Convocados por la Coalición para una Radiodifusión Democrática que nuclea a más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellas el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA), y con la presencia der una buena cantidad de público reunido durante dos días consecutivos en el auditorio de Radio Nacional Córdoba, once especialistas en medios participaron de un debate vital para la salud de la democracia argentina.

Palos al discurso encubridor de los medios empresarios, críticas y loas a la política comunicacional del gobierno, demanda de protección para los periodistas víctimas de la prepotencia patronal, pedido de participación en la redacción de la nueva ley, un aplauso prolongado para el periodista Enrique Lacolla.

Durante más de seis horas, las exposiciones se deslizaron con vehemencia, incluyendo una apelación a los jóvenes, mayoría en el lugar: que tomen la antorcha de esta lucha, los desafió con entusiasmo uno de los panelistas. Es una lucha de casi veinticinco años, cuando apenas asumido Raúl Alfonsín comenzaron los reclamos por la derogación de una ley que todavía lleva la firma de los dictadores Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz.

Esto dijeron

Néstor Picone, periodista y protagonista histórico de aquellos vaivenes que culminaron hace cinco años en 21 Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación, hacia una Nueva Ley de Radiodifusión, recordó que Carlos Menem privatizó los medios para convencer desde allí de los beneficios del liberalismo.

Subrayó además la magnitud de la tarea emprendida en pos de una nueva ley, al enfatizar que se trataba de una importante disputa de poder. Para llegar a buen puerto, reclamó darle encarnadura ciudadana a la lucha.

“Sino, la presidenta no va a poder hacer sola una buena ley y en el camino entre Plaza de Mayo y el Congreso de la Nación se van a perder varias reivindicaciones de los 21 puntos”, advirtió Picone.

Alineado hoy con el gobierno, coordinador de Contenidos del Sistema Nacional de Medios Públicos, Picone apeló en varias ocasiones a la militancia compartida con los compañeros de la Coalición.

Entusiasmado con la oportunidad de un debate que durante años quiso romper el silencio impuesto desde los medios empresarios, el presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación (Aidic), Miguel Julio Rodríguez Villafañe convocó a encarar con alegría esta lucha.

Apelando especialmente a la voluntad de los jóvenes para que recogieran la antorcha, Rodríguez Villafañe, aseguró que una nueva ley es posible.

Como muestra de las potencialidades ciudadanas, recordó la larga batalla de Radio La Ranchada de Córdoba que le torció el brazo a la Corte de Suprema de Justicia: con el patrocinio del mismo Rodríguez Villafañe, la radio logró la inconstitucionalidad de la prohibición que pesa sobre las radios comunitarias.

De esos medios populares y de su precaria situación legal, habló también Mario Farías, vicepresidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), que nuclea a pequeñas y medianas radios no comerciales del país.

Con los diarios del día en la mano, Farías denunció la connivencia entre el poder político y el poder mediático: comentó el derecho de exploración de 12 áreas petroleras que el gobierno sanjuanino de José Luis Gioja concedió al ex ministro de Carlos Menem, José Luis Manzano.

Hace pocos meses, el grupo multimedia Vila-Manzano apoyó sin temor a la pérdida de la objetividad periodística, la campaña por la gobernación del actual benefactor.

Tras señalar que la lucha por una nueva ley será ardua, Marita Mata, investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, reclamó por el derecho de los periodistas a la claúsula de conciencia. Mata dijo que los periodistas no pueden seguir siendo cautivos de los empresarios.

Al abrir el Cabildo Abierto, que se organizó en tres paneles, dos el miércoles 14 y un tercero el jueves 15 de mayo, la directora de Radio Nacional Córdoba, Gabriela Cabus, también habló de la importancia de una nueva ley de radiodifusión para los trabajadores de los medios.

Recordó sus tiempos de cronista en Canal 12, donde como consecuencia de la concentración y desprovincialización de los medios locales, el trabajo periodístico se precarizó.

El director del Colegio Universitario de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria, Miguel Argentino Pérez Gaudio lamentó igualmente el vaciamiento regional de los medios cordobeses, casi todos en manos de grupos foráneos y criticó el contenido de los medios masivos, acusándolos de ser maníacos sexuales, maníacos violentos, maníacos depresivos…

De los contenidos habló asimismo Guillermo Defays, del Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicación (Cepetel-CTA), quien a pesar de su especificidad tecnológica, propuso pensar antes la cuestión política que la técnica. Discutir contenidos, discutir para qué los medios de comunicación, señaló.

El periodista Luis Bruchstein, redactor en Página 12, lamentó que algunos descalifiquen la oportunidad del debate de una nueva ley de radiodifusión, restándole mérito a la convocatoria presidencial porque surgió en medio del conflicto con el empresariado agropecuario. Equiparó la situación con la política de derechos humanos, reclamada por algunos que ahora le quitan valor.

La diputada nacional Cecilia Merchán, de la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados, quien debió responder ante algunos cuestionamientos del público a la política oficial, alentó la participación ciudadana como reaseguro para que el debate por una nueva ley llegue a buen puerto. Invocó la Ley de Bosques, que pretende frenar el saqueo de los bosques nacionales, como un ejemplo de organización popular.

Para contrarrestrar una de las críticas recurrentes que recibe el gobierno nacional sobre la distribución de la pauta oficial, el director de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT), Miguel Rojo, ofreció cifras: mientras durante 2007 la pauta oficial fue de unos 140 millones de pesos, la pauta privada alcanzó, aproximadamente, los 6.300 millones.

¿Quién condiciona a los medios?, se preguntó el periodista. En otro momento de su exposición, Rojo arrancó el aplauso más estrepitoso y prolongado del Cabildo Abierto: fue cuando se refirió a la censura empresaria que sufrió Enrique Lacolla en La Voz del Interior, donde escribió durante más de 33 años y de cuyas páginas fue excluido recientemente, en medio del conflicto entre el gobierno y el agro-empresariado.

La directora de la Escuela de Ciencias de la Información, Paulina Emanuelli, dijo a su turno que las escuelas de comunicación del país querían participar en la discusión del proyecto. Que esperan ser convocados para conocer con precisión el texto e intervenir en su redacción final.

Fuente: Catalina Vogelman, www.prensared.com.ar