En una demostración más de su absoluta desconexión con la realidad, la Suprema Corte provocó un nuevo conflicto en el Poder Judicial: hace dos meses que demora la implementación de la transformación de cargos acordada entre el gremio judicial y el gobierno provincial.

El 25 de julio último la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA) y el Poder Ejecutivo firmaron un acta acuerdo para que, a partir del 1º de septiembre, oficiales mayores con 30 años o más de antigüedad pasen a ser jefes de despacho y los peritos nivel III asciendan al nivel II, siempre que tengan cinco años en la matrícula profesional y estabilidad en el Poder Judicial (seis meses de antigüedad).

El texto fue remitido ese mismo día a la Corte para su implementación, que el máximo tribunal demora a pesar de contar con los fondos necesarios para hacerlo.

La recategorización alcanza a alrededor de 500 trabajadores de la Justicia provincial y formó parte del temario que los judiciales y el Estado Provincial comenzaron a discutir en la paritaria celebrada en marzo de este año.