Julio Hikkito, nació en Misiones hace 31 años. Deseos de cambio lo llevaron a Mar del Plata. Llegó hace doce años y el 26 de septiembre de 1993 ingresó a trabajar en la empresa SUPERMER -hoy Disco- como repositor en el sector verdulería y hasta hace dos semanas atrás realizaba tareas en el sector lácteos. En la ciudad balnearia se casó y tuvo un hijo. También se recibió de abogado.

Durante sus doce años en la empresa jamás recibió sanción disciplinaria alguna. Pero cometió un pecado capital para la patronal: organizarse sindicalmente para defender los intereses de los repositores. El 29 de agosto pasado, Hikkito, secretario general de SIPRE, organización integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores de Servicios (CATS-CTA), recibió una carta documento en el que se le comunicaba el “despido sin causa”.

Raúl Alejandro Fernández ingresó a Molinos Río de la Plata el 22 de diciembre de 1998. Tiene 28 años y es oriundo de “La Feliz”. Tiene un hijo. Durante todos estos años se desempeñó como repositor externo de los productos comercializados por la firma en los supermercados de la ciudad. Al igual que Hikkito, su conducta como empleado fue intachable: “Siempre me esforcé más para que no tuvieran un pretexto para despedirme o suspenderme”, explica.

Sin embargo, para su sorpresa su afán por inculcar a sus compañeros de trabajo la necesidad de que se respeten los derechos laborales derivó que el 5 de septiembre pasado Molinos le enviará una carta documento echándolo. Otra vez: “despido sin causa”. Fernández es el secretario adjunto del SIPRE.

Ambos se reunieron hoy en la sede nacional de la CTA con el secretario general, Víctor De Gennaro; con Daniel Jorajuria, de la Mesa Nacional de la Central y titular de la CATS y con miembros del Departamento Jurídico de la Central, encabezados por Horacio Meguira.

Posteriormente presentaron una denuncia por discriminación y violación de los derechos sindicales contra Disco SA y Molinos Río de la Plata. “Habida cuenta de que sus actos y omisiones amenazan y restringen con ilegalidad manifiesta nuestros derechos constitucionales a no ser discriminados y a obtener un trato igualitario ante la ley, y afectan el principio de libertad sindical”, señala en uno de los párrafos la presentación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Este golpe significa que vamos por buen camino”

85.000 son los repositores externos que realizan esta tarea en todo el país. Principalmente, jóvenes entre 18 y 25 años. En el caso de Mar del Plata, 300 son los que trabajan en Disco y en la ciudad, en temporada alta, superan los 3.000.

“No hay carrera, no hay progreso, es un trabajo de corta vida”, apunta Hikkito en diálogo con ACTA. “Nuestro sector tiene características que nos hacen más débil, se nos dificulta actuar en forma colectiva, por eso estamos sometido a la flexibilización laboral y al fraude, nos cuesta conseguir mejoras salariales; para colmo, parte de nuestro salario es absorbido por las agencias de colocación que actúan como verdaderos parásitos de los trabajadores. Son entes intermediarios utilizadas por los supermercados y las empresas proveedoras para evadir su responsabilidad frente al trabajador y al sistema de la seguridad social. De esta manera abaratan el costo de la mano de obra, se desprenden fácilmente del trabajador con un simple llamado telefónico, su fuente laboral pende de un hilito de araña y nadie puede participar libremente de actividades sindicales: no podemos nombrar delegados formales en las empresas, que tengan estabilidad, que puedan hacer su trabajo con la protección que la ley marca. Tenemos delegados de hecho, que tratan con coraje, valentía y responsabilidad su función de representantes en la defensa de los intereses de los trabajadores pero al no tener protección naturalmente nos despiden”, enumera.

“En la sucursal Mar del Plata de Molinos somos unos 30 repositores y en la Argentina llegan a los 500 -señala Fernández-; sin embargo, no tenemos representación sindical ni delegado gremial porque la empresa no reconoce a ningún sindicato, no podemos afiliarnos y no se realizan los descuentos sindicales en los recibos de sueldo. En Molinos soy delegado de hecho. Justamente unos días antes de que llegara el telegrama de despido tuve una reunión con los dueños de la empresa en la que me dicen que están muy molestos por la actividad sindical que vengo desarrollando y que mi perfil no respondía a sus necesidades y que esperaban que cambiara. Esa fue una amenaza”. Y agrega convencido: “Están buscando descabezar el movimiento. Tenemos que dar el ejemplo, no podemos flaquear al primer golpe que nos pegan. Este golpe significa que vamos por buen camino”

Para Hikkito estos hechos deben servir para que en la Argentina se entienda la importancia de la libertad y la democracia sindical y los trabajadores puedan “organizarse libremente, tener una personería gremial, que se respeten los tratados internacionales vigentes”. Por eso subraya que “no van a acallar la lucha porque hoy la mayoría de los trabajadores de comercio estamos con un salario por debajo de la línea de la pobreza. Si nos despiden por organizarnos refuerzan nuestras ideas”.

“Hay que expandir la lucha a nivel país”

“En esta pelea para organizar sindicalmente al sector de los repositores de supermercados contamos con el apoyo de la CTA. De hecho logramos afianzarnos en Mar del Plata y Zona Atlántica y el objetivo principal es el reconocimiento de nuestro sindicato a nivel nacional, contar en un futuro con un estatuto que regule la actividad y que no haya más fraude con los trabajadores, fraude en el encuadre sindical, en el encuadre del convenio colectivo, en la forma de contratación. Hoy estamos en Capital Federal porque en este conflicto hay una responsabilidad del Gobierno nacional ante la falta de toma de decisiones respecto al derecho a la libertad sindical. Tampoco el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ha respondido a nuestra solicitud. No actúan, relativizan la cuestión. Por eso hoy presentamos la denuncia ante el INADI y el lunes nos entrevistaremos con Tomada”, explica el titular del SIPRE.

“Hay que expandir la lucha a todo el país”, acota Fernández y argumenta: “Los repositores vivimos con salarios congelados en el tiempo, con básicos que no llegan a los 700 pesos y para colmo con convenio colectivos que en algunos casos atentaron contra conquistas locales que habíamos obtenido y que derivaron en reducción de salario y no en aumentos. Con ese acuerdo muchos supermercados y empresas aprovecharon la oportunidad para meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores”.

En relación a estos hechos, Daniel Jorajuria señaló a ACTA que esto pasa porque “cuando los trabajadores en el seno de una empresa se organizan en defensa de sus derechos, para mejorar su situación, su salario, sus condiciones de vida, en la Argentina los grupos económicos hacen lo que quieren. Concretamente: los despiden a diario, a cada uno de los trabajadores de la actividad privada que se organizan y en esto está en grave falta el Ministerio de Trabajo de la Argentina”.

Y acerca de las responsabilidades de la cartera laboral recordó que esta tiene entre sus facultades “velar por la libertad sindical y dar los pasos hacia la modificación de la ley de asociaciones sindicales que sigue siendo la trampa para la organización de los trabajadores privados, donde no hay fuero sindical, no son reconocidos, son desautorizados por la organización con personería, que no los defiende pero que tampoco los deja defenderse. Y el despido de estos dos compañeros es la muestra de que la ley de asociaciones sindicales es la que le garantiza a las corporaciones económicas la dominación de los trabajadores privados, porque los priva de organizarse y defenderse. En definitiva, una nueva violación a la libertad sindical”.