La decisión favorece a los que más ganan (S.T.J., magistrados y funcionarios) y excluye a los trabajadores. Las medidas comenzaron hoy viernes 2 de mayo con retenciones de servicio de 2 horas, para continuar durante la semana próxima con asambleas de 2 horas lunes y martes y un Paro con Movilización el miércoles 7 de mayo.

En un documento publicado ayer el gremio de los judiciales entrerrianos asevera:

"A contramano de todos los discursos políticos actuales, y desconociendo más de cuarenta años de vigencia del sistema Porcentual con Enganche para el cálculo de los haberes del Poder Judicial, el Gobernador acaba de pactar, con un S.T.J. cada vez más poblado de referentes partidarios del gobierno actual, el privilegio y la discriminación dentro de los salarios judiciales.

El Decreto 2053, que otorga un 30 % a los vocales del S.T.J. y del 20 % a demás jueces y funcionarios, se burla impiadosamente, ya no solamente de la comunidad judicial sino, de la sociedad entrerriana. Solamente la subestimación de la inteligencia del pueblo y la impunidad de quienes se consideran intocables puede conducir a la pretensión de “esconder” un real aumento salarial, detrás del ropaje de una “incompatibilidad para ejercer el comercio”.

Ante la inmediata reacción de los trabajadores, tanto el Gobierno como el máximo referente del S.T.J. han apelado a la verdad a medias que, en este caso, es una mentira completa.

El reclamo de fondo de los trabajadores judiciales formulado con mayor fuerza a finales del año 2007 con un plan de lucha que se suspendió a principios del corriente, contenía sustancialmente recuperar el equilibrio interno de los haberes dentro del Poder Judicial que se había alterado en 1992 mediante otro pacto entre el Superior Tribunal de Justicia y el gobierno de turno en aquel momento. Este equilibrio solamente se logra en plenitud si los porcentajes que le corresponden a cada categoría de nuestro escalafón se calculan tomando como base el 100 % de los haberes de un vocal del S.T.J., sin trampas, sin distorsiones, sin mentiras.

El inicio de la solución fue la promesa de un proyecto de ley que avance en ese sentido y que, sin llegar al 100 %, llevaría la base de cálculo del 70 % al 87,5 % (recién desde 2010).

El Decreto 2053 hace estallar por los aires tanto el espíritu como el sentido de aquella solución: con su aplicación, aquella base de cálculo cae, del 70 % actualmente vigente, al 40 %. Se trata de un virtual desenganche. Se trata de una nueva estafa a la buena fe. Se trata de un nuevo retroceso para los trabajadores. Se trata de una burla a la inteligencia y a las necesidades de la sociedad entrerriana.

Si es malo y falso el instrumento (un decreto que pretende ir por sobre una ley), es aún peor el recurso discursivo para justificarlo: la verdad a medias que esconde una mentira completa.

Los trabajadores judiciales no podemos callar, y el único ámbito donde nuestra voz será escuchada es la calle. Han sido burladas nuestras convicciones más profundas, pues la defensa al concepto integral del salario judicial, sin diferencias ni privilegios han sido siempre nuestras banderas gremiales más preciadas y las que han servido para mantener un eje común: lo que se otorga a unos se otorga para todos de acuerdo a una escala justa.

En un día cargado de significados como es el 1º de Mayo, y en un mes que sintetiza una manera de pararse frente a lo injusto, frente al imperio de la fuerza ilegítima, los trabajadores volvemos a la calle para exigir el respeto a nuestra dignidad que nunca jamás fue un regalo del poder".

En tanto, el 9 de mayo en Mar del Plata

Los judiciales debatirán su plan de lucha

Mientras espera la convocatoria para comenzar las negociaciones, la Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense (FJA-CTA) se reunirá para debatir cómo sigue el plan de lucha. Repudio a la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata.

Después de la masiva protesta del 30 de abril pasado, el gremio judicial espera el llamado de las autoridades para avanzar en las negociaciones que permitan la recuperación de la porcentualidad y avanzar en el convenio colectivo de trabajo.

"El Gobierno y la Corte deberían tomar nota de lo sucedido el miércoles pasado, donde quedó en evidencia la bronca y la voluntad de lucha de los trabajadores judiciales", sostuvo Hugo Blasco, titular de la AJB, quien anunció además que "el viernes próximo, la Comisión Directiva Provincial definirá cómo sigue el plan de lucha si no hay avances concretos".

También sumó elementos a la bronca judicial la resolución de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata, quien hizo lugar a la apelación presentada por la Fiscalía de Estado contra la sentencia que declaró ilegítimos los descuentos por los días de paro y las acordadas de la Corte que cercenan el derecho de huelga.

"Los jueces de la Cámara Contencioso Administrativo demostraron, una vez más, que son funcionales a la Corte, ya que no solo reproducen sus argumentos, sino que hicieron lugar a la apelación justo antes del paro del miércoles pasado", denunció Blasco.

Cada vez que intervino en el juicio, la Cámara falló contra las resoluciones que tanto el juez Arias como Rezzónico adoptaron en favor de los trabajadores judiciales. Ahora la AJB recurrir á la decisión y se deberá formar una Corte de conjueces para que decida.