La entidad, que reúne a 56 organizaciones vinculadas al trabajo rural de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y Santa Fe, llegó a la Capital Federal para entrevistarse con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y plantear sus propuestas sobre la tierra.

Integrada por organizaciones campesinas e indígenas vinculadas al trabajo rural, la Asamblea Campesina del Norte Argentino arribó ayer a la ciudad de Buenos Aires para presentar sus propuestas y demandas en relación a la tierra, la contaminación, el agua, la producción y la comercialización.

Llegaron seis representantes de cada provincia integrante de este espacio: Teodoro Suárez (Santa Fe), Román Gamarra (Chaco), Alfredo Riera (Salta), Teodoro Fernández (Formosa), Carlos Curima (Corrientes) y Eduardo Ibañez (Santiago del Estero).

Y se reunieron con representantes de la Secretaría de Agricultura, se contactaron con medios de comunicación y visitaron la CTA, en donde fueron recibidos por diferentes miembros de su Mesa Nacional, entre ellos Hugo Yasky y Víctor De Gennaro.

La Asamblea Campesina del Norte Argentino agrupa a 56 organizaciones regionales y más de 1200 familias. Lleva ya dos años de vida en los cuales se realizaron ya siete encuentros en los que se debatió sobre la agricultura familiar, el desarrollo socioterritorial, la cuestión de la teirra y la Ley de Bosques.

De allí surgió un documento en el que cual se plantea la necesidad de “políticas públicas de desarrollo rural con las organizaciones campesinas”, que los gobiernos “hagan cumplir las leyes, limitando la compra de tierras por parte de extranjeros”, y también sobre el uso “de agrotóxicos, a nivel provincial y nacional”.

Por otra parte, demandaron “un ordenamiento territorial” para garantizar “la sustentabilidad del recurso hírdrico en las diferentes regiones” y que existan “normativas claras y articuladas respecto al uso de aguas superficiales y subterráneas”.

Asimismo demandaron proyectos productivos que contemplen equipamientos y tecnologías; adecuar “la implementación de la normativa sanitaria, a la situación de los pequeños productores y la agricultura familiar”; crear un sistema “de aportes tributarios especiales para pequeños productores; y favorecer “la compra de productos campesinos por parte del Estado”.

“Faltaba un sector y era el nuestro”

En diálogo con ACTA, Teodoro Suárez, de la Unión de Pequeños Productores de la Cuña Boscosa, relata: “Es alarmante la situación que estamos viviendo: nos vamos quedando sin tierras, día a día nos van desplazando a través de la soja, de las contaminaciones, del agua que nos van sacando”.

Y añade una mirada sobre el prolongado conflicto entre la cuatro entidades del campo y el Gobierno nacional: “Sentimos mucha angustia porque veíamos que no estábamos reflejados como pequeños productores. Esa lucha no era la nuestra, nuestra lucha por años es la de la tierra, contra la desocupación y el avance sojero que te va desplazando. Y en esta lucha del campo y el gobierno no nos sentíamos reflejados. Faltaba un sector y era el nuestro, el que nunca salió en los medios y el que hoy está planteando estas necesidades”.

En este punto, Alfredo Riera, de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, explica: “Se habló mucho del tema del campo, pero no del campo en general, porque el campo también somos nosotros, y nadie se acordó, nadie habló”. Y revela: “El avance de la frontera agropecuaria, la falta de caminos, de infraestructura, de educación, de proyectos productivos para el sector del pequeño productor es lo que lleva a que la gente inmigre del campo a la villa miseria, a los conurbanos de las grandes ciudades”.

En referencia a la situación de su provincia Riera apunta: “La gente del norte está muy olvidada. Estamos siendo desalojados, no nos escuchan. Así nos pasa en Salta, donde 360.000 hectáreas fiscales fueron dadas en concesión a dos empresarios. El pequeño productor, en medio de todos estos empresarios, termina regalando la producción porque faltan políticas de Estado para poder comercializar. Las comunidades indígenas están siendo desalojadas, las que históricamente convive la comunidad criolla con los índigenas del Chaco Salteño y son cosas que no se cuentan”.

Como integrante del Movimiento Campesino Formoseño, Teodoro Fernández, cuenta uno de los casos más emblemáticos de los padecimientos de los agricultores con la obra hidrovial que inundó el Bañado La Estrella dejando en el desamparo a 1200 familias: “El gobierno provincial juega un rol muy importante contra los pequeños agricultores. Y en esto quiero ser bien claro porque cuando `el campo´ dice `somos representantes de pequeños y medianos productores´ no se refiere a nosotros. Los pequeños son para ellos los que tienen 200 hectáreas para abajo. En estas seis provincias son de 1 hectárea a 30. No estamos dentro del modelo productivo de ellos”.

“El campesino jode con esta expansión de la soja”

Carlos Curima aporta su visión sobre la comercialización de los productos. “Está limitada”, dice. “Tiene que haber una economía en la que podamos trabajar libremente, llevar nuestros productos. En el tema de semillas: ya ni huerta podemos hacer. Se fundieron las semillas. Con la fumigación están matando nuestras plantas, nuestros animales. No tenemos como darles de comer. Hoy no están sacando de nuestros lugares, nuestros hijos se están yendo del campo. Hay pueblos que están desapareciendo. Ese es el dolor que tenemos como campesinos”.

En tanto que Eduardo Ibañez habla de la lucha desigual contra los grandes empresarios del sector: “Los recursos no van a los campesinos, va siempre a los grandes. Hay una economía campesina, hay una economía indígena que no está siendo valorada. La que se valora es la del gran empresario, la de la gran inversión”.

La charla discurre sobre los distintos aspectos de la vida campesina, sobre la agricultura de subsitencia, sobre la naturaleza solidaria del trabajo rural entre los vecinos y familiares. La falta de reconocimiento a este sector: es una economía que “permitió susbistir a miles de familias durante muchos años en un pedazo chico de tierra”, que produce alimentos y muy diversos, que se mantiene con un sistema de autoabastecimiento, “pero también para convidar al vecino o para mandarle a los parientes que viven en el pueblo”.

Entonces surge el ejemplo cotidiano de la injusticia contra el pequeño productor: “El chivito no lo podemos matar porque si lo agarran en el camino nos lo quitan. Un lechón para Navidad para llevarle a un pariente tuyo en el pueblo no se puede porque está prohibido. Las leyes están hechas para los grandes: todo tiene que pasar por el frigorífico, no hay nada de consideración”, enumera uno, mientras el resto asiente con la cabeza. Y complementa otro: “La única mirada que hay sobre la economía indígena y campesina es la del subsidio. Beneficencia. El apoyo del Estado no va a la producción campesina. Y el campesino jode con esta expansión de la soja”.