Las planillas (ver documento adjunto) ya comenzaron a distribuirse en todo el país. Se busca lograr en tres años los 6 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) como piso mínimo de inversión educativa, garantizado por la Nación y las Provincias. Cada punto del PBI equivale a 4.500 millones de pesos; la actual inversión representa alrededor del 4%, por lo que el incremento propuesto alcanzaría los 9.000 millones en un lapso de 3 años.

Desde la CTERA consideran que para lograr la dignificación del trabajo docente; terminar con la exclusión, la desigualdad y la deserción escolar; garantizar la escolaridad desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria; construir y mejorar los edificios escolares; contar con material didáctico, bibliotecas y recursos tecnológicos; y otorgar becas escolares para los alumnos de todos los niveles se necesitan una nueva ley de financiamiento educativo.

También reclaman la activa participación del Estado Nacional en el sostenimiento del sistema educativo que a lo largo de los últimos años se ha desentendido de ese deber. “En 1965, la inversión estatal nacional alcanzaba el 40% y la de las provincias era del 60%. En 1992, el Estado sólo participaba en un 2,3% y las provincias ponían el resto”, analiza un documento elaborado por el gremio docente de la CTA.

Desde Posadas, capital de Misiones, el titular de la CTERA, Hugo Yasky, explicó en diálogo telefónico con ACTA los contenidos y detalles de la “Campaña Nacional por una Ley de Finaciamiento Educativo” que empezó hoy y culminará el 30 de septiembre. Yasky asistió al congreso provincial del que participan 4.000 docentes de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM); también secretarios generales del resto de las entidades de base de CTERA de todo país y miembros de su conducción nacional.

Hugo, ¿cuáles son los ejes principales de esta campaña que se inicia hoy?

Nosotros planteamos que la crisis de la escuela pública responde a causas estructurales. Que hay un modelo, el neoliberalismo, que se instaló en 1990 en la Argentina y hoy está haciendo agua. Por eso entendemos que se hace necesario volver poner al Estado Nacional como co-garante del sostenimiento de la escuela pública y del derecho social a la educación.

Aquí hay dos sujetos de derecho que fueron absolutamente vulnerados, arrasados, en estos 15 años: uno, nuestros alumnos que perdieron la posibilidad de tener un mínimo nivel, un mínimo piso de igualdad, garantizado en todo el país a través de la escuela pública; y el otro, el docente que hoy vive sufriendo las consecuencias de salarios que, a lo largo de 13 años, fueron la variable de ajuste permanente dentro del sistema educativo. Esto se agravó cuando se provincializó el sistema a partir de 1992 y las desigualdades que ya existían se multiplicaron; las brechas hoy son irrecuperables si no hay una participación activa del Estado nacional que éste como co-garante, tanto del pago de los salarios docentes en un nivel de dignidad, como el nivel de igualdad educativa.

¿Qué respuesta esperan de las autoridades nacionales y provinciales a esta campaña de los trabajadores de la educación?

Hay una decisión muy grande en la base docente de resolver primero el financiamiento y luego marchar decididamente a plantear la necesidad de una nueva ley nacional de educación para derogar la Ley Federal, pero con una propuesta surgida de la propia base docente. No queremos dejar en manos de los que votaron las leyes anteriores, la definición de un nuevo modelo para un sistema educativo nacional.

¿Y el Parlamento actual garantiza eso?

La principal fuerza para garantizar eso esta en la base docente y en la comunidad educativa. Por eso hoy se está haciendo en Misiones un congreso en el que participan 4.000 docentes de toda la provincia y ya hemos realizado encuentros similares a estos en todo el país. El 30 de septiembre y el 1º de octubre se realizará una gran congreso nacional para definir una propuesta alternativa, superadora de la Ley Federal de Educación de 1.993 y en el terreno del financiamiento apelamos a la participación de la comunidad. Los petitorios que hoy vamos a empezar a firmar en todo el país van a marcar una gran fuerza movilizada reclamando resolución al tema del financiamiento y entiendo que esa presión social puede llegar a convertirse en políticas públicas. Docentes; padres y madres; alumnos y estudiantes; convergeremos a fin de mes en una gran marcha al Congreso nacional para entregar los petitorios; y seguirá la presión docente hasta que haya una respuesta que salde la deuda que existe con los docentes y alumnos de todo el país.

¿Cuáles serán los hitos más importantes para destacar de esta campaña?

Hay cuestiones importantísimas: una de ellas es que se llegue al 6% del PBI y, en ese sentido, que no quede depositado el peso mayor sobre las provincias. El Estado, por lo menos, debe asumir en paridad la obligación de aportar para que se logre esa cifra de 6 puntos del PBI. Esto tiene que garantizar la existencia de un fondo compensador de las desigualdades a nivel de los salarios de los docentes. Sin un instrumento de este tipo es imposible resolver la situación de provincias que hoy están hundidas en un mar de miserias, como las del NOA y las del NEA, separadas por una brecha enorme con las provincias patagónicas que cobran sus regalías petroleras o con la ciudad de Buenos Aires.

Además del salario docente unificado a nivel nacional, la CTERA habla de oportunidades y posibilidades para que todos puedan estudiar, de las condiciones de trabajo, de cuestiones edilicias...

... Es clave poder concretar con esta ley de financiamiento la base de recursos que hace falta para poder reconstruir el sistema de educación pública que empezó a ser desarmado en los 90 de manera intensiva, pero que ya venía siendo desmantelado por la dictadura militar en 1976. Se debe garantizar recursos para la igualdad en el derecho a la educación, ya sea al hijo de un campesino formoseño, al hijo de un profesional de la capital federal, al hijo de un desocupado del Chaco, o al hijo de un habitante de la Patagonia. La desigualdad educativa hoy se manifiesta en términos de fracaso educativo y de exclusión y la única manera que vemos para que en este país se pueda distribuir la riqueza con un modelo democrático y solidario es avanzando sobre la distribución del conocimiento. La distribución de la riqueza y la distribución del conocimiento marchan en paralelo. Hay que consolidar una Argentina con un modelo de sociedad más justo.

¿Cuál sería el piso salarial para empezar a hablar de dignidad docente en su labor?

Este año se logró llegar a un piso nacional de 700 pesos que significó un avance en muchas provincias que estaban muy por debajo, pero que tuvo como efecto colateral producir un achatamiento total de la carrera docente; de modo que hay provincias donde se empieza a ganar 700 pesos y al final de ciclo se termina ganando 760. Hay que recomponer toda la escala salarial, por eso tiene que haber una discusión nacional que hoy no existe sobre el salario docente. En ese marco, un sueldo de dignidad no puede estar por debajo de los 2.300 o 2.400 pesos si tomamos como referencia la canasta básica familiar y esa es una línea, un punto al que gradualmente deberíamos estar llegando.