Ese instrumento sancionado por el Parlamento Europeo, "criminaliza a los trabajadores, a sus familias e incluso a los niños, asimilando la migración irregular a un delito".

La declaración de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), entre ellas la CTA, acordada en la Cumbre que se realizó el lunes y martes en la ciudad de Tucumán, señala: "La Directiva insta a los Estados de la Unión Europea a ejecutar políticas sumarias de expulsión de migrantes irregulares, eliminando el proceso inicial de consulta de retorno voluntario. Y va mucho más allá cuando admite la detención de los/as irregulares durante el proceso de expulsión e introduce la «prohibición de reingreso», que impide el retorno al territorio de todos los Estados de la Unión".

Califica de "incomprensible e inaceptable" esta normativa "por su carácter discriminatorio", y que supone "una ofensa muy grave a los Derechos Humanos Universales y un golpe a la historia de fraternidad entre nuestros pueblos". "Europa ha sido emisor de migrantes en épocas críticas de hambre, guerra y pobreza durante más de un siglo; en su proceso de reconstrucción se valió de los migrantes más calificados; en las últimas décadas ha promocionado la radicación de sus empresas transnacionales en nuestros países obteniendo un lucro extraordinario a través de la explotación de nuestros trabajadores y trabajadoras", advierte la declaración.

La CCSCS recuerda que "en el V Encuentro de la Sociedad Civil Organizada desarrollado en Lima en el mes de abril, los pueblos de Unión Europea y América Latina y el Caribe elevaron a sus gobiernos su compromiso de avanzar hacia una Política migratoria de la UE gestionada en colaboración con los países de origen latinoamericano y caribeño". Y agrega: "En el mismo temperamento se expresó el movimiento sindical de ambos continentes en el IV Cumbre Sindical Europa – América Latina y el Caribe. Dos meses después el Parlamento Europeo refracta a la sociedad civil adoptando una directiva vergonzosa".

También recuerda que ya han emitido condenas los gobiernos del Mercosur, el movimiento sindical de las Américas, el Parlamento del Mercosur y la sociedad civil organizada a través del Foro Consultivo Económico Social del Mercosur. Y por eso hacen un llamado "a nuestros compañeros y compañeras sindicales de los países de la Unión Europea y en especial a la Confederación Europea de Sindicatos que expresen su total repudio a esta medida".

En esa línea exigen a los gobiernos del Mercosur "que suspendan las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y nuestro bloque regional hasta tanto no se revea la Directiva de Retorno".

Las centrales sindicales del Cono Sur concluyen solicitando que "la Unión Europea revea inmediatamente la política discriminatoria y xenófoba contra los trabajadores y trabajadoras de nuestra región".