Las últimas instancias del juicio a ocho campesinos de la localidad de El Chacho, en el extremo noroeste de la provincia de Córdoba y a 260 kilómetros de su Capital, han ayudado a comprender aunque sea en términos sociales eso que cuesta tanto explicar en ámbitos jurídicos: de qué se trata un campo comunitario.

Se trata, ni más ni menos, de una solución solidaria frente a la adversidad, tal como pudo advertirse en la inspección ocular del martes 17, en la que los propios imputados por supuesta usurpación fueron guiando al juez Ricardo Py, presidente de la Cámara Unipersonal Penal de Cruz del Eje, por los distintos rincones de La Novena Acción, unas 2.000 hectáreas justo al frente de la entrada del pueblo El Chacho, donde la carencia de agua y servicios básicos (hay energía eléctrica sólo un par de horas al día) limitan la producción agropecuaria a la mera subsistencia familiar.

La comitiva, integrada también por la fiscal de Cámara Ahidé Gersicich, el querellante Rodolfo Miguel Buttie y sus letrados, y los abogados defensores, pudo comprobar varias cuestiones:

 La existencia de corrales y alrededor un centenar de animales vacunos y equinos, que los imputados Tomás Silva, Roque Farías, Santos Fernández, Prudencio Cuevas Navarrete y Carlos Zalazar señalaron como propios, individualizando marcas que indicarían su propiedad.

 Una represa, cercana a los corrales, que los pobladores dijeron haber construido hace más de veinte años y que las familias mantienen en uso, a pesar de estar seca en esta estación del año por la escasez de lluvias.

 Un alambrado de cuatro hebras, paralelo a la ruta y -siempre según los dichos de los habitantes de El Chacho- realizado por Vialidad en el año 1989.

 Vestigios de cercos de cardones, que los imputados señalaron como restos de antiguas chacras, actualmente en desuso por escasez de agua para riego.

 Una perforación cercana al cementerio de El Chacho, que el querellante dijo haber construido, pero que la Defensa observó que fue con posterioridad a la fecha del conflicto.

 Otra controversia se suscitó al afirmar Buttie que instaló alambrados, lo que fue desmentido por los imputados.

Testimonios confrontados

Uno de los primeros testigos fue Carlos Alberto Ortiz, integrante de una sociedad de hecho con Roberto Brendell y Buttie, con quienes aseguró haber adquirido los derechos de posesión del campo en litigio -incluido en un conjunto de 24.000 hectáreas- a los herederos de don Cecilio Senar, conocido terrateniente de los Llanos Riojanos. Ortiz avaló la posición de su socio, al afirmar que hicieron mejoras en el inmueble, trabajaban en la crianza de ganado y cobraban “derecho de pastaje” a los pobladores.

Dos trabajadores rurales y una vecina de la zona avalaron esta versión. En primer lugar, Luis Lino Cuello, testigo de la Fiscalía, dijo haber trabajado en la limpieza de los límites de ese campo en vida del hacendado Senar, y luego, “hace unos ocho o diez años”, para Ortiz cortando leña. Fue entonces que una de las imputadas murmuró: “Uh, cómo miente...”. “No sé, habrá comprado el campo”, dijo Cuello cuando el juez Py le preguntó por qué le pagaba Ortiz. Ante una pregunta de la querella, el testigo indicó que “el campo estaba abierto y después lo cerraron”, pero no supo quién. También afirmó haber visto animales en el lugar. “En qué carácter estaban, no sé”, aclaró.

Luego, Dionisio Moyano, peón en distintas estancias de la zona, afirmó que el campo “La Novena Acción” era de Senar desde que él tenía “uso de razón”. No obstante, aunque el hacendado solía recorrer sus propiedades, aclaró no haberlo visto en La Novena Acción, campo que luego nombró como El Diamante y El Brillante, ante los ademanes de negación de los acusados.

“En el pueblo siempre se respetó que el campo era de Cecilio Senar”, declaró Palmira Maldonado. La testigo de la Instrucción -realizada por el polémico ex fiscal Raúl Casado- añadió que “siempre tuvimos permiso” para criar allí animales, hasta que “apareció Buttié que quería cobrar pastaje y ahí comenzó el problema”. En ese sentido, mencionó que en una reunión de la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc) se decidió “tomar el campo”, pero ella no participó. Ante distintas preguntas de las partes, dijo no recordar la mayoría de los detalles.

