El escrache nace hace 11 años como una herramienta de lucha ideada por la organización H.I.J.O.S, cuando los juicios por crímenes de Lesa Humanidad eran un anhelo lejano, casi una utopía, debido a la existencia de las Leyes del Perdón. Fue una forma de hacer visible la impunidad pero pensada como condena social que de ninguna manera reemplazaría a la justicia. Esta práctica se extendió a otros sectores de la socidad civil para poner en evidencia diferentes demandas.

Anoche, se realizaron los últimos escraches antes de que se inicie el primer juicio que pondrá en el banquillo de los acusados a Luciano Benjamín Menendez y otros ocho represores, por la causa Brandalisis y otros que se inicia el martes 27 en Tribunales Federales.

La actividad prevista por los organizadores se realizó en la zona residencial de Bajo Palermo donde, separados por pocas cuadras de diferencia, conviven los represores: Fernando Humberto Santiago, Cristino Nicolaides y Luciano Benjamín Menéndez.

El primero tuvo lugar frente al domicilio de Fernando Humberto Santiago, general retirado sobreseído de todas las imputaciones por haber sido declarado inimputable. Los manifestantes recordaron que se desempeñó como jefe de las sub-zonas 33 y 31; y subjefe de la zona 4 lo hacen responsable de los delitos cometidos en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”, “La Ribera” “La Perla Chica”, “Casa Hidráulica”, “D2 cuartel de Bomberos”, entre otros, tanto en Córdoba como en las provincias de San Luís, Mendoza, San Juan, La Rioja y Buenos Aires en el marco del Terrorismo de Estado.
En Gregorio Gavier al 1900, un integrante de la murga de parche en parche leyó el documento consensuado por las organizaiciones sociales.

"Santiago, nuevamente escrachándote"

"La participación colectiva transforma la sociedad. Gracias a una sociedad que se negó a convivir con la impunidad, llegamos al momento por el que tanto luchamos: los genocidas serán juzgados. Nosotros ya los sabemos culpables, pero ellos tendrán todas las garantías constitucionales que les negaron a nuestros compañeros y compañeras y en ellas se ampararán", reza el primer comunicado leído por un miembro de la murga de Parche en Parche.

" El barrio será tu cárcel"

Santiago (81) fue declarado inimputable porque padece Mal de Alzehimer. Otros imputados como César Emilio Anadón, Arturo Gumersindo Centeno y Ricardo Andrés Lujan, están muertos mientras que los mayores de 70 años gozan del beneficio constitucional de la prisión domiciliaria.
"No es justo. La actitud cobarde de una justicia lenta no es justa. Pero en este proceso aprendimos y asumimos que el camino que elegimos no es fácil, es una lucha que implica esfuerzos y perseverancia. Es una lucha contra la resignación y los poderes que quieren que la impunidad perdure en nuestro país. Y en esta lucha estamos, a una semana de que comience el juicio oral y público a ocho de los responsables del genocidio en nuestra provincia", expresa otro tramo del documento.

En lo de Nicolaides "la cultura de la impunidad o siniestrama"

El segundo domicilio fue el ubicado en Hilarión Plaza al 3800, donde habita el General Cristino Nicolaides, último jefe del ejército durante la dictadura. Como se recordará, fue condenado en diciembre de 2007 junto con otros siete represores integrantes del Batallón 601, a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición de militantes Montoneros entre 1979 y 1980. También fue responsable de ordenar la quema de archivos de la represión.

"¿Somos concientes de lo que significa para una sociedad que busca construir su identidad, la quema de documentos tan importantes para la historia de nuestro país?¿Con qué derecho Cristino Nicolaides dictaminó esa orden? ¿Cuánto tiempo y con cuanto esfuerzo tardaremos en reconstruir, solo en parte, la información que hoy nos falta para avanzar en los juicios?", interpeló Marisa de Hijos encargada de leer el documento. Más adelante, consideró que este hecho fue un intento de "perpetuar el silencio, y despojarnos de la verdad. Selló un pacto con el olvido, que los posteriores gobiernos democráticos se encargaron de consolidar, las leyes de impunidad y los indultos son prueba de ello. Quisieron negar lo que habían hecho, convencernos de que fueron hechos aislados, y ocultar la existencia de un plan sistemático".

