El texto del pronunciamiento es el siguiente:

"La Constitución no es una ley más, es la Carta Magna del orden jurídico institucional de un Estado porque define los Derechos, Obligaciones y Garantías para todos los ciudadanos, así como para los gobernantes. Es necesario que pueda pensarse colectivamente en el proyecto de provincia que queremos para el futuro y no solo en las necesidades inmediatas.

En este sentido es que la CTA de Paraná realizó una Jornada denominada “Sin Consenso no hay reforma, escribamos la Constitución que queremos"; con el desarrollo de un posterior trabajo en comisiones, con el aporte de Compañeros/as Trabajadores/as de la Central y profesionales.

Considerando que es nuestro compromiso como trabajadores/as proyectar el legado que dejaremos a generaciones que vendrán, lo que requiere compromiso, participación y consenso.

En este marco hacemos llegar a Uds. aportes que surgen del mencionado encuentro y del trabajo en Comisiones en relación a temas habilitados por la Ley de Reforma. Nº 9.768...

I - DERECHOS SOCIALES

Los ciudadanos debemos acceder al ejercicio de los derechos sociales fundamentales para el desarrollo en condiciones de igualdad y dignidad de los sujetos. La ciudadanía tiene que ver con el ejercicio del derecho a la vida, al trabajo, a la salud, la educación, a la vivienda, a la recreación, al disfrute de la riqueza socialmente producida, al estar protegido ante contingencias, a la seguridad social por el solo hecho de ser parte de esta sociedad.

Hoy la Constitución existe, letra muerta o no, y mediante el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil puede ir otorgándosele vida a ella. El hecho de contar con garantías constitucionales otorga herramientas para la exigibilidad del cumplimiento de nuestros derechos.

El Estado Argentino a pesar de algunos avances, no ha tocado aún ninguno de los intereses ni de los privilegios de los grupos de poder que continúan determinando quienes ganan y quiénes pierden. A pesar de la recuperación económica del país, del superhabit fiscal; la distribución de la riqueza sigue en manos de los grandes grupos concentrados, los trabajadores, los desocupados estamos ausentes en esa desigualitaria distribución.

El Trabajo ha representado siempre la vía de integración social por excelencia, la sociedad salarial que otrora posibilitaba un sistema de protección social vía salario no se ha recompuesto. El desempleo ha bajado pero sigue siendo alto, al igual que el trabajo en negro y la precarización laboral. Lo que deja a un gran sector de la población desprotegida y vulnerable.

Situación que solo se revertirá cuando se deje de privilegiar el sistema capitalista donde el mercado se convierte en el actor principal regulador de las relaciones sociales, es el Estado quién debe cumplir este rol y ser garante del bien común.

El Estado debe generar políticas universales integrales y en igualdad de oportunidades para la inclusión social de todos los ciudadanos.
En este contexto el trabajo, la educación, la salud son fundamentales en el tratamiento de la Reforma Constitucional:

A) TRABAJO

El Trabajo es un derecho y un deber social, es el medio legítimo e indispensable para satisfacer necesidades espirituales y materiales de las personas y de la comunidad. El Trabajo es el mecanismo por excelencia para la distribución de la riqueza. Cuando existe empleo y salarios dignos, los trabajadores pueden participar en mayor medida de la riqueza que se produce en el país, sobre todo de los ingresos. El Trabajo es la llave para generar gran cantidad de procesos de satisfacción de necesidades y ejercicio de derechos.

El Estado Argentino que adhiere a las Recomendaciones y forma parte de la OIT, debe profundizar las resoluciones emanadas de dicho organismo. Dichas Recomendaciones, Tratados Internacionales y la Constitución Nacional integran el primer estamento en la pirámide jurídica.

En materia de derechos de los trabajadores, salud, CCT y libertad sindical existe una clara evidencia de los avances que se han producido desde la creación de este organismo internacional. Es por ello que nuestra Constitución Provincial debe contemplar está pirámide jurídica y las garantías del nuevo mundo laboral que propugna el trabajo decente, el no trabajo en negro, la no precarización laboral, la no explotación del trabajo infantil y el trabajo esclavo. Y una seguridad social que contenga no solamente a los trabajadores formales sino a aquellos que hoy subsisten en la informalidad. Un salario real es decir el valor real de los ingresos de una familia, del dinero de bolsillo, sus ahorros y patrimonio en relación a los precios y al costo de vida.

