El secretario adjunto de la CTA bonaerense, Roberto Baradel, sostuvo que "el problema de la inseguridad no se resuelve con bajar la edad, ni con políticas de mano dura, ha quedado demostrado que las políticas públicas en materia de seguridad que impulsaron e impulsan los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad han fracasado”.

A su juicio, "la inseguridad se resuelve con más distribución de la riqueza, políticas de inclusión social y educativas, y terminando con la connivencia que existe entre el delito, sectores de las fuerzas de seguridad y sectores del poder político”.

El dirigente docente subrayó la necesidad de instalar políticas públicas inclusivas como la Asignación Universal para los menores de 18 años "una propuesta que la CTA viene impulsando desde hace años para que no haya ningún hogar pobre en nuestro país" y porque "las políticas sociales focalizadas son parches que no solucionan el problema de fondo", concluyó Baradel.

Proteger a los niños y niñas

Por otro lado, se conoció un documento de la CTA bonaerense en el que se afirma: "Como sociedad y como adultos tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, no protegernos de ellos. En pocos años más los niños/as nacidos en el peor momento de la crisis socioeconómica del año 2001, serán adolescentes. El desempleo, la exclusión, el hambre, la violencia signaron sus vidas".

La declaración, firmada por Rosana Merlos, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Buenos Aires; Gustavo Lappano, secretario adjunto de la CTA Quilmes y Susna Gusman, secretaria de Derechos Humanos de la Central quilmeña, agrega: "Cómo nos preparamos para alojarlos en el sentido de abrigo y protección es el desafío que tenemos los adultos y el Estado a través de las políticas públicas.Ya nuestras cárceles están pobladas mayoritariamente por jóvenes pobres , menores de veinticinco años y sin embargo queda demostrado palmariamente que más cárceles no es equivalente a más seguridad".

El pronunciamiento destaca que "bajar la edad de imputabilidad no es la solución , es inconstitucional y contradice todos los pactos de Derechos Humanos firmados por nuestro país. Pese a las imágenes y los datos que salieron a difundir los medios masivos; el 60% de los menores de edad aprehendidos en la provincia de Buenos Aires - 5.351 durante los primeros cinco meses del año – son mayores de 16 años; y aún así están lejos de alcanzar a la cantidad de adultos detenidos - 79.575 en el mismo período- .Con este anuncio, se busca focalizar sobre un universo que es minoritario, a partir de proponer e implementar políticas estigmatizadoras".

Y añade: "Hoy, el Sr. Gobernador, más que poner énfasis en bajar la edad de imputabilidad, tendría que aplicar enérgicamente una política de asignación universal para todas las personas menores de 18 años; e instrumentar estrategias de intervención social tendientes a erradicar la desigualdad social en todo el territorio provincial. Asimismo debería propiciar condiciones para que los municipios adecuen sus políticas a las leyes 13.298 y 13.634 y garanticen un futuro deseable y digno para todos los niños; contrarrestando la expulsión de los niños pobres cuyas vidas vienen siendo arrasadas por el uso de drogas como el paco, y por situaciones de abuso y maltrato a las que frecuentemente son expuestos -de modo perverso- por algunos adultos".

La nota aclara que "el Estado debe tomar medidas serias para los adolescentes, restituyendo el sentido de lo público y efectivizando una red de servicios sociales que garanticen los derechos, y no cayendo sobre ellos con un tribunal. Este es un debate profundamente ético y político que nos atañe a todos como sociedad y particularmente al Estado en todas sus jurisdicciones, en tanto se trata ni más ni menos que de “proteger a las generaciones que crecen”, de habilitar procesos de constitución de un sujeto social; por lo tanto no puede ser reducido a un debate técnico".

"Las organizaciones y ciudadanos que trabajamos a diario para construir esperanza y futuro, planteamos nuestro absoluto rechazo a los intentos de bajar la edad de imputabilidad de nuestros niños y jóvenes. Asimismo exigimos:

· El cumplimiento de la legislación manera inmediata, destinando los recursos necesarios para hacerlas efectivas. En particular, demandamos se efectivicen las leyes de protección y promoción integral de los derechos de los niños/as, adolescentes y jóvenes.( Ley Nacional N º 26061, Leyes Provinciales Nº 13298 y Nº 13634)

· La universalización de la asignación familiar por hijo menor de 18 años.

· La implementación de políticas publicas universales en salud, educación, vivienda, trabajo, deporte y recreación", finaliza la declaración.