El texto también destaca que "la seguridad de los genocidas es la inseguridad de toda la sociedad: la ausencia de Julio López desde hace 20 meses; los secuestros de Gerez y Putodh; las sucesivas amenazas y agresiones a nuestros compañeros y compañeras; 17 represores condenados tras 25 años de democracia así lo acusan".

"Elegimos el camino de la justicia"

La docente Soledad García, secretaria Adjunta de la CTA Córdoba, tuvo a su cargo la lectura del escrito en Ilolay al 3200, domicilio del ex Comandante del Tercer Cuerpo del Ejército(1975-1979). Como se sabe, Menendez también esta imputado por otras causas que se tramitan en las otras provincias que formaron parte del III Cuerpo:Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luís, Santiago del Estero y Tucumán.

"Menéndez, te damos la bienvenida al día en que por fin se va a hacer justicia. De acá a una semana vas a estar en un tribunal, en el banquillo de los acusados, escuchando las acusaciones, enfrentado a una sociedad que te condena, que no se come el cuento de que “salvaron” al país. Esta vez no vas a zafar con un indulto como en 1989 que te lo dieron 19 días antes del juicio.

Si llegamos hasta acá, fue por un proceso de construcción de condena social. Hoy, ante la inminencia de los juicios, debemos ser capaces de sostener las victorias alcanzadas. Como sociedad tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias, sosteniendo el proceso judicial, acompañando los juicios, estando atentos a lo que sucede, apoyando a los testigos, comprometidos con esta instancia de la lucha. Debemos estar ahí cuando ellos intenten ampararse en los recovecos legales, debemos impedirlo. Debemos evitar que aceche el fantasma del miedo, intentando paralizarnos cuando debemos mantenernos despiertos.

No se puede vivir en un país donde la impunidad sea la norma de convivencia. Cuando juzgamos a Menéndez no lo juzgamos sólo a él, sino al modelo de país que nos impusieron. Un modelo económico, político y social absolutamente injusto que construyeron mediante el exterminio de una generación de soñadores y luchadores.

Nos exigieron olvidarlo todo. La Iglesia llamó a reconciliarnos. Nuestros gobernantes nos plantearon caminar hacia el futuro sin darnos la vuelta. No podemos hacerlo, no queremos hacerlo, no nos lo permitimos.

Hoy, la apertura de los juicios a los genocidas exigida por la sociedad, cimenta nuestra estructura democrática. Y porque no podemos construir nada sólido sobre una base inestable o frágil, es nuestro deber como sociedad seguir aportando al proceso de fortalecimiento de las instituciones y con ello al fortalecimiento de la democracia".

"No queremos venganza sino justicia"

La importancia de juzgarlos no radica sólo en su condena, sino en cómo la institución judicial comienza, al fin, a cumplir su rol.
Ellos no creen en la democracia, por eso intentan imponer el terror y la impunidad.

Nosotros sí creemos en ella, por eso elegimos el camino de la justicia, y por eso estamos comprometidos a marchar a los tribunales federales el martes 27 exigiendo:¡JUICIO Y CASTIGO A MENENDEZ Y SUS COMPLICES YA!

No queremos venganza. Queremos un juicio justo. ¡Queremos que de una vez por todas hablen! ¡Que nos digan dónde están nuestros viejos, adonde los enterraron! ¡Queremos que cumplan su condena en la cárcel y no cómodos en sus casas!

Estos juicios representan no sólo un hecho judicial sino profundamente político. Se pondrán en juego una diversidad de relatos y voces que son importantes para reconstruir nuestra historia. La memoria, la verdad y la justicia constituyen una necesidad vital del pueblo argentino, que implican una toma de posición con respecto al accionar del terrorismo de Estado. No solo para que estos hechos no queden impunes y no se repitan, sino porque son el auténtico valor por el cual debe optar toda sociedad digna de ser libre".

La lectura de los documentos, en todos los casos, fue saludada con aplausos y cánticos que condenaron la impunidad y exigieron cárcel cómún perpetua y efectiva para los genocidas. El llamado escrache móvil se realizo en cercanías a los domicilios que se encontraban vallados y fuertemente custodiados por personal de la Policía de la Provincia.