A propósito de la fecha el Foro por los Derechos de las Mujeres conjuntamente con organizaciones integrantes del mismo, como la Asociación Civil Red de Alerta, CTA Paraná, MUPEA, Mujeres Tramando desarrollaron un panel debate en el recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos.

Con una gran concurrencia de mujeres se abordaron distintas problemáticas que afectan la salud de la mujer desde lo laboral, lo sexual y reproductivo, la explotación sexual y comercial infantil. Donde se dieron a conocer datos alarmantes en la provincia, lo que indica que la cobertura de salud para el género dista de ser la adecuada.

Las panelistas que intervinieron fueron Silvina Calveyra de CTA Paraná, abordando la salud de la mujer en el ámbito laboral; Silvia Montaño de la Asociación Red de Alerta tratando la temática de salud sexual de niñas/adolescentes y Lucy Grimault por el Foro y Gabriela Carot de la organización MUPEA y Mujeres Tramando, focalizando la salud de la mujer desde lo sexual y reproductivo.

Calveyra hizo una síntesis de lo que sucede hoy en materia de salud laboral desde la perspectiva de género: "La ley de riesgo de trabajo fue concebida con una visión eminentemente preventiva, si se pusiera en práctica con mayor amplitud se encontrarían nuevos riesgos de trabajo y se podría analizar que la enfermedad del hombre es distinta a la de la mujer, ya sea por diferencias biológicas y sociales".

Añadió que "la salud laboral no puede continuar haciendo referencia solamente a la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, sino que se debe redefinir introduciendo otros factores como emocionales, sociales y la perspectiva de género, no sólo desde lo biológico o corporal sino desde lo social, los roles y las exigencias que sufrimos las mujeres en el ámbito laboral por el solo por el hecho de ser mujer".

Tras cartón la dirigente de la CTA apuntó: "La salud laboral tampoco escapa al hecho de desigualdad entre hombre y mujer como patrón cultural. Considerando estas situaciones, la diferencia de enfermar del hombre y de la mujer, debemos sumar el doble o triple rol de la mujer: el doméstico, el Laboral y el político, social o sindical de aquellas mujeres que decidimos tener una participación activa en estos ámbitos. Esta progresiva inserción en los distintos estamentos de la mujer hace que se revelen datos como que son mayoritariamente las mujeres que se jubilan por invalidez o incapacidades por enfermedad a partir de los 50 años, producido por trastornos muscoesqueleticos (exceso de trabajo físico/metal), discriminación lo que conlleva al stress, continuas exigencias en cuánto a que la mujer siempre tiene que dar cuentas de su capacidad con permanente evaluación, exigencias en cuanto a su imagen, discriminación retributiva (existen ámbitos de trabajo donde el hombre cobra más que la mujer en desempeño de igual tarea), acoso sexual, moobing o acoso psicológico, persecución. Lo que provoca enfermedades como hipertensión arterial cardiopatías, stress, accidentes cerebro-cardiovasculares".

Agregó que "ante esta realidad debemos ser las propias mujeres y las organizaciones sindicales quiénes promovamos la generación de protocolos referente a la protección, reconocimiento médico específico e integral de la mujer, políticas que favorezcan a la igualdad entre hombre y mujer y por sobre todo la participación activa como Delegadas en Prevención en los Comités de Higiene y Seguridad Laboral".

Y concluyó Calveyra: "La Central lleva como bandera en materia de salud laboral la consigna “La salud no se vende se defiende”, ni se delega, somos nosotras las trabajadores quiénes debemos generar nuestros propios conocimientos, nuestras estrategias para revertir y modificar esta situación de riesgo y enfermedad permanente en nuestros ámbitos laborales, en todos los aspectos que hacen a la salud del género no solo a la maternidad".

Continuando con el panel, Silvia Montaño de la Red de Alerta señalo que no sólo «no existe un trabajo focalizado en salud sexual y reproductiva por falta de presupuesto», sino que tampoco hay articulación «entre el programa que lleva adelante el área de Salud provincial (que canaliza los insumos que le manda la Nación: pastillas, DIU, inyectables, preservativos, materiales para PAP) y las áreas de educación», cuando se sabe que el nivel educativo está en íntima relación con la capacidad de decidir de las mujeres: las que menos acceso a la educación tienen (las más pobres) son las que más posibilidades tienen de ser madres a temprana edad. Y al desconocer cómo cuidar su cuerpo y cómo evitar quedar embarazadas si no lo desean, las mujeres con menos posibilidades de acceso a los servicios de salud y educación están más expuestas a enfermedades que pueden prevenirse (cáncer de cuello uterino, infecciones de transmisión sexual) y a los graves daños que les puede ocasionar un aborto séptico, con riesgo para la vida de las mujeres. Justamente, uno de los reclamos que más sonó ayer en la conferencia de prensa que dieron las entidades que luchan por los derechos sexuales fue que comience a aplicarse la ley 9.501, que establece que el Estado debe impartir educación sexual en las escuelas desde la perspectiva de las relaciones de género. «Hoy, a cinco años de sancionada la ley, en las escuelas de la provincia, no se da educación sexual.

Un sondeo hizo Gabriela Carot de Mujeres Unidas en la Prevención del Embarazo Adolescente (Mupea) y Mujeres Tramando en Paraná, durante las dos primeras semanas de este mes, indica que de la totalidad de las jóvenes encuestadas, el 21% se había realizado un aborto. La encuesta abarcó a 124 jóvenes de entre 18 y 25 años y se hizo en la Universidad y en centros de salud, pretendiendo incluir todas las realidades de la ciudad y con la intención de cruzar los datos con el nivel educativo de las consultadas. Los resultados del sondeo, aunque no fue exhaustivo, marcan sin embargo una tendencia, y lo que muestran es preocupante: el 21% había abortado, es decir, 26 chicas de las 124 encuestadas; de estas 26 chicas, 23 eran de los sectores más vulnerables (eran las jóvenes encuestadas en los centros de salud), y sólo 3 pertenecían al grupo de estudiantes universitarias. Por otro lado, el 56% de las universitarias conocía a una o más mujeres que se realizaron un aborto, mientras que entre las pacientes de centros de salud, las que habían tenido contacto con mujeres que interrumpieron un embarazo eran el 70%. Se les preguntó también a las jóvenes «cuál es la forma que más se utiliza para abortar»: el 37% menciona el elemento «casero»; el segundo lugar lo tenían los abortos hechos por un médico o médica (21%); y un 18% tildó el ítem «enfermeros/as y pastillas». El último punto de la encuesta tenía que ver con el método anticonceptivo utilizado por las jóvenes, y de ahí surgió que el 49% de las encuestadas utilizaba pastillas y sólo 32% preservativo.

Lucy Grimault por su parte explico que esta aproximación a la situación de las jóvenes hoy, si bien es un mero sondeo y no puede ser un reflejo preciso de lo que está pasado, muestra que a mayor nivel educativo en el sistema formal, menor es la incidencia de abortos provocados. Pero aún entre los sectores que han alcanzado grados más avanzados en la educación formal, aún no hay conocimientos acabados sobre salud sexual. El Estado debe hacerse responsable entonces de que la información sobre cuidado de la salud y métodos de anticoncepción lleguen efectivamente a todas y todos.