Cuando se llevaba adelante el paro por 96 horas el gobernador Celso Jaque recurrió al 4° juzgado de Familia pidiendo una medida autosatifactiva. La jueza Ruggeri, basándose en los derechos del niño emite un fallo fijando los servicios mínimos en la atención a niños al 100% y el 50% en el ámbito administrativo, intimando a acatar la medida bajo apercibiendo del código penal.

De esta manera se suspenden las medidas de fuerzas, para comenzar una serie de acciones jurídicas a nivel provincial nacional e internacional como la revocatoria de la resolución Ministerial 1452 por violar el derecho de huelga, recurso de amparo, recurrir el fallo de la jueza y denunciar al gobierno provincial en la OIT.

Por ese motivo el jueves pasado estuvo en Mendoza el Dr. Matías Cremonte, Director del Departamento Jurídico de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) a nivel Nacional, quién en su entrevista con los medios mendocinos resaltó: “ No es la primera vez que desde ATE hacemos denuncias en la OIT por una violación realizada por el Gobierno de la provincia de Mendoza. El Gobierno debería haber propiciado la negociación colectiva. Las condiciones de trabajo y el salario de los trabajadores se discuten mediante la negociación colectiva, lo garantiza la Constitución Nacional y la OIT se ha expedido y ha sancionado al Estado Argentino para que arbitre los mecanismos de negociación”.

A renglón seguido ratificó que "desde el Consejo directivo Nacional de ATE, enviamos al gobierno provincial una carta documento para que el gobernador convoque a ATE a resolver este conflicto negociando colectivamente, que llame a paritarias, que es la forma de resolverlo, que termine con esta situación de persecución y discriminación hacia ATE y que garantice el ejercicio de derecho de huelga.”

En cuanto al fallo de jueza, Cremonte expresó: “evaluamos solicitar un jury de enjuiciamiento porque evidentemente, además de ser una aberración jurídica, también es parte de una maniobra política que trata de impedir el ejercicio de un derecho constitucional. Es inmtimidatorio -agregó- con el apercibimiento de sancionar con prisión a quienes incumplan esa sentencia. Nunca el ejercicio de un derecho es un delito y sin embargo se lo lleva a eso”.

Consultado acerca de que tendría de ilegal esta huelga contestó que "ninguno, el gobierno no hace nada, el gobierno dice a través de la resolución que es una huelga en un servicio esencial y fija los servicios mínimos al 100% en las prestaciones y en el orden administrativo el 50 % y no puede hacerlo porque no tiene competencia para hacerlo pero tampoco nadie lo puede hacer en esa magnitud del 100%, se supone que tiene un servicio de emergencia, pretende la normalidad, que no haya paro lo cual es una concepción fascista de la eliminación del disenso por la fuerza".

Para los trabajadores de Salud mendocinos el conflicto no está resuelto. "Mientras haya un trabajador bajo la línea de la canasta familiar, mientras haya sueldos de pobreza y se vulneren los derechos de los trabajadores la lucha sigue en pié", enfatiza un comunicado de prensa de ATE Mendoza.