El desalojo producido a una comunidad originaria a fines de julio en el Talar, acto producido por la orden del juez Argentino Juárez, por que esas tierras habrían sido vendidas, desconociendo leyes que hablan de la prohibición de desalojar. Se realizaron distintas reuniones con funcionarios del gobierno provincial, que en un primer momento atendió los reclamos el ministro de gobierno y justicia, Julio Costas; que hasta el momento no se consiguió la respuesta de restitución definitiva de esas tierras.

Más allá de toda ley, lo que no se respeto, es el derecho de las comunidades aborígenes por las tierras, que la trabajan desde muchos años atrás, y entre otra cosas no se tuvo en cuenta que se dejaba a un centenar de personas sin nada así por que si, esa comunidad llevo los reclamos a las autoridades gubernamentales, no consiguiendo respuestas favorables.

Pero no solo se perjudico el hábitat de las personas, se supo que ya se había autorizado el desmonte de la zona en forma discriminada, esquivando las normas que se refieren al cuidado de los bosques, la comunidad perjudicada Jase Endi Güazú planteo que se estaba incumpliendo con leyes como la 26160 que se refiere a la propiedad ancestral y a la ley que menciona a las área protegidas como reservas de biosferas.

El pasado lunes la Organización Barrial Tupac Amaru, junto a la ODIJ (Organización de Desocupados Independientes de Jujuy), Argentina Grande; COAJ (Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy), CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), se movilizaron en más de treinta y cinco colectivos hacia el lugar para buscar una solución para esta comunidad aborigen.

Lo que se logró en un principio es que la comunidad Jase Endi Güazú quedara en su lugar de origen a la espera de que el gobierno de la provincia regularice la situación. Respecto a este tema, la referente de la Organización Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala, dijo “Aquí no hacen falta, abogados, escribanos, ni un Juez, porque sentimos que son tierras que dejaron nuestro antepasados y que heredaron nuestros abuelos, que en la actualidad son los jefes de estas comunidades”.
A pesar de que estas personas quedaron nuevamente instaladas en sus tierras, las organizaciones no quedaron conforme porque no se dejo nada escrito que le garantice a la comunidad aborigen en cuestión la permanencia y no tengan que sufrir otro desalojo, legisladores provinciales impulsaron un pedido de informe para que el Juez Argentino Juárez de respuesta del accionar que tuvo sobre el desalojo producido el 28 de julio.

Ampliando sus declaraciones Sala dijo que “el gobierno tiene que empezar a reveer con la secretaria de Derechos Humanos de que comiencen a devolverse las tierras a nuestras comunidades, por que esto no lo vamos a permitir, no queremos mas saqueos a nuestros pueblos originarios, por eso vamos a luchar no solo por esta comunidad lo haremos con todas nuestras comunidades aborígenes de la provincia”.

“Nosotros veníamos diciendo que es un negociado de algunas partes, de sectores políticos de la provincia donde se dedican a vender las tierras, sin ser dueños, ni el Estado. Lamentablemente los más damnificados son las Comunidades Aborígenes, en la cual decimos a Esterich (supuesto dueño), que tenía plazo hasta para desocupar las tierras. En caso contrario nosotros nos manifestábamos a tomar las tierras, porque esta tierras no son solamente de nuestros hermanos guaraníes, son de nuestro antepasados. Hace rato que estábamos luchando separados, pero nos dimos cuenta que esta lucha es de todos, sino nos van a hacer retroceder 500 años atrás; donde nos venían a invadir, colonizar, robar lo que es nuestro. Se supo extraoficialmente que quien habría adquirido las tierras, ya los desalojos permitiendo a la comunidad aborigen habitarlas nuevamente".

En estos momentos la comunidad güarani permanece a la espera de que el gobierno les solucione el problema en forma definitiva, que no sólo quede en palabras, que se firmen documentos u otros elementos legales para tranquilidad de sus familias.