
Mucho se ha dicho ya sobre los efectos del cambio de época, sobre los sujetos y las instituciones. Vértigo, fragmentación, pérdida de un horizonte de certezas, crisis de representación y de autoridad.
![]() * Secretaria de Formación y Capacitación de la CTA. |
Hace falta desentrañar esta complejidad para entender qué pasa hoy en las instituciones educativas.
Vivimos una época de profundos cambios: políticos, sociales y culturales que están produciendo transformaciones en la sociedad y en las culturas, en pleno proceso de despliegue desde hace por lo menos tres décadas.
Treinta años es muy poco tiempo en términos históricos y algo menos de un tercio en la vida de un sujeto.
Por ejemplo: quienes nacieron en Argentina en 1978, han vivido en un país víctima de un genocidio, devastado en su estructura productiva y que pasó de ser el país más igualitario de América Latina en el período 1945/1976 a ser el más desigual en 2001/2002; de tener pleno empleo registrado en 1974 a 23% de desocupación de la población económicamente activa (PEA) en 2002.
Desindustrialización, desempleo, pobreza extrema, vulnerabilidad de masas. El pasaje de un Estado que llegó a garantizar los más altos estándares de igualdad de América Latina a otro Estado que se convirtió en el garante de la tasa de ganancia creciente de los grupos concentrados de capital y en autor directo de la enajenación del patrimonio nacional, arrasando para ello previamente por la vía del genocidio a todas las organizaciones populares que lucharon por un mundo mejor.
La caída del Consenso de Washington, hoy ratificada ampliamente por al intervención estatal de salvataje a los bancos por parte de EUA tal vez sea el verdadero fin de época, aún cuando todavía no sepamos qué nos deparará lo que viene.
De la mano del crecimiento económico que produjo la reversión del deterioro de los términos del intercambio han surgido en muchos países de América latina gobiernos soberanistas produciendo una situación inédita en el subcontinente. Este cambio aún es muy reciente y muy frágil para poder revertir las consecuencias sociales y culturales de las décadas anteriores y deberá fortalecerse política y económicamente para afrontar la contraofensiva del imperio.
Los efectos del terrorismo de Estado argentino en términos de ruptura del contrato social moderno y de uno de los ritos fundantes de la cultura, cual es el entierro de los muertos, devienen en una profunda falta de eficacia material y simbólica estatal para hacer cumplir las leyes.
Desde el Estado se asesinó, se violó, se torturó, se apropió de niños/as y luego se destruyó el patrimonio producido por el trabajo de varias generaciones. Recordemos que se llegó al extremo, en democracia, de hacer volar una ciudad (Río Tercero, Córdoba) para ocultar las pruebas del contrabando de armas. Cuando se llega a traspasar esos límites no hay modo de que la sociedad de conjunto y cada sujeto le reconozcan al Estado la autoridad necesaria para hacer que se cumplan las normas sin recurrir a la represión.
Esta autoridad estatal perdida tiene su correlato y su reflejo en la pérdida de autoridad paterna y en general de todo lo instituido incluyendo por supuesto a la escuela y a la autoridad de cada docente.
Numerosas y entramadas variables confluyen agravando este cuadro de situación: una situación paradojal de endiosamiento de la “juventud” como estado ideal a sostener a lo largo de toda la vida, a como dé lugar, junto a la demonización de los “jóvenes peligrosos”, los negros, feos, sucios y malos. Una pérdida de la necesaria asimetría de las relaciones entre adultos-niños/as y adolescentes en las que quedan igualados y en una confrontación que muchos “adultos” viven como ataque personal
Una brecha científico-tecnológica, comunicacional y epistemológica entre generaciones. El papel de los medios de comunicación de masas como productores de realidad, acompañado de una compulsión por “estar” en los medios para “ser” (realities, you tube, noticieros show, etc)
En el caso particular de la pérdida de autoridad pedagógica hay una incidencia además de las políticas educativas neoliberales que condenaron a los trabajadores de la educación a ser objeto de reformas y no sujetos de las transformaciones, desautorizados en sus saberes y sus prácticas. Desautorizados no se autorizan, no pueden ser autores de su propia práctica pedagógica. Consecuentemente se resiente su capacidad de autorizar a los estudiantes a ser autores del acto de aprender.
