que se remueva a la Corte provincial y se democratice la labor del Poder Judicial. En la Legislatura se presentaron nueve pedidos de juicio político a esos jueces.

Precisamente, un día antes de conocerse el decreto del gobernador neuquino, el SEJUN se había entrevistado con el Ministro de Gobierno para hacerle entrega de una propuesta para abrir a la participación del pueblo la designación de los altos magistrados. Y fue en esa dirección el decreto oficial.

Nuestra FJA-CTA viene sosteniendo desde 1994 qué se deben establecer mecanismos qué garanticen la participación del conjunto de nuestro pueblo en el proceso de selección de los magistrados a nivel nacional y provincial.

Así, junto a la CTA, logramos qué el Consejo de la Magistratura de Chubut recepcionara con rango constitucional esta iniciativa. En Santa Cruz se implementó la participación de los trabajadores judiciales en el Consejo local. En Entre Ríos se dio un paso adelante en el mismo sentido y, hoy está consolidada la selección de magistrados con amplia participación de la comunidad.

El decreto 222 del Presidente Nestor Kirchner institucionalizó nuestro requerimiento de qué también los integrantes del más Alto Tribunal de Justicia de la Nación debían ser acompañados por el consenso expreso de los ciudadanos y de las distintas organizaciones que representan el pensamiento democrático de los argentinos.

El accionar inclaudicable del SEJUN y la CTA ha logrado qué en Neuquén se profundice está iniciativa qué sostenemos a nivel nacional, avanzándose también en el pedido de juicio político sobre miembros del STJ por haber asumido conductas violatorias, a nuestro criterio, de la Constitución nacional y provincial; dos de ellos ya han renunciado, ratificando con su conducta la solidez de los fundamentos del pedido de juicio político promovido por el SEJUN y ATEN.

La conquista lograda es un hito fundamental en la democratización del Estado nacional y provincial, especialmente teniendo en cuenta qué el Poder Judicial es aún reservorio de prácticas cuasifeudales, por lo que el decreto del gobernador Elías Sapag del 22 de abril de 2008 nos alienta a seguir luchando para qué en todas las provincias se institucionalicen procedimientos similares: la lucha, por lo tanto, continúa.