En la inauguración de la etapa de alegatos, los abogados querellantes solicitaron reclusión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias de ley para Luciano Benjamín Menéndez, Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone, mientras que para Hermes Rodríguez, Jorge Acosta y Carlos Vega pidieron 25. Y sobre todo, insistieron en reclamar que la pena se cumpla en cárceles comunes. Como se recordará la causa Brandalisis investiga los secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Humberto Brandalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Lajas y Raúl Cardozo.

Palacios, Brandalisis y Lajas fueron secuestrados el 6 de noviembre de 1977 mientras que a Cardozo lo capturaron dos días después. Fueron torturados en La Perla y después aparecieron asesinados en un "operativo ventilador" concepto que utilizaban los represores para encubrir los crímenes.Los restos de Palacios fueron recuperados de una fosa individual del cementerio San Vicente de Córdoba por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y entregados a la familia en 2004.

Luciano Benjamín Menéndez, el principal responsable, jamás admitió las acusaciones en cambio reivindicó lo actuado "...A mis dignos subordinados de entonces no se les puede imputar nada", aseveró durante el juicio. Enmarcó su actuación dentro de lo que el llama "la guerra contrarrevolucionaria" para "enfrentar y vencer al terrorismo marxista". Dando continuidad al juicio oral y público que juzga a Luciano Benjamín Menéndez y otros represores, el proceso ingresó en la etapa de los alegatos. La parte querellante, ante una sala colmada, inició el debate que continuará el viernes con la participación de los fiscales Maximiliano Hairabedián, Graciela López de Filoñuk y Jorge Fabián Asís.

La ronda de alegatos comenzó con Martín Fresneda y Claudio Orosz, en representación de las hijas de Palacios, Valeria y Soledad Chávez, mientras que Mauro Ompré lo hizo por la familia de Carlos Lajas.

Fresneda centró su discurso en la existencia de “un plan ilegal, sistemático y generalizado de exterminio a la oposición política, llevada a cabo desde el Estado, en el marco del terrorismo de estado y la comisión de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, cometidos en el marco de un genocidio”.

El letrado destacó que pese a los escollos legales que los afectados directos enfrentaron en 25 años de lucha por obtener justicia por parte del estado, “nunca hubo un acto de justicia por propia mano”.
Luego detalló y diferenció lo ocurrido antes y después del 24 de marzo de 1976, que se profundiza con la dictadura militar en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional.

En ese sentido afirmó que se ejecutó un plan sistemático de desaparición forzada de personas que alcanzó a “30.000 desparecidos, miles de presos políticos y exiliados, miles de habeas corpus sin respuesta”, todo ello probado en la “Causa a los Comandantes” y en el juicio conocido como “Camps”(causa 44/85). Para reforzar la argumentación además de la jurisprudencia existente, analizó pruebas documentales y testimoniales aportadas por los sobrevivientes que declararon en la causa.

En relación a la metodología empleada por las fuerzas destacó que la detención ilegal, el traslado a centros de detención y la aplicación de torturas se realizaban para obtener de la víctima información configurando así un círculo perverso de nuevas detenciones.
Para ello contaban con recursos y organización que el estado les proveía.

Citó a Eduardo Luis Duhalde para explicar la existencia de un Estado terrorista:“El ocultamiento de su accionar es la primera característica del Estado Terrorista, por eso los grupos operativos no se identifican, las autoridades niegan la acción o procedimientos y los detenidos no son reconocidos como tales”. También mencionó al film “Escuadrones de la muerte, la escuela francesa”, que muestra a altos militares argentinos instruidos en esa escuela luego perfeccionada.

Más adelante manifestó que “se cuadriculó todo el país en zonas, subzonas, áreas y sub-áreas, donde los jefes militares eran dueños de la vida y de la muerte de los ciudadanos” y que su accionar apuntó a destruir a las organizaciones populares, en consonancia con las demás dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor. Para ello contaba con documentos secretos y directivas expresas.
Luego describió la estructura operativa y militar que funcionaba en Córdoba. Esto es, centros clandestinos y responsables de cada uno.

Para que “los escuadrones de la muerte” operaran existía un órgano de inteligencia centralizado denominado “La Comunidad Informativa De Inteligencia: Local y Regional”, conformado por altos Jefes del Área 311. De allí surgían los blancos y las organizaciones consideradas “enemigas”.

Luego delineó la organización técnica y funcional del Destacamento de Inteligencia 141 Gral. Iribarren y de los grupos operativos que actuaban en La Perla. Asimismo, explicó el método empleado para destruir al cautivo y luego asesinarlo. De ellos, se destaca el denominado “Operativo Ventilador”, utilizado en este caso y que significa fraguar muertes en enfrenamientos.