Para ello se deben garantizar políticas universales que promuevan la generación de ingresos, consumo, poder adquisitivo y mercado interno; calidad de empleo; organización de los trabajadores; capacitación y formación de empleo.

En materia de libertad sindical el Estado Provincial en consonancia con los Tratados Internacionales firmados por el Estado Argentino debe garantizar la plena libertad y democracia sindical en cuanto a la organización de los trabajadores.

El Estado deberá garantizar el cumplimiento y contralor de aplicación de las Leyes laborales y CCT vigentes, asegurando condiciones laborales equitativas, dignas y de higiene y seguridad laboral. Jornada laboral máxima de 8 horas, descansos y vacaciones. Salario acorde a la canasta básica familiar, hoy en $3.200, que no deje a nadie por debajo de la línea de pobreza. Asegurar un sistema de seguridad social que contemple el desempleo, casos de accidentes, vejez, como Seguro de Empleo y Formación, Asignación Universal por Hijo, Jubilaciones dignas y no de indigencia, Obra social. Participación de sus propios representantes en la administración de las instituciones de previsión y seguridad social. Protección en caso de despido arbitrario, inembargabilidad de la indemnización laboral.

La Constitución debe garantizar la libre y democrática asociación de los trabajadores en defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales. Ningún representante o dirigente sindical puede ser despedido por razones emergentes del ejercicio de sus funciones. Estabilidad laboral.

En cuanto a los trabajadores docentes garantizar la estabilidad en el empleo. Condiciones laborales dignas. Estructuras edilicias, equipamiento compatibles y en condiciones para desempeñar sus tareas.

Promover la capacitación e investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico, contribuyendo al progreso general de la provincia. Promover la organización académica de la formación articulada con los diferentes sectores del sistema educativo en relación al conocimiento y el seguimiento de las necesidades de la escuela inicial, primaria y media. Democratizar la estructura del CGE fortaleciendo el carácter autónomo del mismo incrementando el número de vocales electos por voto directo de todos los docentes en la actividad, consolidando la matriz legal de la Constitución de 1.933 consagrando esta autonomía y autarquía.

En cuanto a los trabajadores estatales garantizar la estabilidad en el empleo público de carrera. Un régimen jurídico básico en la función pública, contemplando el derecho a la carrera en un escalafón equitativo y a paritarias y convenciones colectivas de trabajo sobre salarios y condiciones laborales. En esto debe comprenderse las condiciones de ingreso, ascensos y promociones los cuáles se producirán por orden de mérito obtenido en base a concursos.

B) SALUD

El Estado Provincial debe definir lineamientos y formulación de políticas públicas que hacen a la organización del sistema sanitario. La relación entre el nivel Central y sus efectores, los modelos de gestión de sus instituciones, las prestaciones a brindar por estas, el modelo de atención sanitario acepta los montos de financiación que cuenta por rentas generales y su redistribución y el sistema de interacción con los subsectores privados y de seguridad social, entre otras cuestiones.

Todo esto determina la alta fragmentación que caracteriza al sistema de salud hoy vigente.

El Estado debe definir la salud como un problema público.

El Estado no ha podido asumir un rol activo y protagónico en la conducción, regulación y redistribución del llamado “mercado de la salud provincial”.

Existen algunas dificultades de las políticas y los servicios de la salud provincial.

El Estado debe implementar un proceso de articulación intersectorial tanto a nivel macro como lo es en el plano de la decisión política de los organismos de gobierno como en el territorial donde se ubican los efectores de salud, espacio de trabajo de las instituciones sanitarias en interacción con los otros sectores y organizaciones del Estado y la comunidad.

Existe una ausencia de participación social y comunitaria en la construcción de políticas públicas y en los procesos de gestión de las instituciones sanitarias; continua una decisión clara de no democratizar la salud y sus instituciones, aspecto clave para la transformación del modelo de atención sanitario y para restablecer, junto a otros sectores estatales y sus instituciones el vínculo Estado-Sociedad necesario para iniciar un genuino proceso de inclusión social.

