Las memorias son selecciones del pasado como apuesta para el futuro. Y en este tránsito, el presente se establece como puente y garantía.

Por eso no alcanza la memoria del pasado como denuncia del “nunca más”, ni tampoco como reivindicación de proyectos inconclusos. Necesitamos abrirnos a la realidad del presente para insertar aquellas memorias, como acicate para la construcción de los objetivos que todavía son deudas pendientes para los sectores populares.

Las memorias sin perspectiva política corren el riesgo de anquilosarse; y las acciones de quienes las promueven tienden a aislarse cada vez más de la marcha social. Aún cuando en lo discursivo pueda plantearse una perspectiva más abarcadora. Se esterilizan las memorias que no son asumidas por las mayorías populares.

Una de las maneras de extender la memoria a los sectores populares es contribuir a recuperar las propias historias de necesidades, reivindicaciones y luchas, insertándolas en otras luchas y otros procesos de participación y movilización popular. Pero esto no será posible si el discurso queda reducido a ese pasado, aún con toda su carga de experiencias de triunfos y fracasos.

Es imprescindible relacionarlo a las realidades que se viven o padecen hoy, precisamente como tramos inconclusos de proyectos de cambios y transformaciones sociales. Porque son las necesidades y demandas de hoy las que mueven a las luchas. Y serán más eficaces, sin duda, si asumen las experiencias del pasado, entroncándolas como partes de un mismo proceso. Es el sentido de las memorias populares.

Estamos planteando la memoria ligada a un concepto de derechos humanos integral e integrador. Con ello también contrarrestamos a quienes quieren desligarse de la memoria y de los derechos humanos arrinconándolos en el pasado, como problemática legítima pero circunscripta a los directamente afectados o quienes se solidarizan con ellos.

La memoria del pasado

Por eso no puede restringirse la memoria a las violaciones de los derechos humanos en el pasado reciente. La lucha por los derechos humanos reclama de políticas e instrumentos adecuados para ampliar la conciencia ciudadana en torno a ellos, ofreciendo a la vez instancias concretas para que puedan plasmarse en la realidad.

Por eso sostenemos que deben preservarse las instalaciones de la cárcel de barrio San Martín, para transformarlas no en un “espacio” o “lugar” de la memoria, aspecto éste que ciertamente deberá tenerse en cuenta, no sólo para el recuerdo y el homenaje a los presos políticos que fueron fusilados, sino de las torturas y padecimientos de los miles de militantes allí alojados durante los años de la dictadura genocida.

Y en este aspecto, lo que debe plantearse como memoria completa es recuperar para la ciudadanía cordobesa toda la historia del penal de barrio San Martín, desde sus inicios en el año 1889, cuando fue inaugurado por el gobierno de Ambrosio Olmos, al construirse con los planos del Ingeniero Francisco Tamburini, el mismo que diseño el Teatro San Martín y el edificio histórico del Banco de Córdoba.

No sólo fueron los presos políticos de la dictadura instaurada en marzo de 1976 las víctimas de violaciones en esa cárcel. También los presos políticos de 1955. Y aquellas personas privadas de la libertad que a lo largo de la historia del penal, padecieron regímenes carcelarios violatorios de sus derechos, en su inmensa mayoría siempre pertenecientes a los sectores más excluidos de la sociedad.

Así lo denunciaba ya el Cura Brochero cuando solicitaba rebajas en las condenas con motivo del Jubileo, a inicios del siglo XX. Los hechos sucedidos en la rebelión carcelaria de febrero de 2005 también constituyen eslabones importantes en la cadena de esa memoria. Para una nueva política carcelaria también es necesario que esta historia no se olvide.

Desde esta perspectiva no se puede plantear lo mínimo porque hoy no existan recursos o proyectos. También en esto se trata de un proceso en construcción, que necesita ampliarse en el debate y hacerse carne en diversos estamentos no sólo del estado, sino de la sociedad en su conjunto.

La memoria para el presente

La memoria para el presente implica hacerse cargo de los proyectos inconclusos de tantos y tantas que lucharon por la vigencia de los derechos, por la dignidad humana y por la justicia social en un proyecto de profunda transformación social, política, económica y cultural. Por eso es tarea de activa militancia política.

El mejor homenaje para hacer presente a quienes lucharon y quedaron en el camino, es asumir la responsabilidad política de procurar plasmar en la realidad, con los pasos y en las condiciones que la realidad de hoy lo permiten, instrumentos concretos de servicio a los sectores populares para mejorar su calidad de vida.

Y en este sentido, el proyecto de los hijos de los fusilados de la UP1 y de la Comisión de Familiares de Desaparecidos, sobre el destino final de las instalaciones de la cárcel tienden a incluir diversos aspectos relacionados a los derechos humanos: Sede de la Secretaría de Derechos Humanos. Centro de formación en derechos humanos, especialmente para el personal penitenciario y policial. Centro de capacitación laboral, en artes y oficios. Centro de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Centro educativo y de recreación para los vecinos de la zona. Centro de la memoria carcelaria, en el marco de la recuperación de la memoria barrial, etc.

Con este enfoque la responsabilidad debe asignarse a las diversas áreas del estado, según los proyectos a implementarse: Educación, Justicia, Seguridad, Desarrollo Social, etc. Las áreas de derechos humanos, tanto del estado como de la sociedad civil, deberán responsabilizarse de impulsar estas iniciativas para que sean asumidas por el estado como políticas públicas para una mayor conciencia sobre los derechos humanos, entendidos estos como derechos de todas las personas a una calidad de vida digna y justa. Es evidente que excede a reparticiones específicas dedicadas a preservar la memoria. Se trata de políticas de estado con emprendimientos que van más allá de las tareas de archivo, aunque éstas también deban ocupar su lugar.

Lo cierto es que para marchar en este sentido es urgente una acción articulada que frene el propósito del gobierno de vender las instalaciones. Nada podrá hacerse si se enajena este bien del estado, y menos si se permite su demolición.

Nuestros familiares y compañeros/as fusilados/as en la UP1 no lucharon para quedar en la memoria, sino para establecer condiciones de dignidad y justicia para el pueblo. El mejor homenaje es encarnar sus ideales, acompañando la marcha de los que siguen luchando contra la opresión y las injusticias.