Pero a su turno, Juan Carlos Ronco, yerno de Senar y -curiosamente- testigo propuesto por la Querella, dio una versión contraria respecto a La Novena Acción: “Ese campo nunca fue de Cecilio Senar”. Administrador de las propiedades de su suegro desde su muerte en 1995, Ronco precisó que los campos que vendió a Buttie, Brendell y Ortiz fueron El Jumealito, El Diamante Las Mesillas y El Brillante, que conformaban un total de 22.000 hectáreas en las que no figuraba el campo en conflicto. Consultado por la defensa si Buttie y sus socios hicieron algún acto posesorio o mejora, Ronco respondió: “No tengo ningún dato. Yo me meto en lo que me concierne”.

El irritante campo comunero

Fue paradójicamente un policía el que comenzó a dejar claro el concepto de “campo comunitario”. Suboficial principal de la Policía de Córdoba, Silvio Rubén Silva pudo abstenerse por ser hijo del imputado Tomás Silva y hermano de Martha, pero aceptó declarar y fue profusamente interrogado por el juez, la Fiscal y las partes, aportando numerosos detalles. “Era un campo abierto. El que quería tener animales ahí, los tenía. Unos más y otros menos, unos vacas y otros cabras. Era la única forma de subsistir, porque allá no hay sueldos. Se vive de los animales”, relató Silva. También aclaró que ese campo nunca fue de Senar, que él mismo tiene animales ahí, y que su propio abuelo materno era dueño de unas 290 hectáreas de La Novena Acción, adquiridas en un remate en Córdoba, pese a lo cual “nunca se cobró por pastar”.

-¿Quién es el dueño del campo? –quiso saber el abogado querellante.

 La Justicia lo va a determinar... –respondió Silva.

-Usted es policía y sabe lo que le están preguntando –lo reconvino el juez.

-¿Cree que su padre tiene derecho a ese campo?

 Sí.

-¿Por qué?

 Tiene animales ahí. Siempre lo usó. La gente vive de eso. -reiteró el testigo.

-¿La gente reconoce la propiedad de su madre? –insistió la querella.
 
No sé si la reconocen. En el pueblo se usa así porque eso es para la subsistencia. ¿Quién les va a decir que no?

Cerró la ronda testimonial el ingeniero agrónomo Jorge Hernán Salomón, ex responsable del Programa Social Agropecuario en la zona y Secretario de Agricultura de La Rioja durante la gobernación de Angel Maza. Propuesto por la defensa, Salomón caracterizó la forma productiva de los Llanos Riojanos, basada en la ganadería mayor (ovina y caprina), peridoméstica (aves de corral) y en menor medida producción de granos. Respecto a la tierra en litigio, dijo conocerla como “el campo que usa la gente de El Chacho” para el pastoreo de animales. “Eso era campo abierto, de uso de la comunidad, un campo comunero”, describió y el término causó cierta irritación en la parte querellante.

-¿Qué significa eso? –preguntó el abogado de Buttie.

 De uso de la comunidad...

-¿Está previsto por la ley?

 Legalmente, no sé, pero en la documentación censal agropecuaria se lo denomina así. Y yo lo conozco así porque así me lo enseñaron en mi profesión.

A continuación, el ingeniero aportó un dato elocuente: “En una zona pobre como ésta, el equivalente vaca (una vaca con su cría) necesita para subsistir todo el año el alimento que encuentra en 15 a 25 hectáreas”, mientras que en la Pampa húmeda le basta con una sola hectárea.

Además, Salomón señaló que el “boom de la soja ha producido el traslado de personas para cría de ganado” porque “cuando la soja ocupa el territorio a algún lado se tienen que ir las vacas”. “Cuando fui Secretario de Agricultura en La Rioja, en el Gabinete nos preocupaba el desplazamiento de la frontera agropecuaria. Los títulos de propiedad vienen de las mercedes otorgadas por la corona española y nunca hubo un saneamiento. La deuda del Gobierno de La Rioja es no haber saneado los títulos”, concluyó el ex funcionario.

El juicio continuará mañana, a las 9,30, con los alegatos y posiblemente la sentencia.