“Cuando los operadores se encuentran con chicos en situación de calle, no tienen demasiadas opciones: a veces tienen que dejarlos en Constitución o llevarlos hasta la provincia, si su familia vive fuera de la ciudad. Muchos operadores no pueden trabajar en estas condiciones y están pidiendo pase a otros sectores”. La situación, relatada por una empleada del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, da cuenta de la gravedad de estos hechos.

Es por eso, que se le reclamó al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, un informe sobre las políticas en esa área. Alguna preocupación generó en los funcionarios la repercusión ya que el titular del Consejo, Jorge San Martino, salió a rechazar los cuestionamientos y prometió que en una semana comenzará a responder el pedido de las organizaciones.

El Centro Carlos Cajade y Ciberencuentros son dos de los espacios que fueron desactivados por el Ministerio de Desarrollo Social para ser administrados por ONG, pero que aún se encuentran inactivos, denuncia el foro.

El cierre de paradores para niños, los programas discontinuados y la precarización laboral que afligen a los profesionales y empleados fueron los principales problemas que, sobre políticas de niñez, plantearon las organizaciones que adhieren al foro, al hacer público ayer el pedido de informes que presentaron hace 17 días.

"En cuanto a otros programas que no continúan está el llamado `Puentes Escolares´, del Ministerio de Educación, para la escolarización de chicos en situación de calle, que beneficiaba a entre 300 y 400 niños y adolescentes", declaró Manuel Alzina, secretario adjunto de la CTA Capital.

Asimismo, los empleados del Consejo que se ocupa de la niñez y adolescencia (enrolados en ATE) advirtieron que se desactivaron programas importantes, como el de Erradicación del Trabajo Infantil y el de Explotación Sexual de Niñas, y que el primero de ellos se reactivó el 12 de junio último, en coincidencia con el Día de la Erradicación del Trabajo Infantil.

Otro de los reclamos de las organizaciones es por la transferencia de competencias de la Nación a la ciudad en materia de asistencia a unos 600 niños en situación de vulnerabilidad social internados en hogares. “Hay una mora de la ciudad en la implementación de políticas para este sector, que coincide con la asunción de las nuevas autoridades”, destacó Leonardo Petris, del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional por los Derechos del Niño (Casacidn).

Entre los programas discontinuados, señalan en el Foro, se encontraba el de educación sexual en escuelas, que primero fue suspendido y luego se anunció que sería repuesto en Educación. También se interroga sobre otro programa de asistencia a niños con VIH-sida.

El foro está integrado por Casacidn, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la APDH, ATE-SENAF y el Espacio de Niñez de CTA Capital, entre otras organizaciones.

Un capítulo aparte es el de la “precarización laboral” de los trabajadores y profesionales que se desempeñan en el área de Niñez. Según denunciaron los propios afectados, “la casi totalidad de los profesionales y empleados que trabajan en programas sociales están trabajando sin contratos: en enero nos dijeron que nos iban a renovar cada tres meses, pero estamos en junio y nunca firmamos un papel. Cobramos todos los meses, pero estamos en el aire”, Concluyó Humberto Rodriguez de la Junta de Niñez de ATE capital.