Las incapacidades manifiestas para asumir el rol de director de los establecimientos asistenciales, sumado al inadecuado marco jurídico de regulación, precarias normas de procedimiento para organizar los procesos de gestión y atención, ausencia de modelos colegiados o de conducción ampliada, debilitamiento del sentido de autoridad, precarización de las condiciones de trabajo entre otros aspectos son determinantes de la baja calidad de gestión en los distintos niveles.

El Estado debe garantizar una regionalización sanitaria para que el sistema de salud funciones como red de servicios. De esta manera lograra eficacia, eficiencia y calidad. Esta no regionalización de la salud dificulta más aún la gestión global de la salud, la totalidad del proceso de atención, la ejecución, monitoreo y evaluación de políticas y programas, el sistema de información y análisis de la situación de salud, implementar ajustes presupuestarios, reconducir las decisiones.

La ausencia de legislación actualizada en salud representa la manera en que se instituye y reproduce el poder del sector: la esencia de pensar y actuar del modelo médico hegemónico centrado en la enfermedad y el hospital reparador asociado al manejo clientelar y de sumisión de la burocracia funcionarial y políticos de turno. El Estado ante esta situación debe ser el garante de un marco jurídico institucional que desarrolle políticas sanitarias que tiendan a fortalecer la salud como derecho social y tendiente a lograr la mayor equidad.

El modelo de atención sanitaria se centra en acciones de reparación del daño (atención de la enfermedad) y en prácticas intramurales (dentro de las instituciones). Esto contradice las elementales premisas y recomendaciones de transformación del sistema sanitario que se constituye teniendo como base de la red de servicios y no como periferia a los centros de salud.

Aún no se ha podido restaurar el debilitamiento del nivel central de salud como rector y conductor sectorial. El Estado debe garantizar el funcionamiento de la Secretaria de Salud como autoridad sanitaria provincial orientando decisiones y recursos en el sentido de alcanzar los objetivos del sector. Se debe restaurar el rol rector del MSAL rediseñando el sistema sanitario sobre los pilares de la equidad, solidaridad y el derecho a la salud con principios federales.

C)EDUCACION

El Estado Provincial tiene la responsabilidad indelegable e intransferible de garantizar la EDUCACIÓN PUBLICA ESTATAL que será gratuita y laica para todos los niveles. Debe conducir una política educativa que asegure con justicia e inclusión social la gratuidad, la igualdad y el acceso a la apropiación de conocimientos con calidad para todos en todos los tramos del sistema.

La garantía de la educación como derecho social se traduce en el acceso, permanencia, reingreso y egreso de todos los ciudadanos de la provincia en el sistema educativo. La educación como derecho social es educación de todos y todas a lo largo de toda la vida y que asume plenamente la función de ser formadora de ciudadanía plena, es decir de sujetos de derechos, de sujetos políticos.

La EDUCACION debe ser garantizada integral y obligatoriamente, hasta su nivel secundario formando a ciudadanos/as y desarrollando todas sus dimensiones incluyendo las abarcadas en el Artículo Nº 14 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño, así como nuestra Constitución Provincial y sus correlativas normas.

Esta formación ciudadana debe estar comprometida con valores eticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto por los derechos humanos, preservación del patrimonio natural y cultural que habilite a todos los ciudadanos para desempeñar roles laborales y sociales.
Asegurar una educación que favorezca la construcción de un pensamiento crítico para la interpelación de la realidad, su comprensión y la construcción de herramientas para incidir y transformarla.

II- RECURSOS NATURALES - MEDIO AMBIENTE

El Estado debe pensar en impulsar y garantizar una propuesta productiva, social y ambiental más responsable, más incluyente, más humana y para todos los ciudadanos.

Hoy la frontera agrícola se expande, empujada por los intereses de las empresas y prácticamente sin control del Estado. Cientos de miles de familias rurales emigran lo que hace que crezca la pobreza, el desempleo y la dependencia de subsidios sociales. Mientras menos de mil personas o grupos económicos poseen un promedio de 35 mil Ha cada uno, existen 137 mil agricultores a quienes solo les tocan 16 Has cada uno, por lo que deben intentar producir en extensiones que no alcanzan la mínima unidad de escala.

