En su edición del 27 de noviembre Página/12 señaló: "El reclamo de las ONG era transparentar la elección. Ayer ocurrió todo lo contrario. La UCR dio vuelta su posición, apoyó al candidato oficial por un acuerdo entre bambalinas y posibilitó de esa manera la media aprobación al cargo a la aspirante a defensora de presos y carceleros". Es que el reclamo histórico de las organizaciones vinculadas al tema es que la elección del procurador como el control sobre el tratamiento a las personas privadas de libertad fuera transparente.

El 30 de abril de este año, ACTA publicó una investigación científica de la Procuración que demostraba la violación sistemática de los derechos humanos en las cárceles. De hecho se comprobó que 63,4% de los presos sufrieron maltrato físico (Ver http://www.agenciacta.org.ar/article8067.html. Este informe fue avalado por organismos de derechos humanos, el CELS, el Instituto Gino Germani de la UBA y otras entidades especializada en la temática carcelaria. Paradójicamente, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación emitió un comunicado en defensa del Servicio Penitenciario Federal en el que prácticamente negó la tortura en las cárceles. Justamente Martínez proviene de la Comisión de Cárceles que había salido a la palestra a negar el informe.

El 26 de agosto se realizó una audiencia pública en la Bicameral para que los tres candidatos a la procuración Penitenciaria Federal recibieran las críticas pertinentes, pero las impugnaciones presentadas contra la candidata Silvia Martínez por sus polémicas posturas sobre la situación carcelaria en el país fueron descartadas sin ninguna explicación por razones “formales”.

Las organizaciones cuestionantes son la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) La Plata, y Azul, el Instituto Gino Germani de la UBA, la Casa del Liberado de Córdoba, Asociación La Cantora y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). Entre otros tópicos también le cuestionaron a la postulante “su falta de independencia respecto del actual Director del Servicio Penitenciario Federal”, fuerza que, por otra parte, es a la cual deberá controlar, y a la cual elogió cuando destacó los logros de la gestión al frente del SPF de Alejandro Marambio, a quien le atribuyó “profundas reformas”.

En referencia a la sesión del miércoles 26 de noviembre en el Senado, Página/12 relata: "El radicalismo bajó la candidatura de Francisco Mugnolo (actual procurador) y votó a favor de Martínez, que obtuvo así 43 de los 53 votos presentes. La UCR, a su vez, ubicó a Raquel Gass como adjunta (su conocimiento en materia carcelaria es haber sido encargada de protocolo en la Procuración) y se reservó el cargo de adjunto del defensor del Pueblo. Ayer Marino intentó explicar el porqué del abrupto giro de intenciones con un exabrupto bastante sugerente de lo poco que se sabe sobre las cárceles y sus órganos de control: cuando le tocó el turno, dijo que `la UCR bajó su candidatura y votamos al candidato oficial para mantener el orden institucional, porque cuando en su momento propusimos a Mugnolo, el PJ decidió apoyar nuestra propuesta´".

"Nadie recordaba que Mugnolo fue designado por decreto por el entonces presidente Fernando de la Rúa, y fue reelecto en el cargo por una ley y no en una votación", concluye la nota del periodista Horacio Cecchi.