Están nucleados en la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (UPPAC). Tiempo atrás realizaron una protesta en la plaza San Martín para pedir aumento salarial y denunciar irregularidades en la fuerza. En un extenso diálogo, René Zabala, ex subinspector y abogado, junto a Claudio Lezcano, ex sub comisario retirado y al Oficial Carlos Mamóndez, explican porqué quieren insertar a la fuerza dentro de un Estado democrático.

Aseveran que puertas adentro gozan de un amplio consenso que no se manifiesta en apoyo concreto debido a la persecución que sufren. Acaban de realizar una denuncia penal por peculado contra los jefes policiales por haber asignado personal para custodiar una obra en construcción propiedad de un magistrado.

“Deberían estar detenidos, salvo el camarista Pérez Barberá que tiene fueros, pero el consejo de la magistratura ya tendría que estar juzgándolo. Si un ciudadano común pide lo mismo la respuesta es no, o pague un adicional”, afirma René Zabala. “Hemos salido a enfrentar una estructura consolidada, a una mafia. Hemos tenido ofrecimientos de plata y casas en countrys, como el que me hizo el legislador Arias. Pero no vendo mi dignidad. Se equivocaron, no estamos en venta ni traicionamos a nuestros compañeros”, agregó.

Ustedes denunciaron en la Plaza San Martín que sus compañeros eran obligados a detener personas para mantener unas estadísticas engañosas. ¿Cómo se explica?

RZ. En primer lugar se trata de un hecho público y notorio: son
detenciones por portación de rostro. Estos casos engrosan las estadísticas y nosotros como sindicato nos oponemos. El problema tiene dos aristas. Por un lado, la participación de un represor policial que continúa en su cargo y que tiene la jerarquía de comisario general: Carlos Pollino, que imponía al personal a su cargo realizar un número de detenciones diarias y al que no cumplía, arresto. Lo hemos denunciado y no entendemos cómo este hombre ha conseguido méritos y ascensos. Esto es conocido en el ámbito interno. Por otro lado, el gremio que represento, que es parte de la sociedad, tiene interés en que eso no suceda más.

Una marcha en defensa de los derechos humanos de niños y adolescentes denunció detenciones arbitrarias por aplicación del Código de Faltas.

RZ. El Art 86 del código de faltas es totalmente inconstitucional. ¿Cómo definir si una persona está en actitud sospechosa? Incluso, si tuvo algún antecedente y está parado frente a una vidriera, no significa que vaya a cometer un delito. El problema de fondo, es que la norma establece que el comisario o un integrante de dirección es quien sanciona en el ámbito capital y en el interior es el subcomisario. Es como pedirle al lobo que cuide al cordero. Quiero recordar que la diferencia entre la doble “A” y el código de faltas es que en este último caso se le crea un antecedente al detenido y estamos hablando de personas de una clase social baja, que no cuenta con dinero para apelar. Entonces, permanece preso cinco o diez días y el comisario a buena voluntad, o mala, decide. Esta es la otra arista por donde ingresa la corrupción.

En la práctica ¿cómo sería?

RZ.. Si alguien está detenido por una contravención y le dan diez días, por dinero se la bajan a cinco.

Las trabajadoras sexuales también se quejan de este tipo de prácticas.

RZ. Es así. Somos de la entraña de la institución y sabemos lo que decimos. No nos sorprende en absoluto que esto pase con quienes trabajan en la prostitución. A esto se dedican algunos jefes que saben que a cambio de la libertad o de dejarlos trabajar en las zonas rojas van a conseguir unos pesos.

¿Qué consecuencias sufren los ciudadanos que se resisten?

RZ. Pasan de lo contravencional al plano judicial. Si una persona dice: “a mi no me llevan porque no estoy haciendo nada”, se le aplica resistencia a la autoridad y pasa al ámbito penal. Y aunque parezca mentira, le conviene porque el delito es excarcelable.

¿Y al policía que se opone a detener?