Nuestra soberanía alimentaria está en peligro: el 90% de la tierra en nuestro país esta dedicado al monocultivo de exportación y no a satisfacer las necesidades alimentarias. Fue desplazada la lechería, el cultivo del maíz, trigo, lenteja, montes frutales y otros alimentos consumidos por la ciudadanía.

Estamos perdiendo la capacidad de asegurar nuestra alimentación y de decidir que alimentos consumir, que producir, donde vender, es lo que nos lleva a convertirnos en un pueblo esclavo/dependiente.

La Industria de la soja genera solo un puesto de trabajo rural por cada 500 hectáreas sembradas, genera desempleo. Cada 100 argentinos, 27 viven bajo la línea de pobreza y no pueden cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Mientras el negocio de la industria sojera crece también crece el uso a gran escala de tóxicos agrícolas que envenenan nuestras aguas superficiales y subterráneas, erosionan nuestro suelo y contaminan nuestro aire.

Cada hora se talan montes en una superficie que equivale a 40 canchas de futbol. Lo que implica que continuar esta tendencia impuesta por la expansión de la frontera agropecuaria, en 10 años el 70% de nuestro suelo quedará desértico (datos INTA).

Ante esta realidad que afecta a todos los argentinos como si a los ciudadanos entrerrianos, nuestro Estado Nacional y Provincial se deberían preguntar que tipo de desarrollo busca este modelo de producción?, la riqueza y el trabajo para quiénes son?, Que consecuencias tiene para nuestro medio ambiente y la salud de los ciudadanos?, Cuál es el costo que pagamos los ciudadanos con la sojización?.

Este modelo productivo afecta a todos nuestros recursos naturales como tierra, agua, aire, montes. El Estado debe garantizar que nuestros recursos ya que son el soporte para la vida de todos quiénes habitamos esta provincia. Es necesario ampliar y profundizar el acceso a la tierra y los recursos, políticas rurales apropiadas y especificas que se inserten en el modelo productivo, y de país democrático e inclusivo. En un país y provincia productora de alimentos se debe garantizar la producción y el acceso a la alimentación de la población lo que supone promover políticas sobre soberanía alimentaria.

Se debe crear un marco jurídico internacional con leyes de protección de defensas de los montes y bosques con aplicación obligatoria para todos los países Se debe promover un ordenamiento territorial asignando hectáreas para cada uso, a pesar de que el Estado Nacional no tiene ingerencias sobre el patrimonio natural de cada provincia, se deben promover políticas de protección de los montes y bosques nativos. Únicamente con la puesta en práctica de políticas con la aplicación de normas de ordenamiento territorial y con estrictos controles, se podrán proteger y conservar las masas arbóreas existentes, con la realización de un profundo trabajo de concientización socio educativa, procurando el ansiado equilibrio, la armonía que conlleva a una mejor calidad de vida que todos los ciudadanos merecemos.

En síntesis el Estado debe garantizar políticas públicas que consideren de manera general el esquema productivo y el modelo de desarrollo que impliquen un crecimiento sin destrucción de nuestros recursos naturales y con distribución equitativa de las riquezas. Además debe garantizar recuperar nuestros campos y nuestro territorio, recuperar la soberanía sobre nuestros recursos naturales y sobre la forma de producir y comercializar. Garantizar la protección de la salud y la alimentación de todos los ciudadanos. Construir participativamente una política de distribución de la riqueza equitativa y en función de un modelo de desarrollo mas diverso.

III- GENERO

La contrapartida de la distribución de la riqueza es la desigualdad, y la desigualdad, si bien se manifiesta en los salarios, las necesidades básicas y otros aspectos directamente económicos también se muestra o queda oculta en cuestiones que no se ven a simple vista, ni en cifras, ni en los medios, ni en las propuestas. Por ello la perspectiva de género es una lectura que abre nuevos cuestionamientos. Desde la perspectiva de género, la distribución de la riqueza no es solo algo entre pobres y ricos o entre trabajadores y patrones, sino que de manera central es entre varones y mujeres.

A pesar de los grandes avances realizados en las últimas décadas, los derechos de las mujeres siguen siendo vulnerados, no respetados, y muchas veces negados. Se visualizan en diferentes ámbitos como la pareja, la casa, el trabajo, las instituciones, los sindicatos, partidos políticos, etc.

