La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de Córdoba denuncia que a los ya magros salarios que recibe el personal, configurados en distintas figuras laborales cuando no directamente en condición de total irregularidad, al punto que algunos trabajadores con más de 15 años de antigüedad cobran 300 pesos de bolsillo, se suman numerosos casos de maltrato personal.

El gremio ha recibido numerosas denuncias sobre maltratos y persecuciones, tanto a afiliados a ATE como trabajadores que no integran esa organización, por parte de Carrizo.

Esta situación ha llegado al punto que ha renunciado un grupo de médicos del dispensario municipal. Dos compañeros de administración han renunciado por la misma causa.

El gremio subraya que “esta política de personal apela al remanido método de imponer el miedo, estrategia de gobierno que no se condice con la vida democrática y el estado de derecho que impera en nuestro país”.

Dice también que el desacierto de la intendenta la ha llevado a tomar la injusta medida, inmediatamente de haber asumido el cargo, de descontar 100 pesos de los ingresos de los trabajadores y aumentarles los sueldos a los funcionarios políticos, para posteriormente decretar la emergencia económica municipal y escudarse en dicha figura ante los seguros reclamos de los compañeros. Hoy, tras los aumentos del 19,5% acordados por el Estado nacional, la inmensa mayoría de los 300 trabajadores del municipio no alcanzan a superar la línea de la pobreza.

“Incluso, en algunos casos, los contratos no han sido renovados y los trabajadores deben desarrollar laborales baja la figura de pasantías, que les significan una caída de los ingresos del orden del 50%”, acota la titular de ATE Córdoba, María Teresa Romero.

Por otro lado, ATE no ha recibido desde enero pasado los depósitos de la cuota gremial de nuestros afiliados en la municipalidad que Carrizo si descuenta a los trabajadores.

“Cabe preguntarse cuál es el destino de dicho dinero. Los trabajadores ya hemos intimado a la jefa comunal a que regularice esta situación, tal como establece la ley de Asociaciones Sindicales Nº 23551, y se reserva las acciones judiciales que correspondan”, señala la dirigente.

Romero enfatiza que “sin la intención de dificultar ni poner palos en la rueda en la gestión de Carrizo, pero con la firmeza que nos impone la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, desde la ATE reclamamos un cambio en la política de la intendencia para con los empleados municipales. Así también, reclamamos la apertura de una mesa de negociación donde podamos plantear, discutir y planificar las necesidades de los compañeros en el marco del diálogo y la convivencia, actitud muy declamada pero poco practicada por políticos y funcionarios”.