La organización mostrará el respaldo de Legislaturas provinciales, Concejos Deliberantes, gremios de trabajadores de la comunicación de la CTA y la CGT, Universidades, Organismos de Derechos Humanos, entidades periodísticas, profesionales, movimientos sociales, radios comunitarias e instituciones de todo tipo.

La Asamblea fue convocada para este viernes 7 de noviembre, entre las 10 y las 17, en el auditorio del Congreso, con el lema “Vamos al Congreso por una nueva Ley de Radiodifusión”, reclamando el rápido debate y aprobación de una nueva ley que reemplace al Decreto-Ley de facto de radiodifusión de la Dictadura.

En abril la Presidenta Cristina Fernández recibió a la Coalición y a los sectores involucrados en el área para que formularan propuestas destinadas a la elaboración de una nueva ley de radiodifusión. La “Coalición” entregó los 21 puntos redactados y presentados en 2004.
En aquella ocasión la Presidenta se comprometió a enviar un proyecto de “Ley de Servicios de Comunicación audiovisuales” al Congreso tomando como base esa propuesta.

La Coalición sostiene que la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.

Corresponde al Estado asignar las frecuencias radioeléctricas y establecer las condiciones que los licenciatarios deben cumplir. Eso no es censura, es asegurar con políticas activas el Derecho a la Expresión, a la Información, a la Comunicación y la plena participación de todos los sectores en la vida ciudadana.

Por estos principios, se torna imprescindible sustituir el vigente Decreto-Ley de Radiodifusión impuesto por la dictadura militar en 1980. Desde los sectores populares se logró importante consenso al acordar la propuesta de los 21 puntos y formar la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Los gremios de la comunicación de la CTA y de la CGT, las Universidades nacionales, Organizaciones sociales, cooperativas y Organismos de Derechos Humanos logramos acordar los veintiún puntos por el Derecho a la Comunicación presentados públicamente el 27 de agosto de 2004, y entregados en aquel tiempo al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo.

En los últimos meses, se han multiplicado los debates, seminarios, foros, mesas redondas, en los barrios, los sindicatos, las universidades, Concejos Deliberantes y Legislaturas provinciales en las que además de expertos en el tema y representantes de organizaciones, participaron funcionarios del gobierno y miembros de la oposición.

Ya se han expedido en apoyo a los “21 puntos” Legislaturas Provinciales, como las de Buenos Aires, Río Negro, Chaco y Santa Fe y numerosos Concejos Deliberantes. Inclusive la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una declaración adhiriendo y declarando de interés los 21 puntos propuestos por la Coalición. Se recorrieron todas las provincias llegando a cientos de miles de personas. Ya es tiempo, en esta democracia, de multiplicar voces para garantizar los derechos de todos mediante una nueva Ley de radiodifusión o de Servicios de Comunicación audiovisuales.

Es evidente que para avanzar en la línea de la redistribución de la riqueza y profundización de la democracia es indispensable avanzar en la democratización de las comunicaciones. Las organizaciones sociales, sindicatos, universidades, cooperativas, radios comunitarias, pueblos originarios, organismos de derechos humanos que integramos la Coalición por una Radiodifusión Democrática, han manifestado en carta dirigida a la Presidenta de la Nación en setiembre, su disposición a apoyar, acompañar y sostener, un proyecto basado en los “21 puntos por el Derecho a la Comunicación” entregados en abril.

Ahora la Coalición por una Radiodifusión democrática anuncia que en la Asamblea a realizarse mañana definirá un plan de trabajo continuando la campaña por la nueva Ley basada en los 21 puntos y exigiendo su rápido tratamiento.