La denuncia, firmada por Ricardo Baradel, secretario general de SUTEBA y secretario adjunto de la CTA bonaerense, destaca lo ocurrido el 17 de abril de 2008, cuando los trabajadores de la textil Mafissa, en la localidad de Olmos de la ciudad de La Plata, fueron reprimidos por orden del Juzgado N. 2 a cargo del juez Cesar Melazo, quien ordenó el desalojo de la planta.

Irrumpieron en el lugar -informa la CTA-unos 400 efectivos de la bonaerense, que con balas de goma y gases lacrimógenos apuntaron a los cuerpos de los obreros.
Los uniformados -agrega- actuaron con excesiva brutalidad, invocando órdenes judiciales, pero sin la presencia del Juez ni Fiscal que supuestamente dictaron el desalojo de los trabajadores, quienes reclamaban su justo derecho de que la empresa cumpla la orden judicial de reincorporación de los trabajadores despedidos.

La represión se desencadenó un día después que el juez Rubén Arias, por medio de una medida cautelar, ordenara la reincorporación de los 103 trabajadores despedidos en noviembre de 2007. Arias dispuso la orden de acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Provincial 15 días atrás.

La empresa debía reincorporar al personal, pagar los salarios caídos desde la protesta obrera iniciada en enero y poner en funcionamiento la fábrica..
Pero -informa la CTA- en lugar de presenciar el cumplimiento de esta orden judicial, los trabajadores vieron llegar a Lisandro Olmos un enorme operativo policial que incluía a la Policía Bonaerense , Gendarmería, Infantería y hasta helicópteros.

Este hecho –señala la denuncia- se suma a repetidas represiones que sufrimos los trabajadores y organismos de derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires.
En este sentido, la CTA señala:

1) La represión en Mar del Plata de trabajadores del frigorífico de pollos propiedad de Supermercados Toledo, que realizaban una medida de fuerza.
Como consecuencia, 11 trabajadores fueron heridos, de los cuales 9 debieron ser internados en el Hospital Interzonal de Agudos y 2 fueron derivados a clínicas privadas. El trabajador que se encuentra en estado más grave es José Lago, quien fue atropellado por un caballo de la policía y sufrió un traumatismo de cráneo.

2) El 1 de abril, un grupo de 5 jóvenes militantes de la CTA fueron detenidos en La Plata por policías cuando realizaban pintadas en memoria de los caidos en la guerra de Malvinas.

3) El jueves 10 de abril, un grupo de familiares y organismos de derechos humanos fueron reprimidos en los Tribunales de San MartÍn cuando repudiaban a Luis Patti. Un joven de 23 años fue herido y debió ser hospitalizado. Asimismo, la letrada Ana Claudia Oberón, abogada de HIJOS, recibió golpes de Itaka en la cabeza de parte de los uniformados.
La CTA repudió en un documento todos y cada uno de estos lamentables episodios de represión a los trabajadores, que se vienen reiterando –dice- con alarmante frecuencia en las últimas semanas.
Por eso –subraya- , decimos y exigimos a la Justicia y las autoridades gubernamentales:
Nunca más represión a los trabajadores que luchan por sus derechos y su fuente de trabajo.
A la lista de atropellos, desde la Federación Judicial Argentina podemos añadir múltiples casos de altos magistrados que últimamente han dictado fallos atentatorios al derecho de los trabajadores y a la Constitución.
Días atrás, por ejemplo, se conoció el fallo de la Cámara Contenciosa de La Plata, que avaló los descuentos a los trabajadores judiciales en los haberes por los días de huelga no trabajados ante la negativa de las autoridades a aplicar expresas normas de la Constitución. Casos más graves aún han sucedido en La Rioja, Corrientes, Neuquén y otras provincias.
Precisamente, días atrás, Víctor Mendibil, co-secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA) e integrante de la Mesa Nacional de la CTA, denunció la presencia de numerosos jueces e integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias que son cómplices de la impunidad y resultan hoy uno de los más serios obstáculos para la democratización del Poder Judicial y de la Nación.
En tal sentido, la FJA, que nuclea a 30.000 trabajadores de los tribunales en todo el país, reclama la remoción de esos jueces de mentalidad represora y neoliberal, y lleva adelante una campaña nacional por la democratización del Poder Judicial.