La extensa alocución finalizó con una referencia a la Carta a la Junta Militar escrita por Rodolfo Wlash antes de ser asesinado.

Las pruebas del caso

Claudio Orosz detalló los hechos ocurridos el día 6 de noviembre de 1977, fecha en que Hilda Palacios fue secuestrada por un grupo de “actividades especiales de inteligencia del destacamento de inteligencia 141 Gral. Iribarren, que funcionaba bajo las directivas y órdenes del titular del área 311 y del Tercer Cuerpo de Ejercito Luciano Benjamín Menéndez,fuertemente armados, algunos con vestimenta de civil y otros uniformados”.

De inmediato fue conducida al centro clandestino de detención y exterminio La Perla, donde quedó alojada y privada ilegítimamente de su libertad. Allí fue sometida a todo tipo de torturas físicas y psíquicas, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información posible sobre el Partido Revolucionario de los Trabajadores, del cual era militante.

También precisó que mientras duró el cautiverio fue sometida a condiciones infrahumanas de vida, hecho que fue corroborado por los testimonios de los sobrevivientes que declararon en la causa. Hasta que finalmente en la noche-madrugada del 14 al 15 de diciembre de 1977, fue retirada de la cuadra, junto a Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, para luego asesinarlos en un operativo ventilador, simulando un enfrentamiento armado.

Sin embargo, el cuerpo ingresó al hospital Militar y luego a la morgue judicial con el nº 1184, permaneciendo por ocho meses en el lugar. La causa de su muerte informa que se produjo “por las heridas de arma de fuego que recibiera, causando un shock hemorrágico traumático, tal como resulta del acta de defunción nº 1493-tomo 2º-serie “c”-año 1978 y sus restos inhumados clandestinamente en una fosa individual nº 326 cuadro b, s/nueva, con fecha 3 de agosto de 1978”.

Apoyado en el alegato de Fresneda y citó los datos aportados por los testigos y que configuran una metodología. Sobre el método empleado desde que se produce el secuestro, pasa por el centro La Perla y culmina con el traslado, fue armando un rompecabezas siniestro que revela cómo ocurrieron los hechos, quiénes fueron los responsables y porqué deben ser condenados por delitos gravísimos. Asimismo determina las responsabilidades de cada uno de los acusados –que aclara son funcionarios públicos- y su participación en los hechos dentro de una “estructura estatal criminal”.

Pudo observarse sobre el escritorio de los abogados de los organismos de derechos humanos, las fotos de Tomás Di Toffino, dirigente de Luz y Fuerza asesinado en La Perla, de Tomás Fresneda – abogado laboral- y su esposa Mercedes Argañaraz, embarazada, desaparecidos durante la cacería denominada la noche de las corbatas, y de Otilia Lescano de Argañaraz cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba. También de los estudiantes desaparecidos, alumnos del colegio universitario Manuel Belgrano, compañeros de Orosz: Carlos Román, Gustavo Torres y Pablo Shmucler.

Y el coraje dónde está

El último en presentar su alegato fue el abogado Ompré, querellante particular de la familia Lajas quien advirtió que para no ser reiterativo solo destacaba algunos puntos ya que coincidía con las presentaciones de los otros abogados. Destacó que este proceso no es común por su trascendencia, histórica, política y jurídica. “Considero que es especial porque se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado”, afirmó.

En ese orden remarcó que la prueba no debe ser valorada como un delito común porque hubo “sistematización en la comisión del delito”. Sus argumentos se anticipan a lo que la defensa podría alegar luego. Así, consideró que “no es necesaria la prueba directa porque el único elemento que tiene-la defensa- es decir que los acusados no se encontraban asesinando directamente.

Tras recorrer desde los hechos el periplo sufrido por Lajas, aportó pruebas que dan cuenta del secuestro y posterior estadía en La Perla basado en los testimonios de los sobrevivientes.

Pidió para los acusados Menéndez, Manzanelli, Díaz, Lardone y Padován sean condenados a reclusión perpetua mientras que para Vega, Acosta y Rodríguez, solicitó 21 años al igual que los otros abogados pero que al final pasan a ser 25 considerando los demás casos. “Obviamente- dijo- la prisión domiciliaria en un beneficio por lo que deben cumplir la condena en cárceles comunes”.

Para finalizar comparó la actitud de los damnificados que mantuvieron sus convicciones en contraposición con los ocho represores que en vez de reconocer “las atrocidades cometidas y la impunidad con que actuaron ” se amparan en los beneficios del Estado de derecho. “Tienen las botas manchadas con sangre” afirmó y se preguntó donde quedó el coraje de aquella frase tan cara a los militares: “subordinación y coraje”.