Además de reclamar empleo registrado "para superar la contingencia de paro forzoso", piden que se satisfagan a través de acciones concretas "sus necesidades básicas de una alimentación adecuada".

La presentación, que fue realizada ante el juez federal Eduardo Jiménez, cuenta con el patrocinio del abogado Rubén Oscar Encinas, quien anunció que "la semana entrante, otros 2.000 trabajadores en las mismas condiciones también interpondrán una acción de amparo".

En relación con el tema, otros de los letrados que representan a los obreros del pescado desocupados, Julio Hikkilo, señaló que "los trabajadores que representamos reclaman una prestación de la seguridad social, por desempleo o cuota y de manera concreta, efectiva, continua y mensual, que les permita superar la contingencia de paro forzoso en que están, y satisfacer sus necesidades básicas de una alimentación adecuada y vida digna, conforme lo dispuesto por la Constitución Nacional, Provincial y tratados internacionales con jerarquía constitucional y legislación vigente".

Y añadió que "el mensaje de estos trabajadores es claro: no quieren fomentar la existencia de un Estado paternalista ni mucho menos vivir de la caridad estatal, sino que lo único que buscan es trabajar, sea en el pescado, en empresas privadas o en el sector público".

La crisis del sector

Tras señalar los amparistas que acuden a la vía judicial, ya que tanto la Anses como el Ministerio de Trabajo "no nos dieron ninguna respuesta", exponen que son un grupo de fileteros, peones y envasadores, que fueron despedidos de distintas plantas procesadoras (...) por la crisis existente en el sector y sin posibilidad concreta de reinsertarnos en otro trabajo".

Además describen su reciente situación laboral exponiendo que "estábamos contratados a través de pseudocooperativas o nuestros contratos estaban sin registrar", y añaden que mediante este sistema "las industrias del pescado abaratan el supuesto costo laboral, clandestinizando la relación y, por consiguiente, el contrato de trabajo".

Añaden en la presentación ante la Justicia Federal que "el empresario es plenamente consciente de que estamos en presencia de una tercerización ilegal, por cuanto debe consignar la trazabilidad del producto para exportación, falsea deliberadamente el certificado de origen, haciendo constar en éste al frigorífico como establecimiento productor y omitiendo el lugar donde se procesa, ya que muchas veces no está habilitado y no cuenta con la autorización legal para funcionar".

Fuente: Diario La Capital de Mar del Plata