CL. Tiene una carrera muy corta. Y eso es una contradicción porque en una institución de la democracia se crean represores. Los jóvenes, si toman conciencia pasan a ser rebeldes, y si no se convierten en seres despersonalizados, sin criterio, donde lo único que les interesa es salir de franco. El otro punto de vista es analizar a quién le sirve todo esto. Esa orden de operaciones, va dirigida a justificar la cantidad de móviles y demás elementos adquiridos para relacionarlo con la producción.

RZ. Existen dos tipos de persecuciones: la que sufre la sociedad y la que afecta a nuestro compañero que la realiza. En los últimos tiempos hay un régimen absurdo, que es la figura del contratado. Entonces, sufren una gran presión porque temen que no les renueven el contrato. Hace 25 años que se ganó la democracia con luchas en la calle. Somos parte e hijos de la democracia y no por usar uniforme nos tienen que facturar épocas que no las hemos vivido. Nosotros tenemos otra visión, queremos que la institución policial se inserte en el Estado democrático. Por eso somos sancionados severamente, pasados a retiro, trasladados a lugares alejados desmembrando familias.

¿Qué tipo de solución debería implementarse?

RZ. Hay dos cosas que deben cambiarse. La mentalidad de una parte de la sociedad, que no nos facture lo sucedido en la dictadura porque no hemos estado. Que nos acepten como trabajadores de la seguridad y en el ámbito interno que cambien las leyes. Hace un año les enviamos cartas felicitando a la señora Sonia Torres y al director de DD.HH (Miguel) Baronetto por que lograron que se bajen los cuadros de esos cinco jefes de la dictadura. Fue un acto histórico; ahora bien, esos jefes integraron y formaron la junta legislativa militar que redactó las leyes hoy vigentes. Necesitamos del apoyo de la sociedad, y hemos salido a recolectar firmas para que se cambien las leyes. Ellos fundamentan que es una organización vertical, pero trasladado a otro rubro de trabajo como una fábrica, también hay operarios y jefes. Si tienen que castigarnos que no sea con sanciones militares como el arresto.

¿Qué significa estar arrestado?

CL. Es la privación de la libertad con ejercicio de funciones. Estás suelto, pero no podés disponer de tu tiempo.

¿Tienen derecho a la defensa?

RZ. Se creó un tribunal de conducta policial y penitenciario integrado hasta hace poco con secretarios abogados, nombrados por el poder legislativo provincial, con gruesos antecedentes. Entonces, ¿Se puede aplicar la ética cuando tienen antecedentes y son los que juzgan nuestra conducta? Nos quitaron una de las garantías judiciales que es el derecho a la defensa. Y esto lo sufre la familia en varios puntos. Económicamente, porque no pueden hacer adicionales y está ausente del hogar porque no llevó detenidos. Pero no comen vidrio, le aplican falta de respeto.

Ustedes exigen cambios en las leyes, ¿cómo está la relación de fuerzas?

RZ. Ellos están asustados porque hemos tomado medidas de presión que han desequilibrado los niveles de corrupción y recurren a métodos como enviar a grupos NN para que amenacen a los compañeros y no participen en reclamos. A algunos de ellos los han apuntado con armas delante de su familia. Pero, ¿quien puede estar interesado en esto? O los jefes o el gobierno. A nosotros nos ha costado la carrera, pero seguimos. Nos aplican la ley por no llevar detenidos y hacia arriba no pasa nada. Un día antes de asumir, el jefe de policía, Alejo Paredes recibía órdenes de la plana mayor. Al otro día, esa plana debería haber pasado a retiro. ¿Y qué pasó? Se quedaron todos. A la sociedad le pueden decir que ha bajado el índice delictivo pero a mí que soy parte de la sociedad no me pueden vender eso. El índice delictivo aumentó y se lo puedo demostrar. La oficina de Diagnóstico para la Concentración de Esfuerzos (DIPACOR) es la encargada de dibujar esos índices.

¿Por ejemplo?

RZ. Si de una comisaría reportan 100 hechos, cifra que es considerada alta, se la baja a 60. Ahí se dibuja todo. Pero no quieren debatir con nosotros.

¿Están reconocidos como gremio?

