“El derecho penal no se puede usar para intimidar, esa es la orientación que tiene esta causa: acallarnos por la vía intimidatoria después de tantos años de ajuste que hubo en los salarios de los trabajadores y el recorte del presupuesto educativo que también nos afecta”, sostuvo Eduardo Pereyra en la conferencia de prensa previa al comienzo del juicio, realizada en la CTERA el miércoles 21. Y agregó: “Nosotros creemos que el problema es político y no penal, por lo tanto se debe resolver por la vía política como lo terminó reconociendo el propio Gobierno, el cual después de 4 meses de campamento dio cuenta de nuestras demandas y levantamos el campamento”.

El proceso

Eduardo Pereyra fue denunciado a partir de un campamento que se emplazó el 10 de junio de 2002 para exigir la derogación de las leyes que implicaron recortes salariales para los trabajadores, el inmediato pago de las becas para los alumnos del polimodal y el aumento de los cupos para que los pibes puedan asistir a los comedores escolares para paliar la grave crisis que se había profundizado luego de diciembre de 2001. 70 carpas conformaban el “Campamento Educativo” que estaban distribuidas a lo largo del boulevard de la calle 13 y aledañas, la mayoría sobre los jardines del frente de la Dirección de Escuelas. Ninguna obstaculizaba el paso de los transeúntes y vehículos por aceras y calles.

El campamento se mantuvo durante 120 días. Docentes, estudiantes, padres y distintas organizaciones sociales participaron, día a día, de las actividades desarrolladas: el “campanazo” diario, la conmemoración de las fechas patrias, la Marcha del Tigre a La Plata, fueron algunos de los hechos más destacados. Una gran movilización acompañó a los acampantes que se renovaban continuamente.

Este acto de protesta y lucha generó una respuesta judicial. Eduardo Pereyra, en ese momento prosecretario de Acción Social del Consejo Ejecutivo Provincial de SUTEBA, fue procesado por supuesta comisión del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal que expresa: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.”

El 30 de diciembre de 2002, el Juez de Garantías en lo Penal número 3 de La Plata, doctor Néstor De Aspro dictaminó el sobreseimiento. Sin embargo, el 14 de julio del 2003, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal del Departamento Judicial de La Plata, haciendo lugar al recurso presentado por el fiscal Molina, revoca el sobreseimiento dictado en diciembre del 2002 y eleva a juicio, recayendo su trámite en el Juzgado Correccional número 3 de La Plata, Causa número 749-3.
Entre hoy y mañana se lleva a cabo el juicio oral en los Tribunales de La Plata.

Todos por Pereyra

“Eduardo Pereyra es uno de los tantos argentinos que demuestran con su testimonio de vida que hay gente que es capaz de luchar por causas justas y sin embargo después son llevados a la justicia como si se trataran de delincuentes”, afirmó el secretario general de la CTERA, Hugo Yasky durante la conferencia de prensa. “En el nombre de Eduardo Pereyra reclamamos a todos aquellos que son víctimas de la criminalizacion de la protesta - continuó- que les sea reconocido el derecho a la libertad de expresión y que le sea restituida esa condición sine qua non para que exista democracia en cualquier país del mundo, que es la libertad de los trabajadores y trabajadoras y de cualquier ciudadano que luche por lo que es justo”.

El secretario de Derechos Humanos, Ricardo Peidro, manifestó su indignación y repudio ante este juicio que es “una nueva ofensiva contra los trabajadores en el marco de la criminalización de la protesta social”. Mañana se realizará la segunda jornada del Juicio Oral y Público en La Plata, allí estarán los trabajadores de la CTA manifestándose por el sobreseimiento de Pereyra y por los miles de trabajadores que son judicializados en todo el país.