“No se puede descartar la connivencia de algunos empresarios con un sector de la policía”, admitió Stagnaro, quien prometió contactar a las autoridades locales para interiorizarse del tema y evaluar posibles medidas al respecto.

El incendio del local de la CTA en el Puerto de Mar del Plata “no fue un hecho aislado, sino parte de una persecusión sistemática a los trabajadores donde vemos complicidad policial, y nos preocupa conocer la estrategia de este Ministerio para ponerle freno”, planteó Godoy al iniciar el encuentro. De la reunión también participaron el responsable de Organización de la CTA bonaerense Julio Ortellado y el secretario de Interior Pablo Masciángelo.

La Unión de Trabajadores del Pescado de Mar del Plata, que recientemente acaba de obtener su Personería Gremial, venía protagonizando un fuerte reclamo por salarios adeudados, y varios compañeros habían recibido agresiones y amenazas los días previos al incendio del local, que fueron oportunamente denunciadas.

“Nosotros somos reprimidos por pedir que se cumpla la ley, que nuestros compañeros estén registrados y trabajando en las condiciones que corresponde”, recalcó Villaola. “Pero la ley es muy suave para los empresarios y muy dura para los trabajadores”.

La comisaría 3era. de Mar del Plata está en la misma jurisdicción de las empresas cuestionadas y a tres cuadras del local incendiado, por lo cual, opinó Godoy, “o son responsables por complicidad, o lo son por ineptitud y negligencia".

En ese marco, la CTA volvió a pedir que se tomen medidas concretas respecto al inspector Gustavo Salvá, Jefe Distrital de Policía. Salvá fue la cara visible de una seguidilla de episodios que incluyeron, el año pasado, la brutal represión de una manifestación sin que mediara orden alguna del fiscal actuante, y una agresión al premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel cuando se encontraba apoyando a los trabajadores.

Al respecto, Godoy recordó todos estos hechos se le informaron oportunamente al Ministerio “sin que, hasta donde sabemos, le haya costado ni siquiera un tirón de orejas”.

El subsecretario de Seguridad escuchó atentamente el relato de los compañeros, admitió que “no se puede descartar la connivencia de algunos empresarios con un sector de la policía” y prometió ocuparse personalmente del tema. Asimismo, aseguró el compromiso por parte del Ministerio y el gobierno provincial de "tomar las medidas que correspondan" según el resultado de las investigaciones.

Finalmente, el secretario General de la CTA transmitió la inquietud de la Asociación por la Defensa Integral de los Derechos (APDIP) por el reciente asesinato y descuartizamiento del travesti Carlos Enrique Pullua Córdoba. Un caso que –si bien sus características particulares no están esclarecidas- en Mar del Plata trajo reminiscencias de la serie de asesinatos de trabajadoras sexuales ocurridos hace unos años, que inicialmente los medios masivos atribuyeran a un supuesto “loco de la ruta”, pero luego trascendió que hubo bandas policiales involucradas.

Cabe recordar que el compromiso asumido por el subsecretario de seguridad se suma al que manifestara, por los mismos hechos, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, ante el mismo Villaola y el secretario General de la CTA nacional Hugo Yasky.