Otra de las situaciones graves que vivimos en la Argentina, producto de la política de globalización y privatización fue y es la extranjerización del patrimonio nacional.

Nadie puede vivir con una cuota de dignidad, si no puede acceder a la electricidad, al agua y al gas y es por eso que dentro y fuera del país, se plantea que la energía es un derecho humano.

Los últimos acontecimientos vividos por Bolivia y la declaración de Evo Morales de que la energía es un derecho humano, confirma que no estamos solos, que formamos parte de una corriente que está más allá de la frontera de nuestro país, en la recuperación no sólo del patrimonio, no solo de la riqueza, sino también en el concepto de que esto es un bien social, es un derecho humano y que pertenecen a los pueblos.

Para poder luchar por la recuperación de la soberanía de la Argentina, que tiene relación directa con el control de los recursos energéticos estratégicos, es de vital importancia que como laburantes, como ciudadanos, como clase trabajadora entendamos que la energía no es un problema de especialistas o de los que saben, la energía es un problema de todos, de cada uno de nosotros, no es una cuestión de carácter secundario, no hay posibilidades de autonomía, de desarrollar proyectos propios si no manejamos la economía. Hay 4 ó 5 grandes empresas que manejan toda la matriz energética, manejan la producción y la exportación, con el agravante de que no invierten, no exploran, de que han depredado nuestros recursos que en su momento fueron descubiertos por YPF y Gas del Estado.

La campaña para el ahorro de energía es correcta, ya que los hidrocarburos tienen tiempo finito, pero esto es como una gota en el desierto, en un esquema de un modelo energético que ha fracasado en toda la línea, ya que la crisis que vivimos es un problema estructural.

Además, existe una contradicción aún más grave, en un país con crisis energética, con programas de control de consumo de energía, hay libre disponibilidad para extraer y exportar petróleo y gas, hay libre disponibilidad de las divisas que provienen de la venta del petróleo, el 70% no pasa por el Banco Central, y aún más grave todavía las empresas extraen ese petróleo a simple declaración jurada, porque no hay un organismo del estado que tenga las condiciones para controlar.

Han transcurrido 14 años de la privatización del gas y todavía el 40% de la población debe utilizar la garrafa de GLP, la misma que en el 2001 valía 9 pesos y hoy vale 37 pesos; con dos agravantes: el primero que la utilizan los sectores más empobrecidos, y el segundo de que construyeron tres gasoductos, no para abastecimiento interno, sino para abastecer a Chile, Brasil y Uruguay. Cuando desde Chile una vez que reciben nuestro gas sin valor agregado lo procesan le agregan valor y lo envían a Canadá y Estados Unidos.

Hay que seguir luchando hasta conseguir que se desarrollen políticas que deroguen los decretos de privatización, que tomen en cuenta a quienes han sido los más perjudicados de estos procesos, los compañeros despedidos de Gas del Estado, YPF, Petroquímica General Mosconi y otras, porque ellos siguen luchando por una propiedad participada que les robaron.

Existen aproximadamente 350 mil metros cúbicos de petróleo, eso significa 2450 millones de barriles de petróleo, bajo el subsuelo. En este momento al precio que se cotiza el petróleo, son 45 mil millones de dólares que si no recuperamos van a ser parte del patrimonio de Repsol (España), de Total (Francia) y Petrobrás (Brasil).

Debemos ponernos al hombro el desafío y la responsabilidad de no sólo explicar, no sólo convencer, no sólo crear interés, no sólo persuadir, sino también movilizarnos porque no habrá posibilidad de transformaciones sin ganar la calle con lo nuestro y de esa manera tener la posibilidad de vivir un futuro como lo merecemos.