Compañeros de todos los puntos de la provincia participaron del encuentro y señalaron las distintas realidades que enfrentan las organizaciones sindicales en Córdoba, tanto desde el sector estatal como el privado.

El objetivo del taller fue brindar elementos de formación para la negociación colectiva y las herramientas para actuar ante la falta de libertad sindical en el país.

En el marco de las distintas exposiciones las organizaciones presentes denunciaron el trabajo precarizado e indecente, a nivel nacional y provincial, así como el plan de ajuste liberal en la provincia y sus consecuencias represivas, el congelamiento salarial y los privilegios de los grupos económicos a través de las exenciones impositivas.

"Hemos asistido a un gran encuentro donde los compañeros pudieron tomar conciencia sobre las herramientas para poder luchar y ejercer la libertad sindical. Para muchos compañeros fue una forma de redescubrir conceptos básicos como la unidad de los trabajadores como elemento de crecimiento", sintetizó el secretario general de CTA Córdoba Oscar "Cacho" Mengarelli.

En ese sentido el abogado Horacio Meguira, responsable del equipo jurídico de la CTA Nacional, señaló la importancia de que toda organización sindical se blaquease a través del conocimiento público como una forma de evitar la persecución dentro de los lugares de trabajo, hasta tanto logre la tutela sindical. Meguira desarrolló la trascendencia de la libertad sindical constitutiva, la afiliación y la democracia interna.

Por su parte, José Rigane, secretario de Organización de la CTA, señaló que el salario mínimo vital y móvil es una formalidad "porque no cubre a la mayoría de los trabajadores no registrados y más allá de las cifras que el Gobierno discutió con la CGT, el verdadero salario mínimo son los 150 pesos de los planes jefes y jefas, eso iguala para abajo".

El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA) agregó que las patronales "quieren discutir las bajas de las indemnizaciones laborales y no la relación canasta familiar–salario", y describió cómo se encuentra la clase trabajadora fragmentada entre ocupados y desocupados, registrados y no registrados. "Esto produce un debilitamiento de la clase en la defensa de sus derechos y entorpece la libertad sindical", describió.

Desde la representación de la OIT para Latinoamérica el mejicano Eduardo Rodríguez Calderón comprometió la solidaridad del organismo internacional con la personería y el reconocimiento de la CTA, acompañando la postura de la falta de libertad sindical en el país.

A su vez, Rodríguez Calderón explicó técnicamente los mecanismos de control de la OIT para receptar denuncias a violaciones de derechos laborales de los trabajadores.

"Hay que acordar políticas para imponer la cultura de la aplicación de las normas, sin políticas es imposible alcanzar el trabajo decente. Es fundamental reforzar las instituciones democráticas, ya que la consecuencia de la falta de políticas es la impunidad", explicó el mejicano.

Daniel Jorajuría, secretario de Finanzas de la CTA Nacional, expuso sobre el esfuerzo que realiza nuestra Central en el reconocimiento de libertad sindical de muchas organizaciones gremiales simplemente inscriptas que el Ministerio de Trabajo de la Nación no reconoce.

En tal sentido se expresó el dirigente sindical de Comercio de Villa María, Hugo Eusebio, relatando las penurias para el reconocimiento de la UTRACOS (Unión de Trabajadores de Comercio y Servicios).

Por su parte, Sergio Lionetto, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Gas (ATGAS-CTA) de Córdoba, describió la paritaria del sector, señaló cómo se consiguió el aumento del 38% de recomposición salarial arrancado a la empresa Ecogas y la reincorporación de dos trabajadores cesanteados, logro que adjudicó a la democracia practicada en asamblea y al debate de los trabajadores, agradeciendo el apoyo de la CTA.

El compañero León Etchegaray, de Corral de Bustos, denunció la impunidad de la justicia en las arbitrarias detenciones de 40 compañeros en aquella ciudad, provocadas por la movilización popular en repudio a la violación y muerte de la niña de cuatro años Ariana Sábache, que culminó con el incendio de los tribunales de la población del sur provincial.

La acción de la CTA organizando la movilización popular del pueblo, durante un año, liberó a los 40 detenidos y demostró que las detenciones no habían sido respaldadas por una efectiva investigación.

Mengarelli complementó ese punto con la descripción de acción que se realizó en Villa María diversas organizaciones sociales, entre ellas la CTA, por el intento de asesinato del dirigente de Luz y Fuerza Alejandro Rigantti, el Fiscal Márquez y 23 crímenes más sin escalecer desde la recuperación de la democracia. Mengarelli denunció que la justicia provincial es una corporación mafiosa.

La abogada laboralista Cecilia Pérez Correa denunció la irregularidad utilizada en el proceso judicial contra los trabajadores despedidos de Renault y la complicidad de la justicia y de la burocracia sindical a favor de la multinacional automotriz.

En el encuentro se destacó la compañera Itatí Ran secretaria general del SUOEM (Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales) de Oncativo, quien pidió la incorporación de su organización gremial a la CTA, fichas de afiliación mediante.

Los participantes cerraron el encuentro apoyando la búsqueda de unidad de la clase trabajadora en la próxima Constituyente Social que se realizará el 24 y 25 de octubre en Jujuy.