Los epicentros estuvieron en la Capital Federal, Entre Ríos, Córdoba, Rosario, Villa Gobernador Gálvez y la ciudad capital de Santa Fe. Así, la provincia de Santa Fe, gobernada por Carlos Reutemann (actual senador nacional) fue poseedora del triste récord de la mayor cantidad de asesinatos y heridos de gravedad de todo el país, la mayoría de ellos en Rosario.

¿Qué puede explicar lo sucedido en Santa Fe?: Reutemann gobernó Santa Fe en dos períodos. En cargos claves como Hacienda (Economía) y Seguridad eligió para las más altas responsabilidades a ex funcionarios de la dictadura genocida: El contador Mercier, ex Secretario de Hacienda
provincial de la dictadura acompañó en sus dos mandatos a Reutemann, en tanto que la Secretaría de Seguridad fue ocupada en el primer mandato por el Teniente Coronel Riegue (responsable de 40 casos de desaparición forzada de personas por su paso por la Jefatura de la URII-Rosario de la Policía Provincial) y el segundo mandato por el agente civil de inteligencia (cuadro superior de inteligencia de la SIDE, incorporado en marzo de 1976 al organismo) el licenciado Enrique Álvarez.

Este fue parte de un capítulo más de la agonía propuesta por los modelos neoliberales que costaron (y siguen costando) la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, el aumento a niveles vergonzosos de la inequidad social, ampliando la brecha entre los que más y menos tienen a niveles nunca vistas en la historia, la destrucción de la red estatal de contención social, el remate al mejor postor o al más amigo y coimero, de los bienes del Estado, provocando el desguace del mismo, el increíble aumento de la deuda externa ilegítima, la subordinación acrítica al FMI y al Banco Mundial, las políticas seguidas fanáticamente del "Consenso de Washington", la participación en la guerra contra Irak (contradiciendo la política histórica de nuestro país basada en la no intervención), la nula investigación sobre los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA con cientos de muertos y ningún culpable, la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, la explosión nunca explicada en Río Tercero y su secuela de muertos, la ignominia que significó el "indulto" a los genocidas. La pauperización de la salud, la pérdida de derechos laborales, y el robo liso y llano de los bienes de todos los argentinos.

Este proceso parecía tener un fin, cuando De la Rúa, fiel seguidor de las
políticas implementadas por Menem, se escapara en helicóptero de la Casa Rosada, condenando al exilio económico a cientos de miles de argentinos.

En la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario, la destrucción
del aparato productivo fue notorio y de consecuencias fatales. La
desaparición del "cordón industrial" condenó a decenas de
miles de familias al desempleo y a la destrucción de una red social
difícil de reconstruir. Los habitantes en asentamientos precarios o villas
miserias en Rosario van de una cifra de mínima de 150 mil habitantes a
estudios que platean que estos llegan a los 300 mil. En cualquier caso,
los ciudadanos que viven en esta situación ignominiosa, no bajan del 10
por ciento de la población total de la ciudad.

Se entiende la furibunda reacción de las capas populares rosarinas en
2001. No se entiende que a 7 años de los sucesos, sólo dos condenados por los 8 asesinatos en Santa Fe, agentes de bajo rango de la Policía
Provincial y la impunidad de los funcionarios políticos y los altos mandos
policiales.

Hace tres años nuestra CTA Rosario describía el accionar perverso de las
autoridades políticas santafesinas en los hechos de diciembre de 2001. Hoy siguen teniendo una vigencia pasmosa, ya que nada se ha avanzado desde entonces.

El documento de la Central de Trabajadores de la Argentina explicaba:"Diciembre del 2001, durante tres jornadas, la Policía y
personal de Inteligencia provincial y nacional, hicieron a la luz del día
y a cara descubierta lo que todas las noches hacen en las barriadas
populares. En diciembre del 2001 Santa Fe fue la Provincia con mayor
cantidad de víctimas fatales, heridos de gravedad y detenidos de todo el
país. De las 9 víctimas fatales La mayoría Jóvenes, tres de ellas
adolescentes de 15 años, 7 fueron asesinados por la Policía con balas de
plomo. Hubo un Plan Operacional Único, como hubo quienes centralizaban las decisiones que ejecutaban todas las fuerzas de seguridad de la provincia, todas las divisiones, e incluso fuerzas especiales como las TOE. Hubo órdenes y directivas de reprimir con armamento letal y esa decisión la trasmitió el Secretario de Seguridad Pública (el genocida Enrique Álvarez), y fue otro de los responsables de la masacre, el ministro de Gobierno Domínguez, el que denunció públicamente (y así lo relató ante la Comisión Investigadora) que esas órdenes provenían directamente del gobernador Carlos Alberto Reutemann".

En los 7 años transcurridos desde los hechos de diciembre de 2001 la justicia no ha podido siquiera establecer a los responsables políticos de semejante atrocidad.

Pero no se trata sólo de realizar una crónica de los ataques de la clase
política corrupta contra el pueblo. También hay otra historia que debe ser contada. El nacimiento de la Central de Trabajadores Argentinos, luego de la Declaración de Burzaco en 1991; la postura de ATE,
plasmada enormemente en la Cámara de Diputados por nuestro compañero Germán Abdala; el Frente Nacional contra la Pobreza y la Marcha Federal, por mencionar sólo algunos hitos de la resistencia del pueblo trabajador, no pueden dejar de ser consideradas ya que una vez más fueron los trabajadores los que anunciaban la inviabilidad del proceso neoliberal emprendido en Argentina. Los medios preferían los cantos de sirena de quienes auguraban un ingreso inmediato una entelequia denominada "primer mundo".

Una vez más los trabajadores tenían razón y no eran escuchados. Una vez más los cráneos de Harvard robaban cámara y centimetraje en los diarios para convencer a la sociedad que lo que era bueno para ellos, era bueno para nosotros.

A siete años de los sucesos de 2001 seguimos pidiendo justicia que no se basa sólo en la detención y condena a todos los responsables de la masacre de diciembre de 2001, sino que además exigimos un verdadero reparto de la riqueza en nuestro país, ya que las causas que originaron aquellas jornadas de rebeldía popular siguen vigentes y las demandas populares mínimas no han sido resueltas. Como también siguen en sus puestos los jueces y miembros de la Corte de la Suprema Impunidad Santafesina que impidieron e impiden la posibilidad de hacer justicia en nuestra provincia.

Apoyamos y seguiremos apoyando el accionar, la lucha y las demandas de los familiares de las víctimas y de la Comisión Investigadora No Gubernamental de la Masacre de diciembre como todas las iniciativas que se van multiplicando desde abajo y siguen haciendo crecer un grito de justicia y dignidad frente a la impunidad, la complicidad y el olvido que proponen los responsables directos e indirectos de la masacre y el saqueo de nuestro país.

El "repunte" económico ocasionado por los altos precios de los "commodities" no son parte de una verdadera política que busque desterrar el hambre en la Argentina, país en el que siguen muriendo pibes de hambre. Ahora, ante la crisis financiera organizada por quienes siempre se han sentido con derecho a establecer las condiciones de vida de un planeta entero desde un escritorio en Wall Street, los trabajadores volvemos a escuchar una frase que por lo rancia
causa asco. Otra vez nos quieren hacer pagar a los trabajadores la fiesta de unos pocos.

Una vez más decimos que los muertos están más vivos que nunca en nosotros. Una vez más decimos: ¡No pudieron!, ¡viven!.