En todos ellos se trata de una cuestión atravesada por el poder. El poder tiene que ver con las posibilidades y oportunidades concretas de las personas de decidir sobre su propia vida y de influir en el futuro de la sociedad.

El Estado debe garantizar que las mujeres no solo pueden decidir sobre su cuerpo sino que además en la sociedad, en sus ámbitos laborales, en la lucha por su salario, por condiciones laborales dignas, en la participación de la toma de decisiones, participación en lugares de coordinación y liderazgo, en acceder en cargos institucionales, sindicales, políticos electorales donde se define el futuro de la sociedad.

La exclusión de las mujeres de la vida política es un componente fuerte de la cultura política de nuestra sociedad y de sus instituciones. Esto se debe garantizar en condiciones de igualdad con los varones.
En este sentido la CTA Paraná y como miembro integrante del Foro por los Derechos de la Mujer adhiere al Proyecto “Derechos de las Mujeres y Equidad de Género”presentado por dicho Foro.

IV- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

Ante la movilización de la sociedad entrerriana y sus organizaciones para evitar el nombramiento arbitrario de magistrados que atentarían contra la independencia y la jerarquización del Poder Judicial, nace a principios del 2.004 el Consejo de la Magistratura. Consejo creado por el Decreto 39 del Poder Ejecutivo, autolimitando sus facultades constitucionales.

La CTA Paraná integra la Asamblea de los Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de la Magistratura, que viene funcionando y garantizando la transparencia en la elección de los jueces. En este sentido la Asamblea ha presentado un Proyecto, al cuál adherimos con el observación que dicho Consejo debería estar integrado además por los trabajadores judiciales.

V – ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Los ciudadanos tenemos el derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada, y oportuna, la misma puede ser requerida a cualquiera de los tres poderes. En este sentido y como miembros integrantes del FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL adherimos al Proyecto de “Acceso a la Información Pública” presentado por dicho Foro de autoría del periodista Londero.

VI – ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Hasta hoy la organización del Estado se encuentra estructurada en Administración Central (tres poderes) y Organismos descentralizados (dependientes del Poder Ejecutivo).
Sólo en estos últimos se ha establecido la incorporación de entidades de la Sociedad Civil, como es el caso de los directorios de IOSPER, IAFAS, Caja de Jubilaciones, CGE; pero sin un poder real de decisión por parte de estas organizaciones y siempre tratando de hacer lo que corresponde al Estado y no es capaz de cumplir.

En la idea de otro Estado, el que necesitamos para la transformación, debemos pensar en la incorporación de una estructura mixta en que las organizaciones sociales tengan competencia en la administración del Estado, es decir participación real y efectiva en las decisiones.

VII – POLITICAS PUBLICAS

Las políticas públicas forman parte de nuestra vida cotidiana. La experiencia de vida en la sociedad de cada ciudadano, cada familia. grupo y comunidad, esta marcada y atravesada por las políticas públicas.

Estas políticas van desde la orientación general de los planes de gobierno, pasando por la política económica y productiva, laboral e impositiva, de educación, salud y vivienda, de comunicación y cultura, hasta las políticas sociales de asistencia y promoción social.
Las políticas públicas son el estado en movimiento y puesto en relación con distintos sectores de la sociedad para la resolución de conflictos y la atención de problemáticas y necesidades de todos y todas.

En la política pública se juega la distribución de la riqueza, los ingresos, las posibilidades de vivir y el poder de decidir el futuro.
En las políticas públicas el Estado entra en relación directa con la sociedad y sus distintos sectores y organizaciones.

Nuestro Estado provincial debe garantizar la participación de las organizaciones sociales en la generación de éstas políticas; política económica general (impositiva, laboral, productiva), políticas de servicios públicos, vivienda, educación, salud e infraestructura (garantizando los derecho sociales), políticas de cultura, comunicación e información, políticas compensatorias en el marco de la inclusión social y de la lucha contra la pobreza, además del cumplimiento y el contralor.

VIII – REFORMA POLÍTICA

Consideramos la urgente necesidad de una reforma en el régimen electoral, con modificaciones que garanticen la institucionalidad y la participación democrática de todos los ciudadanos/as. Para ello es necesario considerar la equidad de género, eliminación de la boleta sábana, procedimiento de tachas y que las elecciones se desarrollen por jurisdicción y ballotagge".