Fue parte fundamental del Estado terrorista ya que por resoluciones especiales, acordadas, decisiones de presidentes de las cortes de Justicia Nacional y Provinciales, se tomaron todos los recaudos para que los magistrados no afectaran y ni siquiera preguntaran a las Fuerzas Armadas sobre las miles de presentaciones de hábeas corpus.

Para asegurar que esto fuera así, han sido dejados cesantes aquellos jueces considerados peligrosos, compañeros trabajadores del Poder Judicial fueron detenidos y desaparecidos y, en el caso de los abogados, muchos fueron secuestrados y desaparecidos. Es decir, el Poder Judicial jugó un papel central en ese disciplinamiento terrorista ante el clamor de justicia de familiares, amigos y compañeros que hacían sus presentaciones ante la desaparición de miles de militantes.

Recordemos que fue en ese marco que aparecieron estructuras como la de FORES, una Ong que todavía hoy sigue promoviendo las políticas del Banco Mundial. Esa entidad organizaba en 1977, en Mar del Plata, un Congreso donde se analizó el perfil de juez que se necesitaba para una democracia fuerte, objetivo aparente de la dictadura de Jorge Rafael Videla.

Mientras tanto, se sucedían los despidos y las crecientes dificultades para impedir las demandas judiciales de los trabajadores cesanteados de la empresa privada o del Estado. Se sabe, por ejemplo, de reuniones de Camps y otros funcionarios del gobierno bonaerense con jueces Penales o de Trabajo, de donde surgían ordenes expresas para frenar o desalentar demandas en ese sentido.

Por supuesto que también hubieron actitudes valiosas que enfrentaron esas decisiones o que, ante situaciones difíciles, terminaron renunciando al Poder Judicial.

Varias de estas cuestiones todavía se mantienen y no se visualiza cómo magistrados o fiscales no reaccionan ante delitos concretos y violaciones a derechos humanos que se suceden a diario. Todos los días somos testigos de gente que vive de manera miserable, aparecen las imágenes de famélicos niños desnutridos, y sin embargo, como hacían en la dictadura, jueces y fiscales se llaman a silencio.

Hoy hay muchos magistrados que miran pasivamente en la televisión la situación de requerimiento provocados por el hambre, la falta de vivienda, la insuficiencia en salud y la ausencia de justicia de millones de argentinos, y no reaccionan.

O sea, hay una continuidad de aquel modelo de Poder Judicial disciplinador y clasista de los años de la dictadura, con las extraordinarias excepciones que las tenemos en todos los Poderes Judiciales del país.

Todavía en los Superiores Tribunales de Justicia de varias provincias y en la justicia federal existen personas y jueces que ocuparon importantes cargos con la dictadura, es el caso de Chaco, Chubut, Neuquén, Bahía Blanca, Jujuy y otros.

En la actualidad, miembros de la Junta Nacional de Cortes lanzan fuertes críticas a la existencia de Consejos de la Magistratura y a otras herramientas que buscan la democratización de la Justicia.

Son lamentables: le tienen miedo a la democracia, tiemblan cuando aparece la oportunidad de democratizar el sistema y ante la existencia en algunos sitios de los Consejos de la Magistratura, como en Chubut, Entre Ríos o en algunos casos puntuales de Santa Cruz. Les molestan, incluso, los Consejos de la Magistratura casi formales como hay en la Justicia nacional y en otras muchas provincias.

Lo que quieren es volver al viejo sistema de la lista de candidatos a jueces preparada solo con acuerdo de representantes del Poder Ejecutivo, de amigos legisladores u obispos cercanos al poder que eran los que armaban las listas de candidatos a espaldas del pueblo.

Vemos que hay un retroceso importante en la Justicia federal porque la lista de jueces subrogantes, para suplantar u ocupar vacantes circunstanciales, debería haberse hecho sobre la base de aquellos candidatos que ya habían aprobado los exámenes en los Consejos de la Magistratura, sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió con los legisladores y el Consejo de la Magistratura aprobar una lista que depende del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Es decir, hay un retroceso por parte de la Junta Nacional de Cortes, pero también lo hay por parte de la política del Ejecutivo que borra con el codo el decreto 222 que fue una bocanada de aire fresco para la Justicia argentina.

Obviamente, todo esto será motivo de debate cuando el 3 de octubre se reúna en Buenos Aires la Constituyente Social contra la Impunidad, porque los temas de la impunidad y la violación de los derechos humanos, la selección de los magistrados y los mecanismos democratizadores de la Justicia son temas fundamentales.

Primero, para ir construyendo propuestas desde los trabajadores y desde distintos sectores de la comunidad y, segundo, parque, llevadas a la Constituyente Social, las demandas serán uno de los grandes movilizadotes de la Argentina en los próximos años.

El objetivo que tenemos es democratizar el Poder Judicial y, para eso, impulsar la incorporación en la Justicia de magistrados -hombres y mujeres- democráticos, los más respetuosos de los derechos humanos y, con esos valores, los que sean más capaces. Y no que los jueces sean designados entre los más disciplinados al poder de turno.

Queremos poner en discusión y en movilización una demanda que es nacional: basta de impunidad y de injusticias. Porque actualmente, aplicando la flagrancia, la portación de cara y otros mecanismos, solamente los ladrones de gallina van presos, mientras los grandes chorros están libres y disfrutan de una muy buena vida.