A juicio de los trabajadores, la patoteada de los seguidores de Moreno indica "lo que pueden llegar quienes dirigen el Instituto, en su hostilidad hacia los trabajadores que denunciamos la situación por la que atraviesa el organismo desde enero de 2007".

En un comunicado de prensa de la Junta Interna de ATE-INDEC, se sostiene que "estos hechos dieron lugar a que un amplísimo arco social, profesional y político manifestara su preocupación. Desde la multitud de trabajadores que se solidarizaron con nosotros hasta destacados economistas cercanos al gobierno, desde figuras de la oposición hasta legisladores oficialistas, la sociedad en general ha comenzado a reconocer la gravedad del proceso de deterioro de las estadísticas públicas hoy en curso".

Agrega que "sin embargo, pese a la demanda generalizada de enfrentar el problema y de poner fin a la persecución de los trabajadores que lo hicimos público, nada ha cambiado y aguardamos aun una respuesta a la solicitud de una entrevista hecha por nuestra parte a la Jefatura de Gabinete".

Por ello señalan que:

1- "Los desplazamientos, la pérdida de tareas, la remoción de equipos de trabajo, las sanciones económicas (distribución arbitraria de hs. censales, extras, baja salariales, discriminación contractual, etc.), los sumarios injustificados y las amenazas veladas y directas de que son objeto los trabajadores del Instituto que no adhieren “políticamente” a la Intervención o que objetan sus injustificables alteraciones “técnicas” configuran un clima laboral irrespirable, que apunta deliberadamente a empujar al personal formado durante años a abandonar el INDEC.

2- Los procedimientos empleados para forzar la emigración masiva de trabajadores y técnicos violan los más elementales derechos sindicales y aun las garantías consagradas por la Constitución Nacional.

3- El cuadro de situación ha alcanzado una gravedad tal que conviene llamar las cosas por su nombre para que se entiendan claramente: el INDEC, sostenido por los impuestos pagados por millones de contribuyentes, en su mayoría trabajadores, está siendo lisa y llanamente desmantelado.

4- Nos negamos a cualquier tipo de utilización política de nuestras demandas. Somos trabajadores que, como haría cualquier trabajador, defendemos nuestra fuente de trabajo. Somos estatales que no nos resignamos a una actitud cínica y descomprometida con el servicio público que brindamos. No confrontamos por razones políticas ni económicas; tampoco defendemos otra cosa que la calidad de la información que deberíamos producir y las condiciones de trabajo en que debería tener lugar esa producción.

5- Insistimos en la necesidad de que, por encima de los interventores Ana María Edwin, Hernán Brahim, Rubén Zampino, José Luis Blanco, etc., las autoridades responsables abran una instancia de diálogo que posibilite dar salida a este conflicto, en beneficio de la institución y de la sociedad que la sostiene.

6- Denunciamos a la patota porque nadie debe aceptar la impunidad de los grupos de choque y de los que los arman y fomentan. Es tan elementalmente democrático que resulta sorprendente tener que decirlo".