El gobierno de Bolivia declaró ayer "persona no grata" al embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, y acusó a la oposición de "terrorismo" por el atentado a un gasoducto que transporta gas a Brasil.

El presidente Evo Morales identificó a Goldberg como impulsor de una conspiración contra su gobierno iniciada en cinco de los nueve departamentos (provincias) y pidió a su canciller, David Choquehuanca, que envíe una nota escrita al diplomático para comunicarle la decisión oficial de que retorne a su país con urgencia.

"El que conspira contra la democracia y sobre todo busca la división de Bolivia es el embajador de Estados Unidos", dijo Morales en la presentación del programa "Mi primer empleo digno", que se realizó en el Palacio Quemado (sede del gobierno), según reportó la agencia alemana de noticias DPA.

El mandatario precisó que Goldberg es experto en alentar conflictos separatistas, tal como ocurrió de 1994 a 1996 en Bosnia, durante la Guerra en los Balcanes, y su posterior trabajo en Kosovo, de 2004 a 2006.

"Sin miedo al imperio, hoy, delante del pueblo boliviano, declaro al señor Golberg, embajador de Estados Unidos, persona no grata", agregó.

"No queremos gente separatista, divisionista y que conspire contra la unidad (de Bolivia); no queremos personas que atenten contra la democracia; ésta es una decisión como homenaje a la lucha permanente de nuestros pueblos", subrayó Morales.

Por otra parte, el presidente de la empresa petrolera estatal YPFB, Santos Ramírez, calificó de "acto de terrorismo" el incendio que estalló en el gasoducto Yacuiba-Rio Grande, que transporta tres millones de metros cúbicos diarios hacia Brasil.

Ramírez responsabilizó a los prefectos (gobernadores) opositores y a los comités cívicos de cinco departamentos del atentado que, según dijo, causará a Bolivia la pérdida de ocho millones de dólares diarios durante alrededor de 10 días, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

No obstante, el gobierno boliviano aseguró que no declarará el estado de sitio en respuesta a lo que calificó de "golpe cívico-prefectural fascista", mientras movimientos sociales se movilizaron en defensa de Morales e iniciaron un cerco a la ciudad de Santa Cruz, gobernada por la oposición.

"Se dio inicio a un golpe de estado cívico prefectural contra la unidad del país y la democracia", dijo el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, y agregó que el Ejecutivo no responderá a las "provocaciones de grupos fascistas" sino que defenderá la unidad del país sin declarar el estado de sitio en las zonas convulsionadas.

Rada responsabilizó al dirigente cívico Branko Marinkovic y al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, de las tomas y los saqueos de organismos públicos y medios de comunicación estatales producidos ayer y que, en algunos casos, continuaron esta madrugada, según reportó la agencia de noticias boliviana Bolpress.

Costas "no cumple con su obligación elemental de garantizar la tranquilidad ciudadana y la convivencia pacífica", y "desde las sombras alienta este tipo de actos violentos", afirmó el ministro.

Agregó que "estos dos personajes (Costas y Marinkovic) promovieron y llevaron adelante esta violencia fascista y racista".

Paralelamente, el prefecto cruceño atribuyó las tomas de organismos estatales y ataques a emisoras de Santa Cruz al "terrorismo de Estado que ejerce el gobierno" y a la "ceguera que le impide reconocer las autonomías departamentales".

Por su parte, unos 2.000 campesinos cortaban hoy en la localidad de Bulo Bulo la carretera de Cochabamba a Santa Cruz, en adhesión a lo decidido por las organizaciones sociales afines al gobierno, nucleadas en el Consejo Nacional para el Cambio (Conalcam), en relación con cercar la capital cruceña.

Otros grupos se concentraron en los municipios Yapacani, Cuatro Cañadas, El Torno y San Julián, donde están los principales cruces de caminos de Santa Cruz hacia Cochabamba, Beni y Chuquisaca.

Según ANSA, los campesinos tomaron la cooperativa rural de electricidad en Yapacani y produjeron un apagón.

"Queremos decirles a los cívicos y prefectos de Beni, Pando y Tarija, y en especial Santa Cruz, que las acciones dictatoriales y el golpe cívico no serán permitidos; se ha terminado nuestra paciencia", declaró el dirigente campesino Julio Salazar.

La Conalcam también decidió impulsar la ocupación de las empresas de los dirigentes cívicos y prefectos. Fidel Surco, dirigente de la Conalcam, informó que se iniciarán movilizaciones en todas las ciudades del país en rechazo a la política "separatista y racista" del Concejo Nacional Democrático (Conalde) que nuclea a la oposición.