Estas palabras, dichas sin más, marcan simplemente un indicio de un camino que por haberlo transitado y protagonizado conocemos, pero habitualmente a estas tres palabras las extendemos tratando de profundizar su contenido acompañándolas con otras.

Decimos: democracia más profunda y participativa, distribución a favor de los intereses del pueblo y soberanía para poder ser los dueños como pueblo de nuestro destino de vida mejor.

Podríamos afirmar que sólo puede profundizarse la democracia como una más justa distribución de la riqueza en favor del pueblo y con soberanía popular, o bien, que con más democracia puede haber mejor distribución y soberanía.

Entonces surge la pregunta ¿con ésta democracia se puede distribuir mejor la riqueza y consolidar la soberanía?

Estado y movilización popular

En la puja distributiva entre ellos (los grupos económicos) y nosotros (el pueblo), sabemos de la capacidad económica de ellos y de su decisión política de apropiarse cada día de mayor riqueza como también de las limitaciones de nuestro campo popular y de la necesidad de construir más unidad política.

No hay puja distributiva sin conflicto. Conflicto de intereses por la riqueza, y no podemos entrar en esa disputa con posibilidades de éxito sin mayor unidad política, organización y movilización.

Pero aún contando con estos elementos imprescindibles para abordar nuestra intervención en esta puja, sería muy difícil lograr el éxito sin un Estado que tenga capacidad para difinir a nuestro favor, con decisión y herramientas acordes.

Si después del triunfo de los grupos económicos del complejo agroindustrial sojero, nuestra democracia no genera conflicto por avanece en la distribución favorble al pueblo con aumentos salariales, el 82% móvil, retenciones a la minería, a la pesca, a la renta financiera, la nueva Ley de Radiodifusión, políticas sociales universales, entre otras medidas progresivas, lo que queda es un intento con posibilidades de éxito de restauración neoliberal oligárquica.

En este marco el ministro de Desarollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, convocó junto a 30 entidades y organizaciones sindicales, sociales, confesionales, académicas y empresarias a la constitución del Consejo Consultivo de Políticas Sociales de la Provincia de Buenos Aires.

Arroyo planteó el objetivo de construir para 2009 un Presupuesto Participativo del Ministerio para las políticas sociales.

La CTA ha participado y se ha sumado con activa militancia a esta discusión, procurando hacer realidad aquello de Estado y organizaciones populares discutiendo sobre políticas sociales de Estado.

Es un hecho auspicioso que entre otros temas, como la problemática alimentaria, de la juventud, productiva y de fortalecimiento institucional, en los cuales hemos propuesto criterios de universalidad y asociativismo como ejes fundamentales, haya surgido y es importante en esto reconocer la iniciativa política del ministro Arroyo, la voluntad de impulsar en la provincia de Buenos Aires la Asignación Familiar Garantizada para todos los niños y jóvenes de 0 a 18 años.

Por esto venimos luchando desde hace años. Y estamos convencidos, además, de que la Asignación Familiar para todos los chicos es un hecho trascendente de justicia social, porque no se puede castigar a un niño deblemente: con su padre sin trabajo o precarizado y, además de ello, no darle su Asignación Familiar correspondiente.

Lo apoyamos en la provincia de Buenos Aires y continuaremos impulsando este derecho en todo el país y para todos los pibes.

Creemos profundamente en más democracia y por ello nos vuelve a surgir la pregunta, ¿con ésta democracia se puede distribuir mejor la riqueza y consolidar la soberanía?. Si construimos unidad y movilización popular es que posible que sí.

Artículo publicado en la edición de agosto de 2008 en el periódico La Central, Paso a paso en la provincia de Buenos Aires, que edita la CTA bonaerense