Ante el anuncio realizado por el Ente Provincial Regulador de Energía –EPRE- relacionado a otro ajuste de la tarifa eléctrica, porcentaje que se precisara en el ámbito de una nueva audiencia pública, el próximo 18 de junio, la CTA San Juan, expresó en un documento publico su posición de rechazo a este nuevo ajuste.

El documento expresa que “ com o organización reconocida en el Consejo Asesor de Acompañamiento, venimos por la presente a rechazar en forma absoluta este nuevo aumento de la tarifa de la luz y solicitar al EPRE que también rechace esta suba".

La declaración "advierte que los sucesivos aumentos, que ya suman cinco, tienen inexorablemente a los usuarios como la variable de ajuste obligada. No se puede continuar “justificando” las pretensiones de la empresa que toma los índices de la inflación, que provocan el aumento de los costos de componentes eléctricos, mientras, parece, a los salarios de los trabajadores no hay inflación que los afecte".

Para la CTA sanjuanina que conduce Hugo Leglise, "esta metodología de las audiencias publicas convocadas por este “organismo del Estado” –EPRE- solo contempla las necesidades de la distribuidora, pero quien atiende la situación de los asalariados, los jubilados y pensionados, los trabajadores precarizados, los desocupados, la otra contraparte la que tendrá que pagar los costos operativos de la empresa, los usuarios".

Añade el documento: "Estos sucesivas aumentos de la tarifa parecen no ser significativos para los funcionarios, así lo declararon públicamente, pero para los consumidores – usuarios que no tenemos movilidad salarial en su mayoría, que estamos por debajo del valor de la canasta familiar básica, estos sucesivos ajustes representan erogaciones significativas. A pesar de existir un crecimiento económico provincial y nacional, es también real que ese crecimiento beneficia a unos pocos".

A criterio de la CTA, "también es una realidad que la inflación real se comió los magros aumentos salariales de los trabajadores en blanco conseguidos por la lucha, los paros y las movilizaciones, y ni que hablar del importante sector de trabajadores precarizados".

Tras renglón afirma: "La electricidad, usada para consumo familiar, es un bien social y no una mercancía, y por lo tanto no debe ser afectada por las fluctuaciones del mercado y debe ser subsidiada por aquellos que la usan para generar ganancias propias".

Según la Central, "quien más consume más paga, esta regla debe ser aplicada a los grandes consumidores y no pretender que los que subsisten con un sueldo también paguen el mantenimiento y la necesaria inversión que usufructúan los primeros; entonces exigimos un congelamiento de las tarifas residenciales y la aplicación del ajuste tarifario a los grandes consumidores".

Y, para que no queden dudas, finaliza: "La consigna debe ser mejorar la calidad de vida del conjunto de la población y eso significa que hay que redistribuir la riqueza, no continuar ajustando para engrosar o mantener el margen de acumulación de ganancias que caracterizan a estas empresas pseudos–nacionales".