RZ. No, estamos estudiando el fallo de la corte para presentar un recurso ante la autoridad laboral para que nos reconozcan. Pero fijesé la desfachatez del ministro de gobierno Carlos Caserio cuando dijo que la OIT nunca reconoció sindicalización policial alguna, cuando eso no es verdad. Jurídicamente es viable y políticamente no. Como sindicato acabaríamos con la corrupción.

¿Qué opinión tienen de los programas de estudio en las escuelas de policía?

RZ. Si le pregunta a un policía retirado de unos 80 años, diría que no ha cambiado nada. Es precaria y represiva. Tiempo atrás, hemos sacado una estadística y se la suministramos a la prensa y le mostramos legajos de policías de la fuerza con frondosos antecedentes, como robo calificado, amenazas. Obvio, se le facilita el camino del delito. Lo van a desmentir, pero ingresan personas con antecedentes y muchas veces sin pasar un examen intelectual y físico- psicológico. Son compromisos políticos. Es el lugar donde meten gente con facilidad, sin vocación. Diría que el 98 % ha ingresado por una salida laboral a punto tal que el año pasado no se alcanzó el cupo para iniciar el curso y salieron a reclutar gente al interior. Además, bajaron el requisito de secundario completo a ciclo básico.

CL. Cuando estuve en el 2000 en la parte de ingresos, pude ver que los jóvenes ingresan sanos, con intensiones de servir a la sociedad, pero luego de un proceso de adaptación, un chico explicó con una palabra cruel que en la escuela sufrió un proceso de “mogolización”. Si hacemos un estudio, los oficiales que ingresan sufren un proceso de mutación, aislados de su familia, de sus amigos, del sistema de estudio y todo lo concentra en la policía. Sumado a eso el proceso perverso de trabajo, para que haga actividades con una finalidad administrativa y estadística. Así, se destruye a la persona que pasa a ser un número. Entonces, cuanto más bruto sea y cumpla órdenes ciegamente, mejor. Sumado a eso, no tiene una personalidad definida, tiene poder y un arma. Es temerario. Tienen razón los organismos de derechos humanos en pensar que son represores. Lo son, pero no por convicción sino porque el sistema los forma así. Y esa es la imagen que queremos cambiar.

¿Qué los anima a seguir adelante?

CL. Lo hago como militante, detrás de la bandera de los chicos que se dieron cuenta mucho antes que yo de lo que estaba pasando. Tienen las convicciones que uno tuvo cuando ingresó. Pero todo tiene un tiempo de maduración. Algunos piensan qué habrá detrás de esto. No creen que hay ideales, la sospecha está presente. Los traslados, las quitas de servicios adicionales, el estar marcados como rebeldes, conspiran con el apoyo a este movimiento. Pero contamos con el consenso. No somos unos loquitos, como dicen, en un futuro no muy lejano lograremos el apoyo. Hoy pelemos contra un sistema que se cree intocable, inalterable e inmune. Y todos los días estamos luchando contra eso. Haber estado solos en la plaza, es parte de una estrategia. Esto es una burbuja; así como cayeron las bolsas, esperamos el sinceramiento y esto caerá.

RZ. Evidentemente algunos compañeros han sufrido tentaciones y eso nos perjudica porque esas sospechas caen sobre nosotros. Vengo desde hace tiempo en esto, conozco toda la provincia y no estamos solos. La CTA no tiene personería gremial pero tiene un millón de afiliados. Ahora, si ven detrás tuyo a 30 mil tipos, no te pedirán personería.

CM. Me sumé porque lo llevo desde la cuna. Lo que vi en estos cuatro años en la fuerza no me gustó. Los abusos, las detenciones porque sí. Administrativamente me siguen una causa porque no se puede hablar con la prensa sin autorización. Me han trasladado a 300 Km. de mi familia. Entonces, no le podía decir a un jefe porque me trasladó. Vamos a seguir porque muchos comparten el ideal, pero no superan el temor. En la plaza estuvimos pocos porque los demás tuvieron miedo. Sabemos que es duro, pero alguien tiene que dar la cara y demostrar que se puede. Aunque no será de un día para otro.