La autoridad es la virtud que precede a la ley dice Jacques Ranciere. No alcanza con la ley escrita, hace falta tener el reconocimiento social de la autoridad para que se acate
Hubo un docente, el de la escuela de la modernidad homogeneizante que disciplinaba incluyendo en el marco de la movilidad social ascendente, que tenía una palabra muy autorizada; hoy su palabra está muy devaluada y carente de performatividad.
A nadie se le ocurría que eran necesarios los códigos de convivencia, simplemente había normas y códigos y las trasgresiones a esos códigos, algunos escritos y otros no escritos se hacían con clara conciencia de la trasgresión y con un grado de autoría que hoy no hay porque no hay norma internalizada a ser trasgredida. No es que se cruza fácilmente la raya. No hay raya.
Los chicos/as que filman sus actos violentos y humillantes entre pares y hacia (¿con?)los profesores/as para subirlos a Internet, no son autónomos, no se afirman oponiéndose al adulto, sólo gritan mírennos, aquí estamos, solo existimos si otros ven nuestra imagen en una pantalla.
¿Qué hace falta para reponer la autoridad perdida, para reautorizar-se?
La recuperación de la estatalidad en términos de políticas públicas que garanticen el bien común es soporte imprescindible para sostener procesos de reautorización. Esto conlleva la construcción de correlaciones de fuerza que permitan avanzar en esa direccionalidad política. Del mismo modo que se construyó colectivamente la fuerza necesaria para anular las leyes de impunidad y juzgar a los genocidas, requisito indispensable para recuperar una estatalidad, garante del bien común.
Acabamos de ver en relación al conflicto agropecuario cuán lejos estamos aún de una construcción que permita sostener un instrumento de política económica que capture renta extraordinaria de los sectores de capital concentrado.
Sin embargo, en la micro política de la cotidianidad de la escuela y su contexto social es posible producir algunos movimientos que generen situaciones de autoría y reautoricen.
Para que los estudiantes de todos los niveles le reconozcan al docente la autoridad suficiente para trasmitir conocimiento significativo hay que producir muchos cambios en la organización del trabajo, en la organización escolar y en el vínculo de la escuela con el contexto social y cultural en el que está inserta.
Hay cuestiones que son del orden de las condiciones de trabajo, que desde las organizaciones sindicales docentes se seguirán peleando pero que tienen como prerrequisito una toma de conciencia acerca de la necesidad de recuperar el sentido al trabajo de enseñar, la convicción de que el trabajo docente es una tarea intelectual y de trasmisión cultural, que la práctica pedagógica produce un conocimiento del cual el trabajador debe apropiarse para proyectarlo nuevamente a su hacer. En suma ser autor.
No es con voluntarismo sino con acción política que se podrá avanzar en esta dirección.
La nueva ley de Educación Nacional establece por primera vez en una norma nacional el derecho de los trabajadores de la educación a la formación permanente en servicio, gratuita, garantizada por el Estado.
Apoyados en este derecho debemos batallar fuertemente para lograr tiempos y espacios pagos de producción colectiva de conocimiento reflexionando sobre la propia práctica pedagógica y entramándola con sus soportes teóricos. No son imprescindibles los “especialistas” (aunque a veces pueden ayudar), sino dispositivos participativos, buenos textos y metas claras en relación a la producción grupal.
Si cada año en el período previo al inicio formal de clases, los trabajadores de la educación agrupados por zonas y/o niveles y movilidades tuviéramos dos semanas de trabajo intensivo en esa dinámica, seguramente en poco tiempo habría transformaciones importantes en las prácticas pedagógicas e institucionales.
Es necesario además vincular este trabajo con un profundo conocimiento de la realidad en la que la escuela va a desarrollar su tarea: características de la población, historia, migraciones, tasas de desempleo, acceso a los servicios de salud, transporte, agua potable, etc. organizaciones sociales, culturales, políticas, religiosas y deportivas del barrio, líderes de la comunidad.
Este trabajo de campo hecho colectivamente también forma parte de la formación permanente del docente y prepara el camino para el reracionamiento e interacción con las organizaciones del barrio. Hoy parece que muchos de sombran porque “la realidad” entra a la escuela, cuando lo que debería suceder es que la escuela sea uno de los nudos (muy importante) de la red de organizaciones de toda la localidad.
