Justamente, después de marchas y contramarchas de una causa que en momentos alcanzó ribetes absurdos, el ex presidente y siete funcionarios y jerarcas militares se encuentran procesados, bajo la figura de estrago doloso que señala cuando un accidente es provocado y causa daños irreparables.

Ayer por la mañana, en el Cabildo de la ciudad de Córdoba, una delegación de Río Tercero integrada por la única querellante en la causa, Ana Gritti, el compañero de la Fábrica Militar Juan José Barrera, que resultó con lesiones que derivaron el la amputación de una pierna, el Secretario General de CTA Córdoba, Oscar "Cacho" Mengarelli, la Secretaria General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) de Córdoba, María Teresa Romero, y el intendente de Río Tercero, Luís Brouwer de Koning, realizaron una conferencia de prensa y exigieron que la causa finalice con Menem y sus cómplices entre rejas.

También estuvo presente en la rueda de prensa Luis "Vitín" Baronetto, secretario adjunto de la CTA cordobesa y Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.

Durante años el poder político, en complicidad con la Justicia Federal, intentó detener cualquier avance en la causa. Sólo la constancia de Ana Grtti, cuyo marido murió de un ataque cardíaco durante la explosión, el apoyo permanente de ATE, y los aportes de abogados como Ricardo Moner Sanz contribuyeron a que el caso no quedara en el olvido.

“La causa judicial debe ir acompañada de una fuerte presencia política, a través del conflicto social, para que acelere la Justicia, será una de las tantas causas que se pierden en las tinieblas”, señaló Oscar Mengareli.
Gritti destacó la responsabilidad de Menem en el caso. “La orden (de realizar el atentado) partió de las más altas esferas del poder ejecutivo nacional. Así lo consideró el juez Eduardo Valentinuzzi y de la misma forma lo vemos nosotros”, declaró.

Para la querellante el retrazo de la causa no significa que recién ahora hay pruebas. Desde los primeros momentos, hubo pruebas e indicios serios de que eso no había sido un accidente, pero la Justicia nadie quiso ver realmente lo que había en el expediente. Las pruebas que había eran contundentes. Tal vez por intereses no quisieron verlas, leerlas, evaluarlas.

La espera de Barrera

Juan José Barrera trabajaba en la fábrica donde se produjo el atentado. Aquella mañana del 3 de noviembre de 1995 una granada M80 impactó en su pierna derecha, que debió ser amputada en parte ya que las reconstrucciones no dieron resultado.

Desde entonces Barrera ha peregrinado por el PAMI para lograr que le den una prótesis, pero aún hoy continúa utilizando muletas para trasladarse.

“Por una cosa u otra no logro que me entreguen la prótesis. El accidente fue causado por el propio gobierno pero el Estado no responde. No sólo me arruinaron al vida, también la de mi familia”, dijo Barrera, quien para sumar males fue despedido de la Fábrica cuando la dirección decidió echar de 400 compañeros.

“El caso de Barrera es un ejemplo claro de cómo el Estado se desentiende de las víctimas. Muchos de nuestros compañeros estaban dentro del predio cuando sucedió el atentado y han sufrido secuelas psicológicas sin el resarcimiento adecuado”, describió María Teresa Romero. La Secretaria General del Concejo Provincial de ATE dijo que el gremio estará, como desde hace 13 años, reclamando que los responsables vayan presos, con Menem a la cabeza, e integrando la movilización popular en Río Tercero.

Por su parte, el intendente de la ciudad explicó las secuelas psicológicas en la población que dejó el atentado realizado para tapar el contrabando de armas.

“El año pasado explotó una caldera en una fábrica y la gente comenzó a huir de Río Tercero. Este no fue solamente un atentado en la fábrica militar, atentaron contra toda la ciudad y por eso es impostergable que se haga justicia”, finalizó Luis Brouwer de Koning.