A mediados del siglo pasado, cuando se puso en marcha una incipiente industrialización de la economía Argentina asentada en el proceso de sustitución de importaciones, una fuerte corriente migratoria depositó en Buenos Aires y otras grandes ciudades del país a cientos de miles de habitantes provenientes de pequeños pueblos o zonas rurales.

Esos hombres y mujeres, que se radicaban en las periferias de las urbes para convertirse en la mano de obra que tanto demandaban las fábricas, cambiarían para siempre la fisonomía de ciudades que hasta entonces se habían mantenido preservadas en su arquitectura y su infrestructura, gracias a los resabios aún vivos del orden colonial.

Desde entonces, las ciudades dejaron de ser patrimonio de una sola clase social, pero, paralelamente, el grueso de sus nuevos vecinos pasó a ser víctima de un creciente déficit habitacional que condicionó definitivamente la calidad de vida de los grandes centros urbanos. Un impacto del que las grandes ciudades nunca llegaron a recuperarse.

Hoy, casi setenta años después, al recorrer la periferia de algunos de los distritos del sur del conurbano bonaerense, el problema se advierte vivo y profundo.

Barrios precarios, asentamientos sin servicios esenciales, vetustos caserones maltrechos que funcionan como viviendas multifamiliares, eufemismo que remite a los viejos conventillos porteños, familias hacinadas, son la realidad que padecen millones de habitantes.

Más precisamente, la Argentina sufre un déficit habitacional que las estimaciones más moderadas ubican en torno a los 3 millones de viviendas. Y de ese total, el 24 por ciento está en el conurbano, según un informe del Ministerio de la Producción bonaerense del año 2006.

En 2001 existían poco más de 10 millones de viviendas para 36 millones de habitantes. De ese total, se estima que más de 500 mil están en condiciones inhabitables; 1,6 millones están deterioradas pero son eventualmente recuperables; y en otro millón las familias viven en condiciones de hacinamiento.

Según funcionarios provinciales y municipales consultados por Info Región, la solución se está estructurando sobre la base de entregas de nuevas viviendas y tarjetas de planes sociales así como con el registro de tierras ociosas y la regularización dominial de terrenos. No obstante, la salida definitiva requiere elaborar y poner en práctica políticas que garanticen la inclusión social.

Los sin tierra

De acuerdo a los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2001, los problemas habitaciones afectaban a 3 millones de hogares, donde vivían más de 13 millones de personas, lo que constituía el 37 por ciento de la entonces población del país.

Según estimaron desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, la estadística se mantiene, aunque apuntaron que no habrá cifras actualizadas sobre el tema hasta la realización de un nuevo censo de población.

Sin embargo, el crecimiento demográfico y las limitaciones de los programas de viviendas sociales hacen prever que la situación no cambió mucho, aún a pesar de los más de tres años de crecimiento de la actividad de la construcción.

“En Argentina es menor al 50 por ciento la porción de la sociedad que puede acceder por compra a inmuebles o terrenos. El problema es desparejo porque esto ocurre, sobre todo, en el interior del país y en la periferia de los municipios del conurbano, donde un 80 por ciento de la gente no está en posesión de una propiedad por compra. Distinto es lo que sucede en el centro de los distritos o de la Ciudad, donde las cifras se invierten”, apunta a Info Región Florentino Narváez, abogado y especialista en causas sobre problemas habitacionales.

“El mayor flagelo en el conurbano es que hablamos de terrenos que no están en posesión de nadie. Además, la mayoría de nuestros barrios no tienen títulos, algo que es necesario resolver porque es parte esencial del problema habitacional en Argentina”, advierte el letrado.

La escasa oferta de viviendas populares, el costo de los alquileres -en parte por la falta de casas- y la dificultad para acceder a créditos hipotecarios son factores que complican la situación y llevan a muchas familias en estado de extrema pobreza a una decisión desesperada: la toma de viviendas o conventillos en la Ciudad y la radicación de grandes asentamientos en el Conurbano bonaerense.

“En el conurbano hay personas que viven en un asentamiento desde hace más de 15 años. El problema de la tierra en la Provincia es muy grande y muy serio y requiere de una respuesta inmediata e integral. Hay toma de tierras porque la gente no puede comprarse un lote para edificar. A nivel nacional, se habla de 4 millones de familias sin vivienda y en el área provincial existe una situación de emergencia, se supone que más de 1,5 millón de hogares están en esta situación”, indica en diálogo con este medio Juan José Cantiello, legislador del Frente para la Victoria y presidente de la Comisión de Tierras y Organización Territorial en la Cámara de Diputados de la Provincia.

Según señala Narváez, en el Gran Buenos Aires no sólo carecen de títulos de propiedad quienes viven en asentamientos sino también otros miles de habitantes que aún no han podido regularizar su situación. “En el segundo cinturón del conurbano aproximadamente dos tercios de los inmuebles, más del 66%, no tienen títulos a nombre de quienes los ocupan hoy”, asegura.

“Vivimos una situación crítica de muchos años en Argentina, donde la pobreza no es un hecho ajeno. Nadie va de camping a un asentamiento, lo hacen porque no tienen un lugar dónde estar. Es un conflicto que se arme un asentamiento porque sale a la luz una realidad que teníamos barrida debajo de la alfombra, que es la de las carencias y que hay una gran cantidad de habitantes de este país que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda acorde a la dignidad humana”, insiste y con él coincide Ana Geneyra, secretaria de Desarrollo Social de Almirante Brown. “Un factor preponderante es la imposibilidad de tener acceso a un trabajo formal ya que la mayoría de las personas que carecen de tierra o vivienda digna trabajan con changas y tienen empleos informales, lo que hace que la estabilidad económica de una familia no esté totalmente resuelta. Por ahí pasa la cuestión”, destaca la funcionaria local.

