
Las impugnaciones presentadas por los organismos de derechos humanos contra la candidata Silvia Martínez por sus polémicas posturas sobre la situación carcelaria en el país fueron descartadas sin ninguna explicación por razones “formales”.
“Dejó un saldo preocupante y renovadas dudas sobre la voluntad real de implementar un mecanismo institucional transparente para la elección del Procurador Penitenciario”, denunciaron.
A pesar de las más 12 observaciones e impugnaciones de los organismos de derechos humanos, Silvia Martínez podría ser designada al frente de la Procuración Penitenciaria de la Nación, aunque entre sus actuaciones más polémicas “haya negado públicamente, en diciembre del año pasado, la tortura y los malos tratos en las cárceles federales, a través de un comunicado de prensa de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General que ella dirige”.
Las organizaciones cuestionantes son la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Plata, y Azul, el Instituto Gino Germani de la UBA, la Casa del Liberado de Córdoba, Asociación La Cantora y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Entre otros tópicos también le cuestionaron a la postulante “su falta de independencia respecto del actual Director del Servicio Penitenciario Federal”, fuerza que, por otra parte, es a la cual deberá controlar, y a la cual elogió cuando destacó los logros de la gestión al frente del SPF de Alejandro Marambio, a quien le atribuyó “profundas reformas”.
Asimismo, los organismos derechos humanos le adjudicaron “falta de trayectoria en defensa de los derechos humanos” de Martínez, y que solo acreditó su trabajo en la Defensoría Oficial. “Los avales presentados (122 de 155) –repudiaron– corresponden centralmente a integrantes del Poder Judicial, lo cual revela respaldo corporativo, pero no funda el imprescindible recorrido y compromiso que debe acreditar un funcionario responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en los lugares de encierro”.
El martes 26 de agosto se realizó en el Congreso de la Nación la audiencia pública convocada por la Comisión Bicameral que debe llevar adelante el procedimiento institucional de selección del titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación, organismo que tiene por fin controlar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
“Se ocultó información, los organismos no pudimos tener ningún tipo de participación y además sin ninguna explicación se nos dijo que por razones formales el grueso de las impugnaciones presentadas habían sido rechazadas”. De este modo evaluó la audiencia Roberto Cipriano, coordinador del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria.
Y a pesar de que la candidata Silvia Martínez recibió más de doce impugnaciones de los organismos de derechos humanos que trabajan en la problemática carcelaria, las mismas fueron descartadas sin ninguna explicación por razones “formales”. Los organismos calificaron a la jornada como “preocupante” y expresaron sus “dudas” sobre “la voluntad real de implementar un mecanismo institucional transparente para la elección del Procurador Penitenciario”.
Los bloques políticos presentaron tres candidatos: la mencionada Martínez postulada por el Frente para la Victoria; Francisco Mugnolo por la Unión Cívica Radical (UCR), el bloque Memoria y Democracia y Concertación Entrerriana, y Ernesto Moreau por la Coalición Cívica (CC). El proceso de selección se completa cuando una Comisión Bicameral selecciona de uno a tres candidatos y los eleva al plenario del Congreso que debe elegir uno.
El CELS había presentado un pliego de 15 preguntas para que respondan los candidatos y las mismas no fueron tenidas en cuenta. La Comisión por la Memoria y de la Casa del Liberado de Córdoba exigió aclaraciones sobre las razones formales con las que fundamentaba el rechazo de las impugnaciones. “No hubo respuestas”, aclaró Cipriano. Y agregó: “El desarrollo de la audiencia nos dejó la sensación de que fue un `como si´, vergonzoso desde el punto de vista de los principios de transparencia de los actos públicos”.
La Comisión Bicameral está integrada por los siguientes senadores y diputados: Roxana Latorre, Gerardo Morales, Diana Conti, Manuel Cabanchik, José Mayans, Ada Maza, Miguel Pichetto, Juan Carlos Marino, Agustín Rossi, Graciela Camaño, Jerónimo Vargas Aignasse y Gustavo Cusinato.
Ver antecedente: http://www.agenciacta.org.ar/article8067.html
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