El pasado martes, 16 de agosto, se cumplieron 13 meses de los incidentes ocurridos luego de una movilización hacia la Legislatura porteña convocada por diferentes organizaciones para rechazar la aprobación del Código de Convivencia. También se cumplieron 13 meses y 1 día de cárcel para los 15 manifestantes detenidos luego de los incidentes, quienes están privados de su libertad mientras avanza la causa y han resuelto iniciar una huelga de hambre líquida hasta que se les otorgue, de acuerdo a la ley vigente, la excarcelación mientras dure el proceso y se inicie el juicio oral y público.

Nora Cortiñas, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, encabezó la conferencia acompañada por Ricardo Peidro, secretario de Derechos Humanos de la CTA nacional, Fabio Basteiro, titular de la Central porteña y otros representantes de organismos de Derechos Humanos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “¿Por qué la justicia es para unos pocos? ¿Por qué dejaron libre a Chaban y a Maria Julia? Esto demuestra que hay una intencionalidad política, que es la de criminalizar la protesta social”, enfatizó Cortiñas.

También estuvieron presentes allí familiares de los detenidos, quienes anunciaron que los apoyarán haciendo ellos también “una huelga de hambre por la excarcelación”. Los 3 detenidos que ya iniciaron la protesta son César Gerez, Marcelo Ruiz y Pablo Amitrano, presos en el penal de Devoto y prometen sumarse el resto de los detenidos que se encuentran allí y en la cárcel de mujeres de Ezeiza. “Están detenidos arbitraria e ilegalmente. Esta es la justicia que se aplica a los pobres, a los desprotegidos y a todos aquellos que, en el marco de nuestra Constitución Nacional, se manifiestan pacíficamente”, expresó luego Fabio Basteiro, secretario general de la CTA porteña.

Durante la conferencia, los representantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos recordaron que los abogados de los 15 detenidos han presentado el pedido de excarcelación no sólo ante la jueza de instrucción que lleva adelante la causa, Silvia Ramona, sino también ante la Cámara de Casación, la misma que la semana pasada dejó en libertad a Raúl Castells.

“Están procesados, pero no fueron a juicio y por lo tanto no están condenados”, explicó Basteiro y recordó que “el argumento central por el cual les niegan la excarcelación es que ellos podrían escaparse, que podrían ser prófugos de la Justicia. O sea que, sin haber sido juzgados, ya están condenados por coacción agravada, privación ilegítima de la libertad y resistencia a la autoridad. Están condenándolos, no juzgándolos. Y eso es ilegal, eso es criminalizar la protesta”.

Los detenidos y sus abogados han presentado ese pedido en distintas instancias y esperan llegar a la Corte Suprema de Justicia para que sea ella quien resuelva su excarcelación. “Ni siquiera se está hablando del juicio o de la investigación. Se está pidiendo la excarcelación, la misma que recibieron Chabán, María Julia Alzogaray, Villarreal, los que recibieron coimas en el Senado y hasta los que están procesados en el caso AMIA”, indicó el dirigente de la CTA.

También sostuvo que los detenidos, en su mayoría, son vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales y de comedores de la ciudad y fueron detenidos fuera del ámbito de los disturbios. Incluso en las filmaciones que la Justicia tiene como pruebas, no hay ninguna imagen que muestre a los detenidos entre los que provocaron los destrozos. “Nosotros estuvimos ahí y sabemos que hay una responsabilidad del poder político, que estructuró junto a los servicios de inteligencia una zona liberada para que integrantes de barras bravas y patotas destruyeran el edificio”, recordó Basteiro al finalizar la conferencia.

También indicó que tanto los representantes de la Central, como de los distintos organismos de derechos humanos presentes ayer y de otras organizaciones, han mantenido reuniones con representantes del Gobierno de la ciudad y del Gobierno nacional sin recibir ningún tipo de respuesta. “Todos admitieron que este caso es una terrible injusticia y un claro ejemplo de criminalización de la protesta y de disciplinamiento social”, dijo Basteiro y recordó que los hechos sucedieron en el marco “de la votación de un código contravencional que es en realidad un código penal que criminaliza la protesta y la pobreza y que limita la libertad de trabajo y de manifestación política”.

El dirigente indicó como responsables de esta maniobra a “los integrantes de la bancada macrista dentro de la Legislatura porteña y también al Jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, responsable político de la mayor tragedia no natural que es Cromañon y que aun no tiene a ningún responsable detenido”. Asimismo, Basteiro explicó durante la conferencia que tanto la CTA como los organismos allí presentes se solidarizan con los detenidos que iniciaron la huelga de hambre a pesar de que “nos parece que ya es demasiado con que les quiten la libertad y la dignidad del trabajo como para que encima le otorguen a estos burócratas su vida o los efectos físicos o psicológicos que puedan tener con esta medida”. Finalmente, instó a las autoridades del Gobierno nacional y de la ciudad, responsables máximos de esta injusticia, para que “arbitren los mecanismos que permitan que haya justicia para estos 15 compañeros”.