Pensar la escuela como una de las organizaciones del barrio que desde su proyecto educativo forma parte de la lucha que en esa comunidad se da (o se debería dar) para acceder al conjunto de los derechos humanos económicos y sociales resignifica el trabajo y fortalece el vínculo escuela-estudiante-familias-comunidad.
Forma parte de este proceso de reautorización la acreditación de saberes, de modo que este proceso de formación permanente en servicio debe otorgar puntaje, el mismo para cada docente. Esto al mismo tiempo desalentará la compra de “enlatados” con puntaje.
Otras temáticas inherentes al trabajo docente deben integrar la formación permanente: la prevención de la salud laboral y los accidentes de trabajo, el diseño de las evaluaciones de los aprendizajes, la elaboración de material didáctico, la socialización de experiencias hechas en el país y en otros países, ateneos, clínicas didácticas, etc.
Hay que avanzar gradualmente en la implementación de tiempos sabáticos hasta llegar al año a lo largo de la carrera luego de los diez años de antigüedad para realizar estudios e investigaciones en instituciones educativas de todos los niveles y modalidades y universidades, bajo la supervisión de los Institutos de Formación Docente.
Otros aspectos necesarios para mejorar las condiciones de trabajo:
• Todos los niveles y modalidades deben contar con preceptores o auxiliares docentes
• Establecer en paritarias la cantidad de estudiantes de cada curso por nivel y atendiendo a la especificidad de cada modalidad.
• Cantidad suficiente de auxiliares de limpieza y cocina, preceptores de comedor. (Hemos escuchado recientemente relatos de docentes correntinos que concurren más temprano a la escuela para limpiarla dada la falta de personal de limpieza.
• Todos los niveles deben tener designados cargos de educación artística y educación física.
Crear o fortalecer allí donde haya los canales institucionales de participación de docentes, padres y estudiantes a nivel escuela, localidad y nivel central puede aportar en el camino de revalorizar el sentido de la escuela.
Muy poco avanzó la LEN en este sentido. Crea Consejos Consultivo sin carácter vinculante. De ellos el único que está funcionando y con una producción muy importante es el del Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD.
La implicación real de todos los actores del hecho educativo en el diseño curricular y evaluación institucional ubica a los sujetos en el lugar del protagonista y no de simple objeto, agente o usuario.
En el nivel provincial debe incluirse en aquellas provincias que no lo tengan, la representación gremial de los trabajadores de la educación en los órganos de gobierno educativo, en los directorios de los institutos de previsión social y de obra médica.
Más difícil nos resulta pensar en formas participativas que incluyan a padres y estudiantes. Consejos consultivos de organizaciones y padres que acompañen a las dirección de las escuelas, delegados por curso, asambleas de aula, son todos instrumentos que si superan la formalidad pueden potenciar una vida institucional democrática y muy formativa en términos político sociales.
La escuela como centro cultural y recreativo del barrio es una propuesta de integración social muy potente si es que no se sostiene sólo con trabajo voluntario y cuenta con recursos y algunos puestos de trabajo que permitan la continuidad y sistematicidad.
Hay algunos intentos espasmódicos de sostener experiencias de este tipo, casi siempre caen por falta de presupuesto, aislamiento, por no formar parte de un proyecto integral, etc.
Es imperioso recrear desde un paradigma diferente el viejo pacto escuela-docente-familia para superar esta situación de pérdida de sentido del quehacer cotidiano que claramente experimentan muchos estudiantes y muchos trabajadores de la educación.
Tener escuela secundaria obligatoria a partir de la LEN implica un profundo cambio cultural que debe producirse tanto en profesores como en estudiantes, familias, autoridades educativas y medios de comunicación. Ahora la escuela secundaria debe ser para todos según la ley.
No alcanza con que esté escrito en la ley, la sociedad toda debe asumir la idea que todo/a adolescente y joven tiene derecho a acceder y egresar de la escuela secundaria y que esto requiere además de escuelas, equipamiento y profesores una transformación del sentido común imperante que aún sostiene que “la secundaria no es para todos, hay chicos-pibes-changos-gurises, a los que no les da”. Tal vez lo más dañado y lo más difícil de recuperar sea la alegría de enseñar y la convicción de que todos tienen derecho a la educación.
Es posible y necesario hacer que el pasaje de cada niño/a, adolescente y joven por la escuela sea una marca muy importante para ayudarlo a construir su proyecto de vida en un sentido transformador para sí y para su colectivo social.
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