Rodeado por la solidaridad de los compañeros de la CTA, de partidos políticos, de movimientos y organismos de un amplio espectro, Pablo Micheli, secretario general de ATE y secretario adjunto de la CTA, denunció que fue secuestrado el lunes último, durante dos horas, por cuatro individuos armados con pistolas 9 milímetros, que tenían pelo corto, entre 30 y 40 años, y no tenían léxico de chorros comunes.

El episodio que le ha tocado vivir a nuestro compañero, está en el marco de una situación de inseguridad que toma ribetes preocupantes.

Se vienen repitiendo asiduamente episodios que se mantienen en la impunidad. Desde lo que pasó con Julio López, empezaron a reiterarse mensajes, amenazas, golpizas a compañeros, ocurrieron los destrozos y robos a la CTA Capital, el robo de los CPU del estudio jurídico del doctor Horacio Meguira, recientemente nos rompieron los vidrios del frente de la Asociación Judicial Bonaerense justamente en la noche después de que hayamos protagonizado una caravana de protesta en La Plata.

Todo esto se enmarca en un clima de creciente inseguridad que pareciera que tiene una direccionalidad: la de intimidar, paralizar, meter miedo a la militancia. Nuestra respuesta inmediata, por eso, ha sido rodear con la solidaridad al compañero Micheli.

Es necesario que los estados Nacional y Provincial prioricen las garantías individuales y coloquen al aparato de seguridad al servicio de los ciudadanos para asegurar un modelo de sociedad más democrática y participativa. Rechazamos una sociedad donde el miedo se adueñe de la cotidianeidad de nuestras vidas.

La Justicia en estas cuestiones hace muy poco, en la mayoría de los casos casi nada. Las denuncias que se llevan al Poder Judicial terminan archivándose o porque están abrumados de trabajo, o porque para muchos jueces esto no es importante y prioritario.

Sin embargo, lo ocurrido a Micheli y a otros compañeros y organizaciones sociales y sindicales debería merecer un profundo debate sobre las reformas judiciales, reformas que hasta ahora apuntan a disciplinar a los ladrones de gallina, a los sectores marginales, pero no apuntan a dar garantías al conjunto de los ciudadanos.

El Ministerio Fiscal, los jueces de garantía y los Superiores Tribunales de Justicia provinciales deberían estar atendiendo seriamente estas cuestiones, pero lamentablemente no es prioridad para ellos.

Investigar y terminar con la impunidad tendría que ser la base de un Poder Judicial independiente.