Acá hay una continuidad de las políticas encaradas por el progresismo y hay una responsabilidad del Estado nacional en modificar la dirección histórica que han tenido los recursos.

La vivienda sigue siendo una excusa de los negocios empresariales. Por eso reclamamos una transferencia de recursos a las organizaciones, que las tierras nacionales vayan a satisfacer las demandas populares, que se derogue la ley de penalización del menemismo, congelar los desalojos en propiedades estatales, suspender los desalojos en propiedades privadas y regular los alquileres.

De 80 cooperativas de vivienda que ya están listas para construir en la ciudad de Buenos Aires , sólo 15 o 20 pudieron empezar. La mayoría espera, en medio de tortuosos trámites, que les otorguen los fondos para iniciar sus obras.

El MOI-CTA junto a un centenar de organizaciones y redes de 14 países entregaron una declaración con propuestas de política pública para la implementación del derecho a la ciudad en América Latina.

Lo hicieron en el marco de la XVII Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI) realizada en República de El Salvador del 3 al 5 de septiembre de 2008.

Allí aseveramos que “las ciudades de América Latina son un espacio de segregación, marginación, exclusión y hasta criminalización de los pobres, a quienes no se les reconoce como protagonistas de la producción y gestión social de su hábitat. La planificación urbana como responsabilidad del Estado está postergada en la agenda pública y su aplicación toma una forma tecnocrática, con escasos y superficiales espacios para que la sociedad civil y sus organizaciones participen efectivamente en el debate y definición del futuro de las ciudades. A la vez, no son adecuadamente consideradas las necesidades y los derechos de las mujeres, la población indígena y afrodescendiente, niñas, niños y jóvenes, ancianas y ancianos y personas con capacidades diferentes. En la mayor parte de los países de la región no hay una adecuada institucionalidad ni coordinación gubernamental en el sector de urbanismo y vivienda”.

También subrayamos que “en el acelerado proceso de urbanización, el acceso al suelo urbanizado y a vivienda se vuelve cada vez más difícil para gran parte de la población, especialmente la empobrecida, que se ve obligada a asentarse en zonas no aptas o de alto riesgo, aumentando considerablemente su vulnerabilidad frente a los desastres. Es evidente la ausencia de políticas públicas, mecanismos e instrumentos para intervenir el mercado de suelo, frenar la especulación y favorecer la utilización de tierras e inmuebles vacantes con finalidad social”.

Para nosotros, “la política de subsidios a la demanda y crédito para viviendas terminadas en serie, cada vez más extendida en la región, muestra serios inconvenientes y consecuencias perversas para la población empobrecida (a quien debería llegar), entre los que se pueden mencionar: mayor segregación socio-espacial, falta de condiciones de habitabilidad, incrementos del precio del suelo, falta de seguridad de la tenencia por sujeción a contratos leoninos y amenazas para la subsistencia económica de la familia”.

La declaración sostiene: “Al mismo tiempo, continúan realizándose intervenciones de renovación urbana que expulsan a los pobres de los centros urbanos, segregándolos en localidades alejadas de sus redes sociales de supervivencia, y sin la dotación de equipamientos e infraestructura que la vida comunitaria requiere, produciendo un alto costo social. Por otro lado, gran parte de la población de menores ingresos no accede a la cobertura de servicios públicos suficientes y de calidad, y las tendencias a su privatización incrementan aún más su inaccesibilidad por los aumentos en las tarifas que generalmente conlleva”.

Y agrega que “persisten prácticas violatorias de derechos humanos que ponen en evidencia la falta de adecuación de la legislación interna de los Estados a los estándares internacionales, por ejemplo, en materia de desalojos, el incumplimiento de las recomendaciones hechas por los órganos de derechos humanos y la utilización del poder judicial y las fuerzas de seguridad para realizar actos que vulneran la dignidad humana y llevan a las víctimas a una condición de mayor desprotección y empobrecimiento”.

Para ello promovemos “políticas que reconozcan la participación efectiva de los pobladores en la configuración de su hábitat, apoyando el desarrollo de sus organizaciones a través de la planificación, gestión y administración directa de los recursos públicos (garantizando el acceso a fondos) en el marco de programas que comprendan el conjunto de los componentes del hábitat (suelo, urbanización, materiales, mano de obra, herramientas, asistencia técnica, capacitación), estimulen su rol protagónico en procesos locales y barriales, y utilicen el subsidio con sentido promocional de las capacidades autogestionarias colectivas y de fortalecimiento de la economía popular. Al mismo tiempo, en cuanto al acceso al crédito, es necesario reconocer las diferencias y construir una arquitectura financiera que permita entrar en juego a los distintos agentes (banca pública, banca privada, cooperativas, ONG, cajas comunales, etc.) con roles específicos, y en condiciones asequibles -requisitos, tasas, plazos- para los sectores de menores ingresos”.

Y asumimos que “la planeación urbana y territorial como función pública y promover legislación e instrumentos que fomenten y garanticen la participación ciudadana en la formulación y conducción corresponsable de las políticas y programas (considerando las necesidades, demandas y propuestas de género, generacionales, étnicas, culturales que aporten a la construcción de ciudades integradas y equitativas), incluyendo mecanismos para su seguimiento y evaluación. En particular, implementar políticas que permitan concretar la función social de la propiedad y destinar suelo seguro para procesos de producción social del hábitat y proyectos de vivienda social, enfocándose en la recuperación de los inmuebles (tierra y edificios) ociosos y la aplicación de sanciones a la especulación inmobiliaria, a través de:

1) Impuestos progresivos al suelo en función de un uso socialmente justo;

2) Cobro de plusvalías, rentas o ganancias en el precio del suelo derivadas de decisiones públicas de planeamiento y de inversiones en obras públicas;

3) Venta forzada, obligación de construcción y desarrollo en el corto plazo, y expropiación para terrenos subutilizados, no utilizados y no edificados”.