Antes de la evaporación definitiva del federalismo es imprescindible encarar una discusión que, lejos de ser bizantina, encierra un valor estratégico; se relaciona no tan sólo con la construcción de un proceso de desarrollo nacional con inclusión social, equitativo, integral y sustentable, sino también con la integración regional en Latinoamérica.

La unidad nacional es producto de una larga destilación histórica signada por una intermitente disputa a veces encubierta y a veces violentamente desembozada entre dos proyectos de Nación. Este enfrentamiento, aún inconcluso, se inició en los albores mismos de la Independencia en 1810 y persiste a lo largo de casi 200 años, a pesar de las profundas transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales. La Nación es una construcción colectiva en la que la solidaridad y la justicia distributiva coagulan la unidad.

La Reforma Constitucional de 1994, hija dilecta del “Pacto de Olivos”, estipula que “una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos”. Y en el apartado de las Disposiciones Transitorias, determina que ese régimen de coparticipación y la reglamentación del organismo fiscal federal “serán establecidos antes de la finalización del año 1996”.

Como en tantas otras cuestiones que impactan en la vida cotidiana del pueblo, la regla constitucional se mantiene invicta. De ese tema no se habla aunque se acreciente el centralismo unitario en desmedro del país federal. La constatación de un Tesoro Nacional opulento y superavitario se estrella contra el desolador paisaje de provincias empobrecidas y cada vez más endeudadas.

Como el hilo se sigue cortando por lo más delgado, en lugar de afrontar los desafíos de sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal en reemplazo de la de 1988, se sucedieron los pactos fiscales federales suscritos entre la Nación y las provincias, en 1992, en 1993 y en 2000. Fueron acuerdos hechos a medida de las exigencias del Fondo Monetario Internacional para congelar el gasto primario, profundizar el ajuste y obtener mayor superávit para el pago de la deuda externa. En agosto de 2004 se sancionó la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal que respeta escrupulosamente el molde de los pactos fiscales anteriores.

La pugna Nación-provincias que se registra desde los orígenes de nuestra organización nacional, responde en gran medida a los profundos desequilibrios regionales.

Uno de los elementos que definen a la Argentina como país subdesarrollado y periférico, es la asimetría en el desarrollo de las regiones que componen su territorio. La brecha existente entre las jurisdicciones de mayor y menor Producto Bruto Geográfico per cápita es brutal. Si se compara los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la de Formosa esta diferencia es de aproximadamente diez a uno.

El dato se compadece con los niveles de concentración económica y desigualdad social. El 10% de la población más rica, tiene hoy un ingreso 29 veces mayor que el 10% de la población mas pobre.

Sobre estas asimetrías regionales se asienta un federalismo impostado que desde 1983, y para garantizar su propio escenario de gobernabilidad, resuelve las tensiones Nación-provincias estableciendo alianzas entre el Gobierno Central y los gobernadores de los distintos estados que entregan la autonomía provincial a cambio de recursos para alimentar su maquinaria política.

El cambio de contexto en esta etapa política e institucional, permite que se abra la puja por fijar los contenidos de la nueva agenda para dar la batalla por transformar en serio el modelo federal argentino y que no siga siendo más de lo mismo.

Con el sol del Bicentenario van asomando las bases para una Constituyente Social de la Nueva Argentina. Un nuevo paradigma que, retomando el ideario que inspiró a los próceres de nuestra revolución, permita refundar un proyecto nacional acorde con los nuevos tiempos.