Las trabas

En paralelo con el colapso habitacional, en el tercer cordón del conurbano existen grandes extensiones de tierras que podrían ser destinadas a la urbanización. De hecho, existen planes de viviendas encaradas por el Estado nacional, pero que siempre ofrecen un número que, aunque nominalmente alto, representa muy poco cuando se lo compara con la magnitud del déficit.

Desde la Subsecretaría Social de Tierras de la Provincia reconocieron la situación, advirtieron que están en contra de las ocupaciones ilegales -que no benefician a nadie- y aseguraron que trabajan sobre distintos proyectos para ubicar definitivamente a las familias.

“Entendemos que hay necesidades, pero estamos en contra de los asentamientos. Tenemos que tener en cuenta que podemos hacer las cosas en forma ordenada para que el día de mañana no sea un perjuicio para los que hoy quieran acceder a un terreno”, resalta en diálogo con Info Región Nicolás Terrera, titular del área.

Es que los asentamientos aparecen como la solución inmediata para las familias sin viviendas, pero son habitualmente una trampa fatal, de la que luego es casi imposible salir.

Habitualmente, los pocos terrenos disponibles en el primer y segundo cordón están en zonas bajas, y por lo tanto inundables, en las que luego resultará muy difícil garantizar el escurrimiento del agua de lluvia, por lo que es de esperar que anegamientos recurrentes deterioren la calidad de vida. Además, un terreno, para convertirse en barrio precario necesita, además de desagües pluviales, al menos tosca para las calles, agua potable, luz eléctrica, iluminación pública, servicios de salud y educación, entre muchos otros requerimientos.

“La carencia de tierras se torna difícil porque muchas veces no existe la posibilidad de acceder por falta de ingresos. Uno de los desafíos es revertir esta situación”, asegura el funcionario e indica que desde su cartera evalúan “distintas herramientas para resolver el problema”.

Entre ellas apuntó la compra de tierras mediante un decreto de la Subsecretaría que permite acceder a las mismas a través del pago de una tasa social, es decir que la compra no se efectúe con un precio comercial.

Otra de las vías es la expropiación. “Los vecinos saben que hay una ley de expropiación que los puede llegar a amparar y se han realizado muchas de estas solicitudes, viendo que los inconvenientes que tiene el expropiado en términos jurídicos se pueden resolver. Muchos de nuestros casos fueron resueltos de esta manera, porque posibilitó que más de 160 mil vecinos de la Provincia puedan regularizar su situación”, aseguró.

Además, indicó que en este momento la cartera trabaja en la elaboración de un proyecto de ley que permitirá darle forma al denominado Banco de Tierras. “Este último pretende optimizar los recursos del Gobierno provincial y generar un canal con los gobiernos municipales y el Nacional para que podamos tener un registro de los inmuebles ociosos”, detalló.

Una cuestión que también imposibilita poder hacerse de un terreno y una vivienda digna es la gran cantidad de condicionamientos que existen para poder acceder a un crédito hipotecario, como disponer de ahorros familiares o de un trabajo en blanco con ingresos mensuales superiores a determinado monto.

“Es necesario articular políticas en materia de vivienda social. Hoy se está subsidiando a la franja con menor poder adquisitivo, pero lo que no hay es una política de vivienda en general porque hablar de crédito en este momento es medio utópico ya que hay muchos condicionamientos económicos”, advierte el titular del Colegio de Arquitectos de la Provincia, Adolfo Canosa, quien apuntó que “el déficit sigue dando los mismos números que hace diez años porque nunca se planteó una política integral sobre el tema, articulada ente el Estado nacional, la Provincia y los municipios, que tienen que conocer la realidad de cada lugar”.

Batallas perdidas

La problemática habitacional en el país, sobre todo en algunas provincias y en el conurbano bonaerense, no se reduce sólo a la falta de tierra o vivienda o a la tenencia irregular de las mismas sino que también comprende una serie de cuestiones que hacen al hábitat social y la buena calidad de vida.

Así es que el flagelo afecta a millones de personas que tienen un techo precario, que carecen de servicios esenciales, como agua, gas, electricidad y desagües, al tiempo que residen sobre calles de tierra, es decir propensas a las inundaciones, o cercanas a basurales y, en algunos casos, con falta de acceso a medios de transporte o instituciones sociales, como salud o educación.

Según un estudio del Barómetro de la Deuda Social Argentina (departamento de investigación de la Universidad Católica Argentina), en el Gran Buenos Aires cuatro de cada diez hogares son afectados por alguna de estas situaciones.

“Acá vivimos hacinados, no tenemos agua ni luz. Tocamos las puertas del municipio pero nunca nos dan bolilla. Contamos con un camión de la municipalidad que nos trae agua una vez por semana, pero no es suficiente. Con los vecinos hicimos una conexión clandestina para abastecernos, pero en estos días de calor no nos alcanza”, relata a este medio Juan Benítez, que reside en el barrio Libre Amanecer y deja entrever una realidad dura, triste.

Aquella que atraviesan millones de familias que no encontraron una salida mejor a las carencias, a la necesidad de darles un techo digno a sus hijos y que hoy habitan en condiciones deplorables, a la vera de una autopista por la que otros millones de habitantes circulan indiferentes, al margen de la contaminación de un arroyo, sin medir los riesgos y con la incertidumbre de no saber si al día siguiente podrán seguir amaneciendo en el mismo lugar.

Fuente: Cintia Vespasiani, www.inforegion.com.ar